Segundas partes

Desafortunadamente, el lehendakari Ibarretxe tiene dos problemas. El primero es que confía excesivamente en el expediente de la autodeterminación para la solución de la problemática vasca. Muchos creemos que hay otras bazas menos divisivas de la sociedad de Euskadi y más coherentes con su propia historia, pensando en el estatutismo como renovación de los derechos históricos, para resolverlos. Además sin contar con las ocasiones en las que , al ejercer sus posibilidades democráticas los vascos han llevado a cabo una efectiva autodeterminación, decidiendo en libertad sobre su marco político y eligiendo a sus representantes en una vida democrática plenamente consolidada.

Es, en efecto, sumamente discutible que la autodeterminación convenga a una sociedad como la vasca en la que la historia, la realidad de las relaciones sociales y la propia organización institucional presenta una imbricación con el ámbito español muy difícilmente prescindible. No hay en Euskadi dos comunidades que se contemplen como mitades irreconciliables, ni un sector oprimido políticamente por el otro. Nunca ha sido así en nuestra historia ni lo es en la actualidad, de modo que pueda pensarse que la liberación de un dominio exterior es la condición de la felicidad de una nación oprimida. El panorama descrito por el lehendakari en gran parte de su discurso, con el que coincido aunque no me guste la autocomplacencia, es el de una comunidad integrada, que mira con optimismo su futuro y capaz de alcanzar importantes cotas de bienestar y desarrollo. No son , evidentemente, el Estado y la sociedad española la causa de los problemas de Euskadi, cuya integración en el marco constitucional se hace sobre condiciones de libertad y autogobierno ciertamente envidiables. La autodeterminación no es el problema de Euskadi. Quien lo crea parte de una idea mítica y desfasada de la soberanía. Tenemos, para quien vea desapasionadamente el desarrollo de Euskadi, como ocurrió en los tiempos forales, derechos de soberanía, aunque no tengamos la soberanía

El segundo problema de fondo es que Ibarretxe no entiende bien la relación entre democracia y orden constitucional. En un sistema constitucional cada poder u autoridad tiene sus atribuciones y competencias. Puede modificarse el sistema, pero no cabe el ejercicio de poder fuera de ellas: no cabe un ejercicio de competencias fuera del derecho, contra la Constitución.

Euskadi, en el orden político español, no es un pueblo indefinido, una desgraciada nación que sólo existe en la mente de sus atormentados miembros, sino una poderosa comunidad autónoma dotada de sus instituciones de autogobierno, que ha vivido prolongadamente una experiencia democrática, con atribuciones que no desmerecen de las propias de cualquier Estado miembro en una federación. Es sólo en este orden constitucional en el que cabe el ejercicio de los poderes de la comunidad autónoma. Se trata de un orden cierto, preestablecido y anterior al establecimiento de sus autoridades, que no pueden otorgarse sus competencias, aun validándolas mediante un recurso al cuerpo electoral. El gobernante por ello no tiene otros poderes que los que le reconoce el derecho de la comunidad, comenzando por lo que supone la primera norma de dicho derecho que es la Constitución. El plebiscitarismo errático y confuso como el establecido en la ruta de Ibarretxe no tiene sentido alguno en un sistema en el que la intervención democrática directa se produce en muchos casos, pero siempre perfectamente previstos y sobre cuestiones determinadas, así por ejemplo para ratificar una reforma estatutaria suscitada en el Parlamento vasco y aprobada por las Cortes Generales.

Ocurre entonces que el lehendakari no puede convocar consulta alguna, ni vinculante ni consultiva, si no es con el consentimiento del Gobierno del Estado. Y no se entiende que el Gobierno constitucional de España vaya a patrocinar una consulta o referéndum que suponga o pueda suponer una decisión de soberanía de una comunidad autónoma. La soberanía, como es bien sabido, está en otras manos. ¿Será mucho pedir, menos arbitrismo, menos ocurrencias, en una materia tan delicada? ¿También mayor claridad y menos confusión?

Lamento, con el máximo respeto, disentir de esta propuesta que va dificultar un clima de entendimiento vital para el funcionamiento de nuestro Estado, que puede dar origen a vicisitudes graves, no sólo jurídicas, perfectamente previstas en el ordenamiento, y que podría haber sido evitado si se hubiera estado dispuesto a sacar enseñanzas del pasado reciente, fracaso del plan Ibarretxe, o se hubiera reflexionado más a fondo sobre lo que un Estado de derecho exige a los gobernantes del mismo, especialmente cuando se es el máximo representante de tal Estado en el territorio correspondiente.

Juan José Solozábal