La Unión Europea se está muriendo”, escribió el politólogo norteamericano Charles Kupchan en 2010, en el arranque de la crisis del euro. “No una muerte súbita, sino una tan lenta y constante que un día nos daremos cuenta de que la integración europea dada por hecha durante el último medio siglo ya no es”. Cuatro años después, tras las últimas elecciones, el diagnóstico de Kupchan es más creíble. Y no hacía falta esperar al resultado para saber que la crisis es más político-institucional que económica. Fue la opción política deliberada de responder a la crisis financiera con un enfoque nacional y no europeo —la fatal decisión de Angela Merkel de imponer rescates nacionales a la banca y al sector automovilístico en 2009— la que abrió las grietas de la división nacional, principal hándicap que nos impide salir del agujero. Consecuencia: un conjunto de políticas erróneas —austeridad indiscriminada para todos, un Banco Central maniatado— que han precipitado a Europa en su mayor crisis en 60 años. Resultado: deslegitimación de las instituciones europeas y desprestigio de la idea de Europa. Con un efecto político perverso: dejar inermes, ante una ciudadanía perpleja y enfadada, también a las democracias nacionales, que han visto cómo sus Parlamentos y sus votos no cuentan.
La experiencia europea demuestra que el “keynesianismo en un solo país” no es posible. La política de gestión de la demanda no es viable en el marco de una economía abierta pequeña o mediana que no controla la política monetaria. ¿Puede, en cambio, la zona euro —350 millones de ciudadanos con la segunda moneda de reserva del mundo, y un comercio interno muy superior al exterior— aplicar políticas de estímulo monetario y fiscal? Por supuesto que sí. Pero hay que reformar reglas e instituciones, y reconciliar intereses económicos de unos y otros. Lo que requiere un gran cambio político e institucional. De lo contrario, estamos abocados, primero, al síndrome japonés: década de crecimiento anémico; y después, con muy poco desfase, al síndrome de Weimar: descomposición política.
En este panorama, la elección de Juncker como presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo es un modesto signo de esperanza. Viejo zorro en el bosque institucional europeo, Juncker ha ofrecido un programa posibilista de moderada ambición: 300.000 millones de euros para redes transeuropeas (energía, transporte, telecos) e I+D, apuntando a la reindustrialización del continente (del 16% al 20% del PIB); completar el mercado único en servicios, y un mercado único digital en telecomunicaciones e Internet, sin fronteras técnicas y regulatorias; una impostergable unión energética; y, crucialmente, una modesta capacidad fiscal europea. Es un programa serio, prudente, enfocado al corto y medio plazo (dos o tres años). Pero excesivamente técnico: una serie de proyectos complejos, difíciles e importantes no suman una visión de futuro para Europa. Falta ambición política: la unión fiscal y la unión política ni siquiera se mencionan. Quizá, recién estrenado, Juncker no pueda hacer otra cosa.
Sin embargo, la Unión necesita generar recursos propios (una capacidad fiscal / impositiva común) para un presupuesto con peso específico como para ser anticíclico: estimular la economía a escala europea, reducir el desempleo y reequilibrar los choques asimétricos (cuando la crisis afecta a unos más que a otros).
Un impuesto europeo (un 2%-3% del IRPF pagado a las arcas europeas), tasas a las transacciones financieras y sobre las emisiones de carbono, o las tarifas arancelarias, nutrirían un Tesoro europeo. Tendría, además, valor simbólico y político: forzaría el interés popular por la representación (europea). ¿Para qué objetivos? Una Europa del 5% del PIB, frente al raquítico presupuesto actual del 1%. Una Europa federal dotada de un centro de gravedad económico y político con capacidad para redistribuir y reequilibrar. No es un sistema de transferencias fiscales que genere dependencia. Es invertir en el futuro común europeo, para generar las condiciones básicas que aceleren la convergencia en productividad, competitividad y renta. La unión monetaria no aguantará sin una unión fiscal. Esta no puede ser entendida a la alemana, solo como conjunto de reglas (límites de déficit y deuda) para países aún muy desiguales. Sin instituciones y capacidades comunes que ayuden a igualar las condiciones de partida, la convergencia no será.
