Secesión a la medida

(“Sur-mesure” es una expresión francesa que significa textualmente “a medida”. Se trata de un producto adaptado a la morfología y a los deseos del cliente).

La estrategia independentista, tal y como la hemos vivido en el proceso catalán, encaja muy bien en la caprichosa confección “a medida”, pues los responsables políticos de la misma han pensado que podían elegir, en función de su agenda política, las normas que respetan y las que transgreden. Pero un Estado de Derecho a la medida es totalmente inaceptable.

Y parece que pretenden volver a repetir esta caprichosa elección, ahora con diversas medidas, que van desde los que no aceptan la aplicación del artículo 155 ni la renuncia a la independencia de Cataluña, hasta los que acatan el artículo y renuncian a la independencia, pasando por los que sólo respetan lo que les viene impuesto en aplicación del precepto constitucional pero pretenden seguir calentando la calle para conseguir la independencia.

En vísperas de las elecciones, las defensas de los candidatos han presentado escritos solicitando la excarcelación y el hecho de que todos los partidos hayan aceptado concurrir no deja de ser una buena noticia, que confirma la fortaleza del 155, porque valida unas elecciones autonómicas convocadas por el presidente del Gobierno de España.

Con el previsible canto de la palinodia, tan lógico y natural en el marco del proceso penal, cabe esperar una excarcelación momentánea de todos los encarcelados, con fianzas distintas en función de cada caso. Es presumible que este movimiento pueda incluso favorecer el viaje de vuelta del fugitivo en jefe y sus acompañantes, con los redimidos haciendo campaña, a excepción de aquellos que han decidido renunciar a las inclemencias de la política.

Esta aparente vuelta a los cauces de la legalidad que podría parecer, en algún caso, un ablandamiento de convicciones arraigadas, no deja de ser un ejercicio táctico imperioso, pero no es nada más que eso, puesto que, a juicio de los pundits, en la lógica soberanista no hay espacio para la autocrítica y “por mucho que lo oculten, piensan seguir”.

Para expresar ante sus seguidores que la ofensiva secesionista continúa y que no hay cambios sustanciales en el discurso, se multiplican las iniciativas que proporcionan munición electoral, como las insinuaciones de la candidata Rovira sobre la amenaza de intervención del ejército en las calles de Cataluña o la denuncia del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, según la cual la responsabilidad de los atentados yihadistas en Cataluña sería del gobierno de Madrid, o la atribución a la administración central y al articulo 155 de la culpa por la pérdida de la sede de la Agencia del Medicamento para Barcelona.

La “princesa vigatana”, con aire de profesora de instituto, dijo de corrido: “el fascismo está presente en las instituciones del país y actúa impunemente”. Y aprovechó para denunciar, sin pruebas, que se había advertido a la Generalitat, si seguía adelante con la declaración de independencia, con un “escenario de violencia extrema y muertos en las calles”. Ya animada, fue un poco más lejos y clamó: “Han estado entrando armas en el cuartel militar de Sant Climent Sescebes”.

El alcalde destronado por los populistas ha presentado, tres meses después del atentado terrorista en Barcelona, una moción en el consistorio catalán, pidiendo responsabilidades políticas por “el escándalo y la incapacidad manifiesta del Gobierno español para evitar los atentados del día 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils”. El pleno, con los votos independentistas, reforzados por los comunes y con la abstención de los socialistas, ha aprobado la moción.

El exconseller de Sanidad, Toni Comin, ha hecho en Bruselas una declaración acusatoria: “El dossier técnico de Barcelona era excelente; por lo tanto, ha sido el Gobierno español quien ‘se ha cargado la candidatura’”.

Lo han hecho sin disimulo, para avivar la estufa del 21 de diciembre. Una, para seguir acumulando méritos, tras haber sido auspiciada por su jefe de filas a la condición de aspirante a presidenta de la Generalitat. El concejal convergente, escocido por informaciones que le sitúan en un enredo familiar en paraísos fiscales, aprovechando una revelación reciente, según la cual el CNI mantuvo contactos con el imam de Ripoll, cerebro del atropello masivo en la capital catalana. Y el fugado conseller ha visto, en el fiasco de la pérdida de la Agencia para Barcelona, la ocasión dorada para reclamar al maestro armero.

