La propuesta del PP para mejorar la seguridad ciudadana, presentada para las próximas elecciones, es seguidismo del irracionalismo punitivo internacional. Son cuatro páginas que solo hablan de aumentar las penas e incrementar la represión. Es alarmante que un documento tan falto de rigor haya sido fruto, además, de quienes, hasta hace una legislatura, tenían responsabilidades de gobierno.
Para saber si hay que crear nuevos delitos y/o aumentar las penas, hace falta saber si la delincuencia está siendo razonablemente contenida o aumenta de forma que haya que recurrir a medidas aún más duras que las actuales. Pues bien, el pacto electoral que ofrece el PP no incluye ni una sola cifra. Por lo tanto, si se pretende ampliar el catálogo de conductas a sancionar y, al mismo tiempo, incrementar las penas ya existentes, solo caben dos conclusiones: o bien los redactores del programa saben algo que no sabemos --y que no debemos saber-- o no saben nada y se guían por el recurso de asustar a los electores, por el simple y, acaso, eficaz método de decir que viene el lobo.
Las estadísticas criminales, aun con la reserva con que han de ser tomadas, como han puesto de relieve Donohue y Wolfers, de algo sirven. En España, muy especialmente, las de la Fiscalía General del Estado apuntan ligerísimos aumentos, casi vegetativos, de la delincuencia. En cuanto a la delincuencia juvenil y de menores, crece algo más la de la franja 15/17 años y apenas tiene aumento la de menores de 15 años. Más allá de la opinión interesadamente publicada, España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo y en Europa está a la cabeza de la tranquilidad.
Cierto que, en ocasiones, saltan a las portadas de los medios crímenes en los que se ven involucrados sujetos por algún motivo relevantes (Tous, José Luis Moreno, famoseo machista, etcétera), pero no se trata más que de noticias y no de hechos cuantificables ni menos aún generadores de una respuesta penal brutal, al estilo de las buenas costumbres que también propugnan los impulsores de este programa.
Una ola de palo duro y tentetieso recorre Europa: los ingleses, pese a ser una de las patrias señeras de la libertad, demuestran que lo andado con esfuerzo puede desandarse en un pispás; los franceses, ensimismados en su propia perplejidad, no pueden presentarse hoy como un modelo de política criminal sensata; más tranquilos, alemanes e italianos siguen con sus pautas de siempre en lo que se refiere al menos a la delincuencia, llamemos, tradicional.
Si esto es así, si la delincuencia no aumenta, o incluso disminuye, aquí y fuera, ¿a qué viene tanta alarma, pues alarma es lo que genera la demanda de mano dura urbi et orbe? En mi opinión, varias son las causas, pero todas están relacionadas con la inmigración, origen de todos los males para los que no entienden al diferente, salvo que hable el idioma del dinero. En primer lugar, de entrada nunca se distingue entre inmigración legal e ilegal; cuando se matiza, el mal, que era lo que se pretendía, ya está hecho. Es verdad que, proporcionalmente, los delincuentes extranjeros son más numerosos que los indígenas, pero son infinitamente menos si el referente es la población foránea regular, y, aun así, como han revelado recientes estudios, habría que matizar estos gruesos trazos. Pero como los que sustraen móviles, dicen, son niñas rumanas, bajemos la edad penal a 12 años; que el Reino Unido haya recibido por ello un varapalo del Tribunal de Estrasburgo no cuenta. Como los que asaltan casas son delincuentes del Este, prosigue el agorero, incrementemos la pena; que ahora puedan recibir entre tres y ocho años de prisión es irrelevante, y ello sin contar la cárcel por los delitos sobre las personas. Tampoco se tiene en cuenta que los, según relatan, latinoamericanos que practican el muy esporádico secuestro exprés pueden ser penados con penas de hasta 15 años.
Otra causa de idéntico origen es que la inmigración, ahora ya de cuño musulmán, importa terrorismo yihadista. También esta barbaridad se matiza, tarde, por más que sea obvio que la inmensa mayoría de nuestros convecinos musulmanes, crean en lo que crean y practiquen lo que practiquen, viven absolutamente al margen del delito y más aún del terrorismo. Pero el mal ya está hecho. En suma, se ha importado a esta parte del paraíso una violencia desconocida entre nosotros, que tenemos una acrisolada tradición de pacifismo franciscano. En este contexto, los naturales de la tierra parece que nunca han roto un plato.
Pese a que el documento popular no hace referencia al terrorismo (ni a las drogas, ni a la delincuencia urbanística, ni a la corrupción...) más que en muy limitada medida, por sus expresiones y sus carencias, no cabe albergar ninguna duda sobre quiénes son los destinatarios de las nuevas medidas.
Para acabar, la propuesta no solo no hace referencia a una realidad que justifique hablar de un aumento represivo; más grave aún, tampoco dice nada sobre cómo serían los nuevos delitos propuestos ni de qué penas piensan valerse los populares de llegar al gobierno. Si piensan importar algo, que se inspiren en mejores modelos que el del consabido zurriagazo.
Joan-Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB.