Secesionismo y policía

Los estrategas del independentismo saben que no existe ningún Estado sin policía. Que una declaración de independencia sin contar con un cuerpo de policía propio no pasaría de ser una ficción política que se esfumaría en gestos y palabras. Por eso la creación de policías autonómicas fue uno de sus grandes logros en el largo camino hacia la independencia. El otro era el adoctrinamiento de la juventud, según aconseja Fichte (el filósofo de referencia de todo buen nacionalista) en sus Discursos a la nación alemana. Necesitaban una policía propia e independiente para diseñar la estructura básica para la creación del nuevo Estado y la Constitución abrió esa posibilidad quizás porque las demás fuerzas políticas pensaban que el policial era un tema menor. Craso error.

Con la presencia de los nuevos cuerpos de policía formando parte de la imagen social de cada día en ciudades y pueblos, el ciudadano vasco y catalán empezaba a recibir un mensaje muy explícito: que su seguridad ya no era cosa del Estado sino de sus Gobiernos comunitarios. Inicialmente se trataba de hacer visibles los nuevos uniformes e invisibles a la Guardia Civil y Policía Nacional que se retiraban a sus cuarteles de invierno; luego, más adelante, ya vendría otro tipo de ocupación; la de las competencias en materia de seguridad como se lee en la exposición de motivos de la Ley de la Policía de la Generalitat: “El perfeccionamiento que la presente ley supondrá no puede ser considerado el último y definitivo paso”. Aparecieron así dos nuevos cuerpos de policía (que se autocalifican en sus respectivas leyes como policía integral), independientes, fuera del control del Gobierno de la nación y competentes en prácticamente todo el campo de la seguridad, dando lugar a un modelo y un mapa policial insólito en el mundo; un modelo que ningún país va a sentir nunca la tentación de copiarnos. (La excepción es EE UU, que lleva años tratando de paliar los inconvenientes de su sistema con la creación de múltiples agencias federales hasta desembocar en la creación del Ministerio del Interior, el DHS).

secesionismo-y-policiaPero ¿existía una demanda social?, ¿se hizo para lograr una mayor eficacia? Cuatro años como jefe superior de Policía de Cataluña y ocho como subdirector general operativo en la Dirección General de la Policía me autorizan a afirmar que en ningún otro territorio de España tanto la Guardia Civil como la Policía cuentan con un apoyo y un reconocimiento tan expreso como en Cataluña. ¿Cómo se pretendía intentar sustituir en Cataluña a la Policía Nacional que dos años antes había firmado y ejecutado el mejor proyecto de seguridad de todos los Juegos Olímpicos de la historia, según reconocería el propio COI? Me permito recordar que la edición de La Vanguardia del 11 de agosto publicó una encuesta cuyo titular, en la portada del periódico, afirmaba que “los catalanes dan a la seguridad la nota más alta” y un editorial que titulaba “una impecable seguridad”… En el País Vasco no se daba esa integración social porque eran años en los que la opinión pública estaba contaminada por un discurso de apoyo a los terroristas y a los grupos radicales, pero es necesario recordar que durante muchos años los únicos combatientes contra los terroristas, los únicos que impedían que los terroristas se apoderaran de la sociedad vasca, fueron la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Alguien duda de que el camino que los terroristas trazaron para conseguir desestabilizar al Estado pasaba precisamente por provocar la rebelión entre los cuerpos de seguridad y de que fueron ellos precisamente los que aguantaron estoicamente aquella soledad y aquella incomprensión como servidores del Estado? No había pues ninguna razón moral ni técnica para apartar y menos aún para sustituir a estos cuerpos de tan alta profesionalidad. Pero se crearon. Pero si esta situación es contraria a cualquier elemental idea de lo que es la seguridad pública, el panorama podría llegar al esperpento si cada una de las comunidades autónomas incluyera en sus estatutos (la CE lo permite) la creación de un cuerpo policial propio. Con ese panorama ¿qué quedaría del Estado, del poder del Estado? Hannah Arendt (Sobre la violencia), al hablar de la existencia y equilibrio de la pluralidad de poderes (se está refiriendo a Estados Unidos), dice que esa pluralidad hace que “el poder pierda su garra y se torne ineficaz”. Pero si ese equilibrio y pluralidad de poderes lo es en el ámbito de la seguridad pública la ineficacia del poder es aún más grave porque estamos hablando de la función esencial del Estado; aquella a la que Spinoza califica en su Tratado Político como “la virtud del Estado: la seguridad”; la función que ningún Estado puede transferir. Los Estados confían su seguridad exterior a las Fuerzas Armadas y su seguridad interior a los Cuerpos de Seguridad, y si intransferibles son las competencias en seguridad exterior, lo son igualmente las que se refieren a la seguridad interior del Estado. La Constitución apunta en ese sentido cuando afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (adviértase que solo dice Seguridad, no Seguridad del Estado) dependen del Gobierno (artículo 104) y cuando se atribuye como competencia exclusiva la de la seguridad pública (artículo 149).

El Gobierno de Cataluña ha llegado, al parecer, en su camino hacia la declaración de independencia a un punto de no retorno. La situación se ha contemplado y analizado desde muchos puntos de vista, pero creo que no se ha tratado desde una perspectiva policial. Ya sea la opción independentista espontánea o inducida, sea histórica o de última hora, masiva o de clanes para su propia supervivencia, en todo caso para la Policía, para cualquier policía, es ilegal. Por deformación profesional, no puedo evitar preguntarme qué órdenes dará el Consejero de Gobernación a la Policía de la Generalitat ante los inevitables actos ilegales que se producirán en ese proceso.

¿Prevalecerá el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución o tratará de imponer el criterio político? ¿Se ordenará a los Mossos d’Esquadra que actúen en defensa del Estado o se les recordará que como Policía de la Generalitat son parte “decisiva en el proceso de reconstrucción de la identidad nacional de Cataluña” y una “policía enraizada en la cultura del pueblo del que nace, al que pertenece y al que sirve”, según se lee en la exposición de motivos de la Ley de la Policía de la Generalitat, para que actúen a las órdenes del Gobierno catalán? Me temo que el conflicto no es pura elucubración.

Agustín Linares Molina fue subdirector general operativo de la DGP entre 1987 y 1994.

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