Eventualmente, si queremos recuperar la confianza popular, tendremos que converger también en políticas sociales y laborales. La unión social tiene que complementar la unión económica y monetaria: hay que armonizar los mercados de trabajo, hay que modernizar y actualizar el derecho del trabajo en un gran pacto social que garantice derechos mínimos de los trabajadores europeos y la flexibilidad necesaria para la competitividad de las empresas. Si pretendemos fomentar la movilidad laboral intra-europea seamos consecuentes: creemos una Agencia Europea de Empleo que la facilite, casando oferta y demanda, ayudando con la vivienda y la adaptación cultural, con cursos de idiomas, formación, etcétera. La consecuencia natural de esta movilidad será un subsidio de desempleo europeo. Un incipiente mercado laboral europeo (objetivo en 10 años: 10% de trabajadores no nacionales de origen comunitario) necesitará un sistema europeo de protección social y pensiones, que no dependa exclusivamente de los Estados.
Lograrlo precisa un salto político: la unión política. ¿Qué elementos tendría? 1. Una circunscripción electoral paneuropea con listas transnacionales —junto a las estatales— cuya cabeza de lista sea el candidato de cada familia política a presidir la Comisión Europea. 2. Un Parlamento Europeo con iniciativa legislativa (hoy solo en la Comisión). 3. Una estrategia global común: diplomacia, defensa, relaciones económicas, ayuda al desarrollo. El Servicio Exterior Europeo asumiría la representación única de la UE en las instituciones internacionales; y gestaríamos unas Fuerzas Armada europeas, con industrias de defensa integradas. Las crisis geopolíticas y la constancia de nuestra impotencia nos lo impondrán. 4. Una Comisión Europea más reducida (superando el absurdo del “comisario por país”) y un proceso de decisión más ágil y más comunitario.
Todo esto exigiría lanzar un nuevo proceso constituyente en el que podamos participar todos los europeos: una Convención de instituciones comunitarias, Gobiernos y Parlamentos nacionales. Somos conscientes de la complejidad y los riesgos de un proceso así, cuando el euroescepticismo y el antieuropeísmo están al alza. Pero los partidarios de Europa no podemos estar a la defensiva: tenemos que ser atrevidos, convencidos de la superioridad práctica y moral de nuestras ideas. Las ideas grandes son las semillas del futuro. El sentido de una “Europa del 5%” es crear ciudadanos europeos, con obligaciones fiscales y derechos políticos y sociales europeos. Algunos aducen que no existen “ciudadanos europeos”, sino solo nacionales, y que no hay apoyo popular para una Europa federal. Pero las grandes naciones europeas no preexistieron a los Estados: fueron creadas, en gran medida, por ellos. Igualmente, el demos europeo, no puede preexistir a una verdadera estructura federal europea: será generado por ella en su proceso de construcción. Los ciudadanos españoles, alemanes, italianos, etcétera, se sentirán plenamente europeos cuando paguen algunos de sus impuestos a Europa, reciban inversiones y servicios de Europa, tengan apoyos consulares europeos al viajar fuera, vean a un Ejército europeo defender la paz, y puedan trabajar fácilmente en cualquier parte de la Unión con los mismos derechos laborales y protección social. Con estas premisas, votarán masivamente en elecciones europeas cuando sepan que eligen un verdadero Ejecutivo europeo, plenamente legitimado.
Este ambicioso proyecto de Europa necesita partidos europeos. No una agregación difusa y contradictoria de partidos nacionales. Eso no sirve. Necesitamos estructuras orgánicas y políticas sectoriales europeas. Necesitamos unidad y autonomía política de los grupos parlamentarios europeos primando la disciplina del voto supranacional, sobre las posiciones partidarias nacionales.
Paradójicamente, fue el británico Winston Churchill, conocedor del poder del lenguaje y de las grandes ideas, quien lo esbozó: “Hay un remedio que, si fuera adoptado general y espontáneamente, transformaría, como por un milagro, toda la escena. (…) ¿Y cuál es este remedio? (…) Debemos construir una suerte de Estados Unidos de Europa. (…) El proceso es simple: todo lo que hace falta es la resolución de cientos de millones de hombres y mujeres para hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto” (La tragedia de Europa, 1946). Movilizar a los europeístas aletargados, dispersos y desmoralizados —a millones de votantes carentes de referente— y frenar la marea nacionalista exige esbozar el gran diseño institucional y político que encarne esa idea: la unión política de una Europa federal. La Europa del 5%. Menos que eso no evitará que la profecía de Kupchan se cumpla.
Ramón Jáuregui es eurodiputado socialista y Javier de la Puerta es profesor de Política Internacional de la UIMP.