Secuestro del ‘Alakrana’ y una ‘garzonada’ más

En el problema de las pesquerías en aguas del Índico se mezclan intereses económicos y políticos de gran alcance. El secuestro del Alakrana el pasado 2 de octubre es una muestra más del incremento de la piratería indiscriminada en las aguas adyacentes al territorio de Somalia. Y los mandos militares del Operativo Atalanta de la UE coinciden al decir que sólo el empleo de la fuerza no es la solución al grave conflicto existente.

La piratería y el secuestro de barcos han existido siempre, pero en los últimos años se han recrudecido en las aguas próximas a Somalia, como una práctica mejor organizada de la que se viene haciendo desde hace tiempo en los estrechos de Filipinas, Indonesia y Malasia. Se calcula que los piratas del Cuerno de África son unos 1.300 individuos, divididos en cuatro o cinco grupos compuestos por somalíes, etíopes y yemeníes, que se reparten los más de 1.500 kilómetros de costa somalí. Hay un grupo de Putlandia, al norte, cerca del estrecho de Bab-el-Mandel; otro de Marka, que opera en el centro de Somalia; y un tercero, llamado de los Marines, que opera cerca de la capital, Mogadiscio, organizado con una estructura militar, que se dedica preferentemente al secuestro de grandes barcos de pesca -como los atuneros españoles Playa de Bakio y el Alakrana-. Todos ellos están estrechamente relacionados con los señores de la guerra que controlan gran parte del territorio.

Somalia es un país a la deriva, sin un Gobierno que imponga su autoridad, donde casi ningún Estado europeo tiene embajada. Hace 10 años, EEUU desembarcó con sus tropas en las playas de Mogadiscio para tratar de poner orden; pero, al sufrir las primeras bajas de marines, reembarcaron porque vieron que allí no tenían nada que hacer. Somalia se convirtió en un territorio feudal, donde nadie ejerce la soberanía ni en tierra, ni en el mar territorial, ni mucho menos en las 200 millas de zona económica exclusiva, donde según la III Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, «el Estado ribereño tiene plena soberanía en cuanto a la pesca y otras actividades económicas, como las prospecciones petrolíferas».

También es responsabilidad del estado ribereño determinar el número de capturas de cada especie de pesca en esa zona económica de 200 millas, y en las aguas adyacentes, cuando la sobreexplotación ponga en peligro las especies, de acuerdo con el artículo 61 de la Convención. Naturalmente, Somalia no tiene capacidad de actuar en este sentido, lo mismo que les ocurre a muchos estados de África.

Puede afirmarse que, a partir de 1945, la pesca ha sido un factor predominante en la evolución progresiva del Derecho del Mar. Ello ha sido debido a la inquietud de los estados menos desarrollados al ver la voracidad de las flotas pesqueras de las grandes potencias occidentales y de Japón, en cuyos países el consumo de pescado ha alcanzado unos niveles alarmantes para la preservación de muchas especies marinas. Cada año se capturan unas 800.000 toneladas en la zona del Índico, de las que la cuarta parte corresponde a atuneros españoles, siendo España el segundo productor mundial de conservas de atún, después de Tailandia.

La industria y la comercialización de los productos del mar reportan unos ingentes beneficios para los países industrializados. Agotados para España los caladeros en Zahara de los Atunes y en el Cantábrico, la franja de mar desde el Cuerno de África y el Golfo de Adén, hasta el mar de la República de las Seychelles, era el lugar ideal para que la numerosa flota española faenase, con la ventaja añadida de la nula vigilancia costera de Somalia. Hay que considerar que la flota española es la segunda en la zona, y captura el atún rojo y otras especies. Los barcos son capaces de almacenar en sus bodegas 2000 toneladas de atún. Son barcos de 100 metros de eslora y más. El valor de la pesca, comercializada para el consumo y para la industria conservera española se calcula en 600 millones de euros.

Fue a mitad del siglo XX cuando el interés económico de las riquezas pesqueras impuso claras limitaciones a la libertad de los mares y a la pesca en alta mar. Noruega, país de tradición pesquera, ganó un famoso pleito a Inglaterra al poder avanzar en el Mar del Norte su franja de mar territorial. Así pues, hoy en día existe libertad de pesca con limitaciones y libertad de tránsito. Las grandes potencias han luchado por mantener la libertad de los mares y el derecho pacífico de navegación. Pero, según un informe del Gobierno británico, desde hace 15 años se ha venido practicando la pesca de manera ilegal, no sólo en Somalia, sino también en Liberia y Guinea Conakry, en el Atlántico Oeste. Ello obligó al ministro Moratinos a afirmar de inmediato que el atunero español Alakrana pescaba en aguas internacionales.

España y Francia impulsaron en la Unión Europea el Operativo Atalanta, al que se han unido los principales estados europeos. Sólo la permanencia española -con dos fragatas, siete helicópteros, un avión de vigilancia y 300 militares- tiene un coste de 75 millones de euros. Es cierto que el número de secuestros de barcos ha disminuido en más de la mitad, pero todo este dispositivo naval tiene que controlar una zona que es de un tamaño tres veces el Mediterráneo, y por donde navegan más de 30.000 barcos cada año. El mar es muy grande y no se ha podido evitar el secuestro del atunero español.