De nuevo, la utilización de muertos, víctimas y pérdidas irreparables, ahora en el escaparate fantástico de la campaña electoral: los muertos que se produjeron en el atentado yihadista que se cobró la vida de 13 personas en la Rambla, los que se iban a producir como consecuencia de la aplicación de la DUI o la pérdida de la Agencia para Barcelona.

Con pleno respeto a la libertad de expresión, que nunca ampara la falsedad, sería preciso aclarar si las mentiras podrían llegar a constituir un delito de injurias. Podría darse el caso de que la opinión pública se pregunte por qué la fiscalía no invita a la líder republicana y al concejal para que aporten las pruebas que tengan para validar sus afirmaciones. Porque aclarar la certeza o falsedad de las mismas es algo que importa a todos y las eventuales diligencias del Ministerio Público podrían hacerlo, con el fin de evitar que estas confecciones “a medida” se conviertan en temas estrella de la campaña electoral.

También convendría esclarecer por qué la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha ido a Barcelona, aunque, en este caso, la respuesta parece más sencilla: si la Agencia se va de Londres porque el Reino Unido sale de la Unión Europea ¿en qué cabeza cabe que iba a trasladar la oficina y el personal a la capital de una región donde se acaba de declarar la independencia?

Habrá quien diga que no es el momento para ello, porque supondría darle más aire a las proclamas y desviarse del debate esencial, pero discrepo, porque una aclaración suficiente, conducida con diligencia y transparencia, seria un ejercicio fiscalizador de los comportamientos de unos y otros.

Todo esto tiene que ver con la preocupación manifestada por el filósofo vasco, Javier Gomá, cuando ha dicho que “el prestigio de España necesita del prestigio de Cataluña y si hay algo que España tiene pendiente es afirmarse como Estado fuerte, pues España o supera, con toda la energía que la ley le permite, el desafío catalán, o se convierte en un Estado fragmentado, débil, fallido”.

La independencia es una opción legítima. Pero la legitimidad está reñida con el incumplimiento de la ley y el recurso a dar igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas, con independencia de quién, cómo, cuándo y dónde se expresen; está reñida con el relativismo, con una moral “a la medida”.

Los heraldos de la ruptura ya están diciendo que entierran la vía unilateral, que no ha funcionado y en su programa electoral propondrán la negociación con Madrid y Bruselas, sin renunciar a la secesión.

Los partidos soberanistas aceptan las elecciones convencidos de que las ganarán. Y de paso, culpan al Gobierno de España de todos sus errores. Pero en esta ecuación falta un dato y es el fracaso del proceso, al haber sido anulada la declaración de independencia y quedarnos sin noticias de la república catalana.

Claro que no podían imaginar que los partidos constitucionalistas no iban a esperar a que empiece la campaña, para subir al cuadrilátero y emprenderla a garrotazos goyescos, unos contra otros. Así, cualquiera.

Y entretanto, el “legitim”; que relaciona con desvergüenza -teñida con populismo- el artículo 155 con la pérdida de la agencia, a sabiendas que antes de su aplicación más de 1.000 empresas entre ellas La Caixa y el Sabadell, ya habían trasladado su sede social fuera de Cataluña; ha renunciado al sueldo que le correspondería como expresidente catalán (porque considera que aún es el presidente de Cataluña); ha citado al “legítimo” para un encuentro en la capital de Europa, mientras su abogado en España sostiene que su cliente no siguió adelante con las proclamaciones previstas para no provocar “una masacre”. Como verán, seguimos con Berlanga.

No vale todo, no es aceptable distinguir las leyes que se aceptan y las que no, no es razonable hacer apostasía de creencias, que siguen vivas, para driblar condenas, no se pueden hacer acusaciones falsas para ganar votos.

Luis Sánchez-Merlo es jurista y economista.

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