El proceso independentista o soberanista impulsado por todo el arco parlamentario del nacionalismo catalán ha sumido a Cataluña en una crisis sin precedentes. La sociedad se ha partido en dos. Unos sueñan con dejar de ser españoles;otros entienden que ser catalán es un modo de ser español. No es un conflicto entre Cataluña y España, sino en primer lugar entre catalanes.
La activación del tristemente célebre artículo 155 de la Constitución tampoco supone la defunción del Estado autonómico. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas no se pone en cuestión la unidad constitucional y sus poderes propios no quebrantan el principio -recíproco- de lealtad institucional. En los próximos meses, 27 congresistas van a analizar en una Comisión parlamentaria los éxitos y las disfunciones del sistema autonómico. Si progresan adecuadamente en su estudio, se arriesgarán a formular propuestas para el amejoramiento del sistema (permítaseme utilizar la expresión que identifica al régimen foral de Navarra). Si concluyen su trabajo, formularán "con la atención excepcional que se requiere... cambios en la propia Constitución". Así se desprende de la prudente declaración de intenciones de su presidente, el socialista José Enrique Serrano, cuya elección ha rozado la unanimidad.
Sería un grave error, a mi juicio, mezclar la necesaria revisión del sistema autonómico, que inició su andadura hace 40 años, con la solución del problema catalán. El proceso soberanista no es otra cosa que la perversión radical del Estado autonómico. Las instituciones catalanas, con una exigua mayoría parlamentaria, han pretendido dar jaque mate a la Constitución de 1978. La oportuna y medida aplicación del artículo 155, así como la actuación de la Justicia, han impedido hasta ahora la consumación de la declaración la independencia y la proclamación de la República catalana.
En este asunto tan crucial no cabe una posición de equilibrio. O se está en España o se está fuera de ella. Ignoro si el PSOE tratará de convencer a los comisionados del Congreso de que "España es una nación de naciones y Cataluña es una nación", como declaró el pasado mes de abril su secretario general. El gran problema está en que el independentismo catalán niega la mayor, es decir, que España sea una nación. La única reforma constitucional capaz de dar satisfacción a las aspiraciones secesionistas sería el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, algo muy difícil de aceptar por el titular del poder constituyente que no es otro que el pueblo español. Harían mal los socialistas en olvidarlo.
De modo que ningún acuerdo será posible mientras las instituciones catalanas no vuelvan a la senda constitucional. Para ello resultaría imprescindible la reafirmación del consenso alcanzado en 1978 y que el procés ha hecho saltar por los aires, so pretexto de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006 declarando la inconstitucionalidad de un puñado de sus preceptos, había quebrantado el pacto constituyente entre Cataluña y España. Nunca hubo tal pacto. El consenso subyacente en la Constitución de 1978 fue entre los representantes del pueblo español.
La Minoría catalana encabezada por Jordi Pujol participó activamente en la ponencia redactora del proyecto de Constitución, pero nunca se atribuyó la representación de toda Cataluña pues sólo contaba con 11 de los 47 escaños catalanes. Me parece oportuno recordar las palabras del ex presidente de la Generalidad en la histórica sesión del Congreso de 21 de julio de 1978: "Muchas veces -dijo- en España se ha fracasado. La historia de los dos últimos siglos... es la historia de los fracasos, del intento de estructurar, de construir, de estabilizar, de poner las bases para el progreso del país, de todo el país. Nosotros esta vez no queremos fracasar. Desde nuestra perspectiva catalana, desde la cual a veces hemos fracasado doblemente, doblemente en nuestra condición de españoles y, además, porque hemos fracasado en aquello que nos afectaba directamente como catalanes, desde esta perspectiva... nosotros aportamos aquí, por una parte, nuestra firme decisión de no fracasar esta vez, y nuestra aportación para que, entre todos, consigamos eso que la Constitución nos va a permitir; un país en el que la democracia, el reconocimiento de las identidades colectivas, la justicia y la equidad sean una realidad". Y en otro momento dijo: "Pensamos que la Constitución persigue un Estado equilibrado, un Estado fuerte, no en el sentido autoritario de la palabra, sino en el de la eficacia y en el de la capacidad de servicio; un Estado al servicio de sus ciudadanos, de su seguridad y del bienestar físico y moral de sus ciudadanos, del orden y de la justicia. Por eso, nuestra minoría ha aceptado plenamente la Constitución".
Su compañero Miquel Roca no se había quedado a la zaga al formular durante el debate en el Congreso una sugestiva tesis sobre la compatibilidad entre el concepto de nación española y la existencia en su seno de nacionalidades. La Constitución "al lado de definir esta nación española, nación-estado, define aquellas otras nacionalidades que son aquellas identidades históricas y culturales... que vienen a configurar la realidad de la resultante en una España-nación, una nación española que en este sentido cobra su dignidad". Las nacionalidades son, a su juicio, territorios españoles dotados de una identidad histórica y cultural, que configuran la realidad de la nación española. «Nación de naciones -concluyó- es un concepto nuevo, es un concepto, se dice, que no figura en otros Estados o que no figura en otras realidades; quizás sí, pero es que, señorías, ayer ya se decía que nosotros tendremos que innovar». Pues bien, al margen de que se comparta o no la idea de España como nación de naciones, es evidente que esas pretendidas "naciones" forman parte inseparable de una nación soberana, España, cuya unidad indisoluble e indivisible constituye el fundamento de la Constitución. En consecuencia, la conversión de España en un mero Estado plurinacional, con vaciamiento de las competencias estatales vinculadas al mantenimiento de la unidad, rompería el marco constitucional.
La rebelión del nacionalismo catalán se sustenta en grandes mitos y falsedades históricas. Es falso decir que Cataluña es desde hace 500 años una colonia de España y padece una insoportable opresión, de modo que la República catalana ha de ser el último episodio de su larga lucha por la liberación nacional. Tan profunda es la interiorización de esta mentira que los separatistas no han querido atenerse a razones. No les ha importado frenar en seco el desarrollo económico de Cataluña. Ni la masiva huida de empresas, a la que podría seguir la deslocalización de sus centros productivos. Ni la congelación de las inversiones. Ni la ruina de sus empresas exportadoras una vez fuera del mercado español y europeo. Ni el empobrecimiento galopante de la sociedad catalana. Ni el negro futuro de sus pensionistas. Ni la salida de UE, con la consiguiente irrelevancia internacional. Ni siquiera les importa sacrificar al Barça, más que un club. Han pisoteado las más elementales reglas del juego parlamentario para convocar un referéndum ilegal, celebrado sin ninguna garantía democrática, y aprobar un engendro legislativo para dar los primeros pasos de la non nata República catalana. Han desafiado al Tribunal Constitucional y llamado a la ciudadanía a defender la sedición en la calle. No sólo han violado la Constitución -votada con entusiasmo por una aplastante mayoría de ciudadanos de Cataluña en 1978- sino su propio Estatuto que, por cierto, en 2006 obtuvo un escuálido respaldo popular (36,1% del censo electoral).
Lo peor es que esto sucede en una de las comunidades más prósperas de España. La revolución separatista no lucha por una sociedad más libre, más justa, más igualitaria, más solidaria. No ha enarbolado la bandera de los desheredados ni de los marginados como en las revoluciones de los siglos precedentes. Parece más bien fruto de la irresponsabilidad de un grupo de inconscientes pequeño-burgueses dispuestos a recibir con alegría el abrazo del oso de los anarquistas y de los anticapitalistas, enemigos declarados del sistema democrático y de la economía de mercado. Justo el marco en el que Cataluña ha progresado en paz y en libertad.
Jaime Ignacio del Burgo fue presidente de la Diputación-Gobierno de Navarra, senador constituyente y diputado.