Para asegurar la continuidad de la pesca en el Índico se han hecho varias propuestas. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha pedido poco menos que los barcos se fortifiquen con vallas altas a babor y estribor, sirenas de alta intensidad y mangueras de agua a presión, para rechazar a los piratas, que van provistos de granadas y fusiles de asalto. Sería como convertir el pesquero en un castillo feudal, que de nada serviría frente a las armas automáticas de los asaltantes. Otra opción más avanzada es la de embarcar en los pesqueros infantería de marina. Ya lo hacen Francia y Bélgica. O bien mercenarios armados, como ocurre con barcos de armadores españoles, registrados con bandera de la República de Seychelles, y que se rigen por la Ley del Pabellón, como claramente previene el artículo 91.1 de la III Convención del Derecho del Mar.

El negocio de los mercenarios está en auge, como ya se ha puesto de manifiesto en Irak, con la compañía Blackwater, que tiene un suculento contrato con el Pentágono. La compañía británica Minimal Risk, por unos 60.000 euros el mes, embarcará cuatro mercenarios con fusiles de asalto y ametralladoras en cada uno de los atunero españoles que los han contratado en las islas Seychelles. La Ley de Seguridad Privada Española prohíbe esta práctica y el armamento que se precisa. El Gobierno español se niega a que embarquen infantes de Marina, pero permitirá finalmente que embarquen mercenarios con armamento apropiado, pero pagados por los armadores. Es un principio de privatización de las Fuerzas Armadas. Estas medidas de seguridad ciertamente podrán disminuir por un tiempo el número de secuestros, pero no son la solución al problema.

El 2 de octubre se produce, como decíamos, el secuestro del atunero Alakrana. Una vez más, el juez Garzón, en ausencia de su compañero del Juzgado de Instrucción nº 1, se hizo cargo del caso, y en un auto del 5 de octubre decretó la prisión provisional para los dos supuestos piratas apresados por la fragata española Canarias, ordenando su trasladado urgente a la Audiencia Nacional. Ayer fue dejado en libertad uno de ellos, después de que los forenses determinaran que puede ser menor de edad. Garzón invocó el artículo 105 de la III Convención de Naciones Unidas (1982), que prevalece sobre la Convención de Ginebra sobre Alta Mar (1958), que también citaba. Pero el juez no mencionó el Convenio de 10 de marzo de 1988 (BOE de 24 de abril de 1992), que es lo más específico sobre piratería marítima.

Las imprecisiones del auto de Garzón son importantes. En el número primero se refiere al secuestro y apresamiento, sin especificar a qué distancia de la costa se produce el secuestro. Dice simplemente «en aguas internacionales del Océano Índico». No se sabe todavía si estaba a 800 millas o a 300, ni en qué coordenadas, o más o menos cerca de la costa. Los piratas no tuvieron dificultad en llevar el barco al fondeadero de Haradere, donde tienen su refugio, lo que indica que no estaba muy lejos de la costa. En el número segundo del auto tampoco se especifica el punto, las coordenadas o la distancia en millas en que fueron capturados los dos supuestos piratas por la fragata Canarias, que persiguió al Alakrana durante 24 horas, y que lo alcanzó ya próximo a la costa somalí. Si hubiesen entrado en el mar territorial de Somalia, en principio sería la jurisdicción de este país la competente, y se tendría que pedir la extradición. En el número tercero del auto, al decir que lo que se pretende es asegurar el objeto de la causa, pensamos que es un error de hecho y de Derecho.

España es el primer país que lleva a su jurisdicción a unos piratas somalíes, hecho que, como vemos, sólo está complicando y encareciendo la liberación de los pescadores secuestrados. La piratería no está regulada en el Código Penal español, por ello Garzón no se refería en su auto a este delito. ¿Por qué no ordenó el Gobierno español entregar a los piratas apresados inmediatamente a Kenia, país con el que existe un convenio para estos casos con la Unión Europea? El juez Garzón no quería perder su protagonismo en el caso, aunque su instrucción haga agua por todas partes y no conduzca a nada positivo.

Para erradicar la piratería y los secuestros en el Océano Índico se requiere un acuerdo regional a gran escala, en el que intervengan la UE y los estados de la región. Y se hace necesario ayudar a Somalia a que tenga un Gobierno estable. En mucha mayor medida se está haciendo en Afganistán. Pero, asimismo, hay que entender también lo que subyace en el extenso articulado de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar: un llamamiento reiterado a los países industrializados de que las riquezas del mar, entre ellas la pesca, no son ilimitadas, y que son patrimonio común de la Humanidad. Todos los pueblos, y en mayor medida los menos desarrollados, tienen derecho a participar de esas riquezas. Ése sería el camino para terminar con los indeseables secuestros, y no sólo el de las armas o el rocambolesco juicio de Garzón a dos jóvenes piratas, que no saben ni dónde se encuentran.

Manuel Trigo Chacón, doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro Derecho Internacional Marítimo, Ed. UNED.