La energía es clave para crecer y crear empleo. Una adecuada política energética determinará nuestro futuro como economía y nuestra capacidad para competir. Por eso, uno de los mayores retos de esta legislatura ha sido estabilizar financieramente el sistema eléctrico. Era imprescindible: el déficit que se generaba cada año lo llevaba irremediablemente a la quiebra y los precios de la electricidad no dejaban de crecer. Esto tenía un impacto demoledor sobre la competitividad y el empleo.
Revertir esta situación exigía la mayor reforma del sector eléctrico en su historia y revisar la retribución de todas y cada una de las actividades reguladas.
Así, se ha modificado la compensación a las redes; los pagos de capacidad que garantizan la seguridad del suministro; la forma de retribuir a los territorios no peninsulares y el contrato de referencia para pequeños consumidores eliminando costes innecesarios.
La reforma también ha exigido cambiar la forma de retribuir el fomento de las renovables. En este caso convivían situaciones muy dispares: inversiones con una rentabilidad muy limitada y otras cuya rentabilidad era de dos dígitos. Para corregir esta situación y seguir fomentando estas tecnologías de forma sostenible en el tiempo, la reforma ha establecido un sistema de retribución homogéneo y equilibrado, garantizando una rentabilidad razonable a los inversores que realizaron los proyectos. Por otra parte, en la factura eléctrica se venía incluyendo todo tipo de costes ajenos a las actividades del sector eléctrico, y que eran más propios de políticas medioambientales, agrícolas o territoriales.
Sin duda, la reforma ha sido compleja y ha supuesto un gran esfuerzo para todos. Pero ahora el sistema eléctrico está equilibrado, los precios han comenzado a descender tras más de una década de subidas ininterrumpidas y el fomento de las nuevas tecnologías es ahora sostenible.
Aunque el Gobierno ha planteado el esfuerzo desde el interés general y ha procurado repartir los costes equitativamente, no siempre la reforma y sus beneficios han sido entendidos por todos. Es quizá comprensible que, desde un sector o región determinados, sea difícil ver los efectos de la reforma sobre el conjunto de la economía. Y ello porque la percepción global sobre la reforma puede verse influida por efectos concretos sobre determinados grupos o territorios.
Por eso tal vez algunos responsables políticos regionales y fuerzas políticas, en lo que consideraron la defensa legítima de algunos sectores de sus Comunidades, impugnaron ante el Tribunal Constitucional la reforma, cuyo objetivo era disminuir el precio de la electricidad para todos los consumidores. Cabe preguntarse si hubieran actuado igual si los costes derivados de las normas que impugnaban se hubieran sufragado exclusivamente por los ciudadanos y empresas de sus territorios.
El Constitucional ha desestimado los recursos interpuestos por la Generalitat de Cataluña ante la Ley del Sector Eléctrico y por los del Grupo Socialista, Gobierno de Murcia, Gobierno y Parlamento de Navarra, Junta de Extremadura y Gobierno de Andalucía frente al Real Decreto-ley 9/2013, que contiene los pilares de la reforma eléctrica. El Constitucional ha fallado que la norma no vulnera los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y los límites de la retroactividad de las normas. El Constitucional ha reconocido que la reforma era esperada y previsible para un operador «prudente y diligente», y que no puede ser una expectativa legítima mantener una situación que implique «niveles de rentabilidad sumamente elevados al margen del mercado y que puedan resultar contrarios a intereses públicos superiores».
El principio de confianza legítima, afirma el Constitucional, es compatible con las modificaciones retributivas de las renovables en un ámbito sujeto a elevada intervención administrativa por su incidencia en los intereses generales. «Es precisamente la protección de esos intereses generales la premisa que obliga a los poderes públicos a adaptar su regulación al cambio de las circunstancias». Asímismo, el Tribunal sostiene que la Ley Eléctrica no vulnera competencias autonómicas. Todos estos pronunciamientos avalan la reforma eléctrica, que ha garantizado la estabilidad del sistema, ha reducido los precios y ha introducido certidumbre y confianza a los inversores.
Esta innecesaria litigiosidad y su repercusión mediática han podido tener consecuencias sobre nuestra imagen como país. Es evidente que las sentencias favorables a la reforma no siempre compensan el daño causado por el ruido mediático inicial. Ahora que el sistema está equilibrado y los precios han comenzado a descender, podemos ser optimistas respecto al futuro del sector.
La experiencia reciente en España muestra que, para que la energía contribuya al crecimiento, a la sostenibilidad medioambiental y a la creación de empleo, es necesaria una política energética estable y prudente. Por ello, la política energética precisa un consenso basado en la racionalidad y en objetivos compartidos, y no solamente entre los grandes partidos políticos, sino también con las comunidades autónomas. Consenso en el que debe primar el interés general sobre los intereses sectoriales o territoriales.
Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía.