Secreto, seguridad y vida privada

El pasado 6 de junio, Edward Snowden revelaba en las páginas de The Guardian y de The Washington Post la existencia del programa Prism, utilizado por la NSA, un programa destinado a la vigilancia de los ordenadores y las telecomunicaciones a escala mundial. Debilitado por estas revelaciones, el presidente Obama se ha justificado hablando de un “equilibrio entre la necesidad de asegurar que los estadounidenses se sientan seguros y nuestras inquietudes por la protección de la vida privada (…). Hay compromisos que son necesarios”.

Esta línea de defensa hace del escándalo una pieza suplementaria en el ya pesado dossier del contencioso que parece, a primera vista, simplemente oponer seguridad y vida privada. La Administración norteamericana propondría pues un “equilibrio” o un “compromiso”; por una parte, la lucha contra el terrorismo y, por otra parte, la vida personal. Tal propuesta, en principio, demuestra una desconfianza total hacia los ciudadanos de otros países que no sean EE.UU. La protección de la “vida privada”, en efecto, sólo afecta a los norteamericanos mientras que las escuchas telefónicas, el pirateo de ordenadores y el espionaje en internet afectan también a Europa y probablemente a otros países que son vigilados sin la contrapartida proclamada de la menor seguridad complementaria. La hegemonía estadounidense se entiende como algo normal, natural. El equilibrio expresado por Obama sólo funciona para EE.UU. mientras que el escándalo es global, mundial.

El presidente Obama no esboza la menor reflexión sobre la complejidad del cara a cara seguridad-vida privada. Sin embargo, el caso Snowden, que sucede al provocado por Wikileaks desvelando en noviembre del 2009 el contenido de un gran número de telegramas salidos de la diplomacia norteamericana, pone en entredicho la transparencia y el secreto en dos aspectos y no en uno sólo. Por un lado, hace aparecer la incapacidad de un poder del Estado, en este caso el norteamericano, para funcionar de modo secreto, como si el secreto de Estado fuera hoy también mantenible por mucho tiempo en las democracias.

Edward Snowden no estaba en el corazón del sistema, era un consultor, sin grado superior, cuyas orientaciones ideológicas, libertarias, podrían haber sido conocidas fácilmente por sus empleadores. Las revelaciones que ha podido hacer sugieren carencias en la forma en que la NSA asegura su propia seguridad electrónica. EE.UU. vigila al mundo entero pero esta vigilancia no resiste la intrusión y la divulgación.

Este caso lleva también a examinar el modelo de Estado que ilustra. Este modelo no corresponde a un régimen totalitario deseoso de controlar hasta las conciencias individuales y que no haría muy lejana la comparación con 1984 de George Orwell –un libro publicado en 1949 cuyas ventas se han vuelto a disparar con este caso–. Se trata más bien de ver, escrutando en Google, Facebook, etcétera, cómo se forman las ideas, incluso al nivel de la persona que envía correos, SMS, imágenes que son analizadas en su eventual evolución. Más allá de un hipotético conocimiento de atentados terroristas en preparación, el poder no pretende imponer a las conciencias su visión del mundo, sino saber al instante cómo piensan los individuos.

A Estados Unidos le gusta presentarse como una democracia y al servicio de la democracia en el mundo. Pero aquí han recurrido a medios no democráticos para, según ellos, preservar la democracia, defenderla, protegerla. ¿Es eficaz usar un método que es todo lo contrario de los fines proclamados? ¿Es moralmente aceptable? A las dos preguntas hay que responder de manera negativa. La existencia del programa que hoy escandaliza viene de la administración Bush y es indisociable de la guerra contra el terror y de la Patriot Act. Y por ello es perjudicial para la imagen del presidente Obama que no haya sabido acabar con estas prácticas de mentiras y de inmoralidad –¿la guerra de Iraq no se puso en marcha en base a declaraciones mentirosas?– y además ineficaces, ya que, por ejemplo, no han impedido el doble atentado de Boston del pasado 25 de abril.

Este caso sugiere también que un nuevo complejo viene a completar al ya clásico complejo militar industrial y quizá en parte va a sucederle. Aquí, la Administración está en contacto no con las empresas del sector de armamento, en sentido amplio, sino con operadores como Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, etcétera. Se ha conectado con el mundo económico de lo numérico, de internet, de la oferta de las redes sociales. Este universo está en contacto con la sociedad civil, la anima, está en su corazón, como demuestran los trabajos de Manuel Castells. El nuevo modelo testimonia un esfuerzo del Estado por mantener su poder y su capacidad de acción articulándose al saber y a los recursos que vienen en gran parte de la sociedad civil. Y una característica de esta novedad liga con las de las industrias del complejo clásico, inscritas todas en el marco del Estado nación norteamericano del que dependen por completo; por el contrario, los operadores de internet y de las redes sociales funcionan a escala global, su espacio no es nacional sino supranacional.

Fijémonos ahora en la “vida privada” de estos ciudadanos que descubren por la prensa que todos están vigilados. Hay un razonamiento a corta escala que es contentarse con citar el control que se ejerce a través de los teléfonos móviles, las tarjetas de crédito o las tecnologías biométricas y otras de reconocimiento o localización. La “vida privada” no es un espacio definido de una vez por todas y que estaría más o menos amenazado por estos instrumentos del poder. Es una realidad cambiante cuyas transformaciones contribuyen a hacer más fácil la observación y la vigilancia.

Así, las redes sociales se han convertido en unos años en universos de relativo fácil acceso en los que se cuenta la “vida privada”, hasta entonces enmarcada esencialmente sólo en los territorios de las relaciones interpersonales. Incluso secretos conservados en la “vida privada”, desde hace unos cuarenta años han entrado en la esfera pública. Es así especialmente en formas de violencia contenidas hasta ayer en el seno de la familia, de la escuela, de las iglesias, de las instituciones, etcétera, y que ahora son reconocidas públicamente, tratadas en los medios, investigadas por la justicia. Los autores de violencia ejercida contra las mujeres, los niños, los ancianos, los disminuidos, ya no pueden beneficiarse de aquella vista cerrada que les protegía. Lo “personal” ya se ha vuelto muy a menudo político o público.

Aún más, con los progresos de la genética, los aspectos eventualmente secretos de la filiación están en entredicho. Por ejemplo, se puede distinguir al padre biológico del padre jurídico, y los debates que se organizan sobre la adopción o la procreación médicamente asistida demuestran cambios en nuestras concepciones de la oposición privado/público.

Por último, la posibilidad de disponer del Big Data, bancos de datos gigantescos, no concierne sólo al Estado y a la seguridad militar o al contraterrorismo sino también a innumerables dominios de la vida colectiva: seguros, sanidad, comportamientos de compras, etcétera. Con una paradoja, que es que estos big data permiten no tanto proponer medios o leyes estadísticas, sino conocimientos relativos a los individuos, uno por uno. Se puede calcular, por ejemplo, la probabilidad de que una persona tenga o transmita una enfermedad genética, o de que compre un vehículo dentro de seis meses, etcétera.

Todo esto, que sin duda merecería mayores explicaciones, indica que, a partir del escándalo suscitado por Edward Snowden y sus revelaciones, la reflexión debe ir más allá de las justificaciones ideológicas propuestas por el presidente de EE.UU. en las que promete conciliar los derechos fundamentales de sus conciudadanos con su seguridad.

Michel Wieviorka, sociólogo, profesor de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París

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