EL año que viene se cumplirán cuarenta años de las primeras elecciones de la Transición y diez desde el inicio de la crisis financiera internacional. Una crisis que no solo ha tenido efectos económicos, pero que por su intensidad y duración tiene unas ramificaciones sociales, políticas e incluso internacionales como hemos visto en el Reino Unido. En 2008, con la producción en caída libre, despidos generalizados, prima de riesgo disparada e incremento del déficit, la crisis provocó en parte de la ciudadanía un efecto igual al de una bajamar en la que fuéramos viendo nuestras vergüenzas abandonadas antes tapadas por la pleamar. En 2011 en el centro de Madrid grupos de jóvenes creaban un movimiento que se llamó 15-M que reivindicaba entre otras cosas una recuperación de «los principios fundadores de la lucha por la democracia».
Este grupo, reunido en el gran teatro de la Puerta del Sol, mezclaba un verdadero anhelo regenerador –reivindicaba una mayor calidad democrática, ausencia de corrupción y una mayor participación de los jóvenes en los partidos, así como una menor influencia de estos en las instituciones– con otro negacionista de los logros de nuestro régimen constitucional, dando a entender que en España ni ha habido transición ni hay una verdadera democracia, abonando el concepto de la necesidad de una segunda transición, como deslegitimadora de la primera al grito de «no nos representan», «abajo el régimen» o, en palabras del profesor Juliá, «el tocomocho de la Transición que crea una falacia retrospectiva proyectando al pasado la semilla del mal».
Nuestra primera transición vino de la mano de la Gloriosa en 1868, y supuso a grandes rasgos la expulsión de Isabel II, la ampliación del sufragio masculino, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, el Sistema Métrico Decimal o la reforma del Código Penal. La segunda llegó con la caída de Alfonso XIII y supo abordar con valentía reformas necesarias en el ámbito territorial (no se olviden del rechazo de Azaña a las «autonomías de estufa»), el Ejército y la agricultura. Desgraciadamente, en ninguna de ellas hubo consenso en la forma de Estado ni se pudo garantizar el orden público. Tampoco tuvieron el liderazgo de un Rey como Don Juan Carlos ni una clase media moderadora.
Si bien desde principios de los ochenta la Transición estaba fuera del debate político (Linz), las críticas al proceso habían existido desde los años setenta, aunque de manera marginal y generalmente desde sectores de la extrema izquierda y nacionalismo independentista, en algunos casos para justificar la violencia terrorista como única forma de alcanzar el nuevo Estado tras la deseada ruptura con el franquismo.
Como nos recuerda el profesor Castellanos, ya en 1980, cuando se produjo la moción de censura a Adolfo Suárez, Manuel Fraga declaró que «ya se podía dar por iniciada la segunda fase de nuestra transición política», dando a entender que el cambio llegaría pronto. Desde el sindicalismo en los noventa Nicolás Redondo hablaba de la necesidad de una Segunda Transición que permitiera profundizar en la política social. Y también desde los partidos nacionalistas, en los mismos años, se hacía la misma referencia como sinónimo de profundización y ampliación en las competencias regionales. Finalmente, en 1994 José María Aznar publicó España. La Segunda Transición, en la que avanzaba las grandes líneas de su futura acción de gobierno. Las referencias al término son continuas e incluso algunos políticos han hablado de tercera transición, hasta el punto de que Leopoldo Calvo-Sotelo en estas páginas en 2005 hablaba de la «usurpación de una marca política prestigiosa».
Si desde el punto de vista orteguiano vivimos en una constante transición y nuestro deseo es el progreso, la antítesis de transición sería conservadurismo, reacción, statu quo e inmovilismo, entonces ¿quién no va a querer transitar? Nos encontramos por tanto frente a una trampa saducea como el mal llamado «derecho a decidir» que esconde un oxímoron como el derecho a la independencia. Así pues, vemos que el término no deja de ser un recurso dialéctico con una profunda carga política utilizada por aquellos que quieren dar paso a un tiempo nuevo tratando de identificarlo con el éxito de la Transición e impidiendo por ello al interlocutor oponerse, por el prestigio del término.
Ahora bien, si aquellos críticos avant la lettre a la Transición en los setenta pretendían la creación de un Estado ex novo, hoy es inaceptable que otros utilicen el término Segunda Transición para lograr una primera ruptura –enésima en nuestra historia constitucional– que eche por tierra un logro histórico sin precedentes que nos ha permitido alcanzar en cuarenta años unos niveles de libertad, justicia, prestación social, prosperidad y presencia internacional sin igual en nuestra historia contemporánea. Hagámoslo irreversible.
Pablo Zavala, director de la Fundación Transición Española.