EL año 2015 está siendo trascendental para España. Los resultados de los procesos electorales son más imprevisibles que nunca debido a la aparición de nuevas fuerzas políticas, al impacto de las crisis económica y de empleo, y a la desafección hacia partidos e instituciones que la corrupción ha provocado. Vivimos, con toda probabilidad, el año más complejo desde la Transición del 78, y tendrá una notable repercusión en el final de la década actual. En este clima turbulento y al mismo tiempo esperanzador los españoles debemos hacer oír nuestra voz y decidir, conjuntamente, el modelo de sociedad que queremos.
El 24 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas y en ellas es esencial una muy amplia participación ciudadana, para que los votantes, con la más completa información, elijan el mejor gobierno para sus comunidades municipales y autonómicas y a finales de año, en las elecciones generales, para el Gobierno de la Nación.
Esta demanda se fundamenta en seis razones básicas:
Hay que afrontar con fortaleza la complejidad del momento actual. Si la necesidad de acudir a las urnas es consustancial a la democracia, es en los momentos clave cuando el pueblo debe demostrar su categoría y su capacidad para adoptar las grandes decisiones. Recordemos, en nuestra historia reciente, que la ley de la Reforma Política –diciembre 1976– tuvo en su referéndum una participación del 77,4%; que las primeras elecciones democráticas –15 de junio de 1977– contaron con el voto del 79,24%; y que la Constitución –diciembre del 1978– tuvo el 67,1%, descenso participativo debido, en buena parte, a la abstención del nacionalismo vasco. En los momentos clave es cuando la ciudadanía debe dar el do de pecho. Abstenerse es ausentarse de la convivencia social y de sus exigencias.
Es crucial estimular el crecimiento de la economía y lograr reducir el paro. La prensa nos ha ofrecido, en las últimas semanas, titulares como estos: «La economía española toma impulso», «El PIB acelera hasta el 0,8% en el primer trimestre del 2015», «El Banco de España prevé un crecimiento este año del 2,8%», «España lidera el crecimiento del PIB por habitante en los países desarrollados». Ciertamente, la economía ha iniciado el camino de la recuperación, pero nos abruman los más de cuatro millones de parados, y especialmente el paro juvenil, con el drama que esto supone para innumerables familias. La creación de empleo será la tarea más importante de los gobiernos que obtendrán el poder a lo largo del año y los diferentes partidos presentan distintas propuestas para afrontarla. Conocer y valorar estas propuestas, votando en consecuencia, es más una obligación que un derecho para todos los que quieran un país justo y próspero.
Expertos y ciudadanos de a pie coinciden en la urgencia de una regeneración democrática. Muchas de las instituciones creadas en la Transición están desgastadas o podridas. Por ello, hay que modificarlas o cancelarlas. Sin embargo, no podemos olvidar su origen: la Transición, que nos ha proporcionado los treinta años de mayor paz, democracia, desarrollo económico y justicia social de la historia de España. Esta renovación es tarea ardua. Afecta a la lucha contra la corrupción, a la reforma de la estructura territorial del Estado, sus competencias y su financiación; al funcionamiento de los partidos políticos, al control de los cargos y de los organismos públicos, y de sus contrataciones; al sistema electoral… No es fácil, pero es posible. Depende de los gobiernos, pero sobre todo de la fortaleza y de la vigilancia de la sociedad civil. Votar es formar parte de esa regeneración democrática, exigirla y determinarla.
Tenemos que elegir a los mejores dirigentes –mujeres y hombres– con preparación, integridad y espíritu de servicio a la comunidad que gobiernen. El ciudadano de una democracia no es un autómata que vota por carteles y eslóganes. Tenemos la responsabilidad de conocer quién va a ser nuestro alcalde o nuestro diputado, y leer críticamente las propuestas políticas y económicas de sus programas.
Frente al ruido y la confrontación, es hora de favorecer el diálogo y el compromiso. La variedad de opciones que se presentan a las próximas elecciones y la fuerza relativa que tendrán, según anticipan las encuestas, hacen muy probable el fin del bipartidismo, tal y como lo hemos conocido en las últimas décadas. En muchos municipios y comunidades la opción de gobierno se jugará entre tres o cuatro –incluso cinco– partidos políticos. Dirigir las instituciones requerirá una firme voluntad de buscar puntos de encuentro. Algunos opinan que habrá que volver al consenso de la Transición. Pero aquello fue distinto: el consenso consistió en los acuerdos para los Pactos de Estado que configuraron la nueva estructura democrática de la Nación. Ahora se trata del compromiso –podríamos decir casi cotidiano– para la positiva gobernación ordinaria de las muchas necesidades y exigencias que se plantean a todos los niveles: local, autonómico y estatal. Una votación masiva hará que la inmensa mayoría de los ciudadanos se sientan representados en esta compleja tarea, impulsándola y legitimándola. Una campaña electoral agria y tensa será precursora de desencuentro.
El futuro de España está íntima y necesariamente ligado al de Europa. La Unión Europea comprende nuestra pluralidad histórica y lingüística, y valora los esfuerzos que colectivamente estamos realizando para superar la crisis. Así lo manifiestan sus dirigentes y sus organismos. El compromiso de los ciudadanos con la democracia reforzará la imagen y la posición de España dentro de Europa.
Nos costó mucho trabajo alcanzar la democracia representativa que ahora nos permite ir a votar. Lo conseguimos entre todos. De todos y cada uno de los españoles depende, hoy más que nunca, volver a ser padres de esa democracia y dejar de sentirnos huérfanos de ella.
Salvador Sánchez-Terán, presidente de la Plataforma de la Sociedad Civil G20-20 y ministro en la Transición.