Segregación sanitaria

Imaginemos un microcosmos social, pongamos por ejemplo una empresa. Una compañera de trabajo tiene síntomas de lo que parece una gripe. Lleva menos de seis meses en la empresa con un contrato temporal y, por ello, no se beneficia del servicio médico de empresa en las mismas condiciones que el resto de la plantilla. Como no puede recibir atención porque no lleva suficiente tiempo en la empresa, al cabo de los días cinco compañeros y compañeras de su departamento contraen la gripe.

Cualquier persona, sin ser especialista en salud, podría llegar a la conclusión de que esta segregación, además de ser injusta, carece de sentido desde el punto de vista de la prevención y la salud. Apartar a un colectivo de las medidas de prevención y de tratamiento es perjudicial para toda la plantilla (o sociedad).

Si esto es tan fácil de entender en el microsistema de una empresa ahora pongámonos a pensar en el conjunto de una sociedad. Este dogma de salud pública es obviado por el Ministerio de Sanidad que plantea eliminar el acceso a la sanidad pública a personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

El argumento de frenar el turismo sanitario, una leyenda tan citada como desacertada, esgrimido por la ministra de Sanidad es erróneo y falso. Las personas inmigrantes no vienen a España para aprovecharse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria y, desde luego, no son turistas. Según el segundo informe del Observatorio europeo elaborado por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en once países europeos en 2009, sólo el 6% de los encuestados citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar. Ese porcentaje disminuía al 4% en el caso de las personas inmigrantes entrevistadas que residían en España.

Lo cierto es que obstaculizar el acceso a la salud de las personas inmigrantes perjudica a los propósitos generales de la salud pública. El acceso a la atención primaria y a los programas de prevención reduce la morbilidad y, para ciertas patologías, la prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes y tienen menor coste que los tratamientos curativos.

Otro de los argumentos que se esgrimen para restringir el acceso a las personas inmigrantes sin permiso de residencia es el coste económico que genera al sistema de salud. Sin embargo, lo cierto es que limitar el acceso exclusivamente a los servicios de urgencia (más caros que las consultas de médico de familia sin lugar a dudas) puede llevar a un agravamiento o cronificación de la enfermedad a causa de un diagnóstico o tratamiento tardío. La hospitalización consecuente será, naturalmente, mucho más costosa para el sistema de la misma forma que se encarecerá el tratamiento de patologías transmisibles que podrían haber sido atajadas con una atención primaria adecuada.

El tercero de los motivos que se esgrimen para recortar el acceso de las personas inmigrantes sin permiso de residencia es que éstas sobrecargan el sistema sanitario. En realidad, las evidencias sostienen todo lo contrario; este colectivo utiliza menos los servicios sanitarios que la población española. Así, lo concluyen estudios como el de la Sociedad española de Medicina Familiar y Comunitaria que afirmaba en 2008 que los inmigrantes, representando el 10% de la población residente sólo suponían el 5% de los pacientes de atención primaria; o el elaborado por la Fundación de Ciencias de la Salud el mismo año que certificaba que las personas inmigrantes acudían con menor frecuencia a la consulta del médico especialista y solicitaban menos pruebas preventivas, como la mamografía o la citología.

La igualdad en el acceso a la prevención y a la atención médica para todas las personas no es sólo una cuestión de efectividad de la salud pública, es un acto de justicia. Las políticas de salud no deben estar sometidas a las políticas en materia de inmigración porque pierden su efectividad desde el punto de vista sanitario, son injustas, vulneran los derechos de la población inmigrante y, desde luego, no son más económicas.

La segregación que se plantea ahora resulta médicamente irresponsable y es contraria a la deontología médica. La propia Asamblea Médica Mundial recuerda que toda persona “tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica adecuada” y recalca el hecho de que “las personas u organismos que proporcionan atención médica, tienen la responsabilidad conjunta de reconocer y respetar estos derechos”.

La reforma presentada en el pasado Consejo de Ministros es injusta, irrelevante en términos ahorro y medicamente irresponsable.

En 2011, Médicos del Mundo atendió a más de 6.000 inmigrantes que encontraban diversas barreras de acceso a los servicios sanitarios ¿Qué cifra alcanzaremos si el Ministerio de Sanidad interpone este muro insalvable para la vida de miles de personas?

Álvaro González es presidente de Médicos del Mundo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *