Seguridad para proteger la libertad

Son muchas las misiones que tiene encomendadas un Estado, pero ninguna más básica –ni más noble– que la de garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger sus derechos y libertades y, en definitiva, salvaguardar su bienestar. La seguridad es la condición necesaria para apuntalar la forma de vida, democrática y libre, que los españoles nos hemos dado. Y, como presidente del Gobierno, no puedo pensar en ninguna empresa más estimulante que esta: saber valorar lo que tenemos –un país y una sociedad extraordinarios– para protegerlo en consecuencia. Nuestra Constitución así lo reconoce, al proclamar «la libertad y la seguridad» como derechos fundamentales de la persona y encomendar al Gobierno la garantía de su pleno ejercicio.

Al entrar hoy en vigor la Ley de Seguridad Nacional, quiero poner de manifiesto que el nuevo texto legal nace para dar cumplimiento efectivo a este mandato constitucional. A nadie se le oculta que el mundo cambia, que cambian los riesgos y amenazas que afrontamos y que –por eso mismo– también debemos ir actualizando tanto nuestra cultura de seguridad como sus estructuras operativas. El actual escenario geoestratégico nos sitúa ante desafíos que antes, simplemente, no existían: ¿Quién iba a pensar, en tiempos de la Guerra Fría, en las ciberamenazas? ¿Quién iba a pensar que, en pleno siglo XXI, veríamos recrudecerse un fenómeno tan antiguo como la piratería a la que se han enfrentado nuestros barcos en el Índico? De la vulnerabilidad energética a la proliferación de armas de destrucción masiva, los enemigos de nuestras sociedades abiertas adquieren nuevos rostros. Y junto a estos novedosos riesgos y amenazas, tampoco nos vemos libres de otros peligros bien conocidos: el fanatismo terrorista o los daños causados por los desastres naturales siguen siendo, lamentablemente, parte de nuestro presente.

JAVIER OLIVARES
JAVIER OLIVARES

Los españoles vivimos, es cierto, en un país seguro. Así lo corroboran, con su trabajo diario, nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como nuestros equipos de emergencias y Protección Civil, admirados todos ellos en todo el mundo. Así se reconoce globalmente con la actuación responsable de España a la hora de contribuir a la seguridad internacional. Y así lo afirman también las estadísticas oficiales: España es el tercer país más seguro de la Unión Europea, y el séptimo a nivel mundial.

Sin embargo, por mucho que estemos a la vanguardia, ni existe la seguridad absoluta ni podemos pensar que vivimos en un escenario de riesgo cero. Por eso el Estado debe mejorar sus capacidades de prevención, protección y respuesta. Por eso debemos actualizar nuestro entendimiento de la seguridad. Por eso debemos abandonar viejas rigideces y optar por un modelo que permita el uso eficaz y flexible de los recursos del Estado a la hora de proteger ese pilar fundamental de las libertades que es la seguridad de las personas.

Estos son los principios que han guiado la actuación del Gobierno en la materia desde que, ya en 2012, decidimos impulsar con determinación lo que era un compromiso electoral. Hoy, por fin, vemos el mayor de sus frutos: la nueva Ley de Seguridad Nacional. Con esta norma, España se equipara a los países más avanzados en este campo. Y, lo que es más importante, nuestro país está más y mejor preparado para poner en práctica los fines de la Seguridad Nacional según se conceptúan en la Ley: proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La Seguridad Nacional se erige, así, en Política de Estado. Y el amplio consenso parlamentario –con el voto favorable del principal partido de la oposición– no hace sino refrendar este carácter.

Me gustaría subrayar que esta Ley no representa un esfuerzo aislado. Del mismo modo que a partir de hoy la nueva norma comienza a desplegar sus efectos, este texto legal es también la coronación de los numerosos trabajos y actuaciones concretas realizadas, como ya se ha indicado, desde el principio de la legislatura.

Son muchos los hitos que jalonan ya nuestro camino. En este sentido, se hace inexcusable mencionar la redacción, en 2013, de la Estrategia de Seguridad Nacional, acordada también con los principales grupos de la oposición, y que vino a impulsar la creación de lo que es la piedra angular del nuevo Sistema de Seguridad Nacional: el Consejo de Seguridad Nacional. Hablamos de un órgano colegiado que, bajo presidencia del Rey o del Presidente del Gobierno, representa una suma de esfuerzos entre instancias como la vicepresidencia, 11 ministerios y los principales secretarios de Estado de la materia. Su composición, en todo caso, es flexible, y puede enriquecerse con la participación de otros ministerios y comunidades autónomas, así como con la colaboración de todo experto cuya voz se considere relevante.

Las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional han tenido propósitos ambiciosos y –me atrevo a decir– también han tenido ya resultados importantes, empezando por la propia Ley. Sin afán de ser exhaustivo, bajo impulso del Consejo, España ha aprobado Estrategias Sectoriales –con sus correspondientes Comités Especializados– en ámbitos tan sensibles para nuestros intereses como son la ciberseguridad, la seguridad energética o la seguridad marítima, esta última pionera en Europa y seguida ya por, entre otros países, Reino Unido. Y, sin duda alguna, el impulso en 2012 del Departamento de Seguridad Nacional como órgano de asesoramiento al presidente y unidad de acción ante situaciones de crisis ha representado un espectacular avance a la hora de enfrentar la gestión de crisis de una manera transversal, coordinada, flexible y eficiente. Algunas de las crisis vividas estos años –del Ébola a los trágicos accidentes del tren Alvia en Santiago y el avión de Germanwings– dejan clara la necesidad de tener estructuras operativas ya previstas para estos casos.

Entrando de lleno en las aportaciones de la nueva Ley, cabe resaltar su regulación de las llamadas situaciones de interés para la seguridad nacional. Hasta ahora, nuestra legislación padecía de un vacío normativo: entre las crisis que se afrontan con los medios habituales y la anomalía constitucional de los estados de alarma, excepción y sitio, no contábamos con ninguna figura intermedia. Desde ahora, con la nueva regulación de las situaciones de interés para la seguridad nacional, se contemplan por fin todas aquellas situaciones en las que, sin verse afectados los derechos fundamentales y las libertades públicas, se precisa de una cooperación reforzada de todos los instrumentos del Estado.

Junto A este importante progreso, la Ley destaca también por constituir un inédito ejercicio de transparencia y acercamiento de la seguridad nacional tanto a la sociedad en general como a sus representantes en las Cortes Generales. La presentación de los Informes Anuales de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados ya ha sido una novedad en este ámbito. Y la nueva Ley confirma el carácter participativo y abierto que se quiere dar a la materia, en el entendido de que es algo que a todos nos concierne.

Hablamos de hechos, no de palabras. En su articulado, la Ley prevé una Comisión Mixta Congreso/Senado para seguir todos los extremos atinentes a la seguridad nacional. Y asimismo, también está previsto el impulso de una conferencia sectorial que permitirá aunar esfuerzos entre la Administración central y las comunidades autónomas, en atención al papel imprescindible que estas han de jugar en la prevención, protección y respuesta a los desafíos en materia de seguridad nacional. Si las crisis nos afectan a todos, es lógico que –como en otras tantas áreas– las Administraciones Públicas colaboremos codo con codo y coordinemos con eficiencia los recursos disponibles. Y por esta misma razón, la nueva Ley también fomenta la necesaria colaboración público-privada en este ámbito.

Creo sinceramente que la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, enriquecida con la contribución de todos, y muy especialmente de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores y Cooperación, es una excelente noticia para todos. Los españoles podemos felicitarnos de contar, por fin, con un instrumento legal que nos equipara a los países más avanzados en la esfera internacional a la hora de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Con todo, lo más importante de la herramienta jurídica que hoy entra en vigor es que redunda en una España mucho mejor preparada para proteger lo que más queremos: nuestra democracia y los derechos y libertades de los españoles. Porque no otro es el ideal último de esta ley: tener una sociedad más segura y más libre para forjar entre todos una España más próspera.

Mariano Rajoy es presidente del Gobierno.

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