Durante tres meses Bélgica ha vivido sin Gobierno, su deuda pública se acerca al 100% del PIB y el diferencial actual de sus bonos a 10 años frente al marco alemán es tres veces más elevado que a comienzos de año. ¿Será Bélgica la siguiente víctima de una crisis de deuda soberana?
Hasta ahora el país ha logrado mantenerse fuera de las pantallas de radar de gran parte de los inversores internacionales, que se centran en Grecia, Irlanda, España y Portugal. Pero esa situación podría cambiar si la crisis política, que ya dura más de dos años, no se resuelve pronto. En las elecciones generales de junio, el partido separatista NVA se convirtió en el primero de Flandes, mientras que en la francófona Valonia los socialistas fueron los más votados. En las posteriores negociaciones para formar una coalición, que han propiciado un difícil tira y afloja entre los siete partidos que en la actualidad participan en ellas, el NVA ha optado por acordar primero una reforma federal y después constituir el Gobierno. Desde el punto de vista político, todo ello ha conducido a un punto muerto que podría paralizar el sistema durante meses.
Sería útil abordar el futuro económico de Bélgica planteando cuatro escenarios distintos. El primero, el statu quo, quizá sorprendentemente, es muy improbable. De darse ese escenario, las regiones ya no recibirían más competencias del centro. Sin embargo, el proceso de reforma constitucional comporta tanto capital político que quizá los principales partidos de Flandes y Valonia no puedan darle la espalda. Según las últimas encuestas, si ahora se repitieran las elecciones, el NVA tendría más votos en Flandes que en junio. Parece que lo mismo podría decirse de los socialistas valones. Unos nuevos comicios precipitarían todavía más a Bélgica por la senda del separatismo.
Si se diera el segundo escenario, los partidos acordarían mínimas transferencias a las regiones. En virtud de un acuerdo condicional previamente negociado, estas recibirían un total de 15.800 millones de euros para afrontar sus gastos. El punto crítico es la parte de los ingresos fiscales que les correspondería. Este escenario de mínimos encajaría con la cifra máxima del 10% de los impuestos que según los socialistas habría que transferir a las regiones.
En virtud del tercer escenario, el monto para gastos sería el mismo, pero la magnitud de la transferencia fiscal sería considerablemente superior, algo que coincidiría más con las exigencias del NVA, que demanda el 50% de los impuestos. ¿Qué consecuencias tendrían para la deuda pública y para el conjunto del déficit estos dos escenarios descentralizadores? Es esta una cuestión que apenas se ha abordado en las negociaciones actuales.
El problema es que ambos escenarios descentralizadores son fundamentalmente insostenibles. En uno u otro, o bien el Estado federal o bien las administraciones regionales llegarían en algún momento a carecer de recursos suficientes para cubrir sus gastos.Si se diera el escenario dos, el presupuesto del Estado federal podría encontrarse en mejor situación frente a la deuda y para sufragar la seguridad social, pero la parte de ingresos correspondiente a las regiones sería demasiado reducida como para permitirles afrontar la nueva lista de responsabilidades.
Si se diera el escenario tres, el Estado federal podría no ser ya capaz de financiar el resto de sus deberes, es decir, el servicio de la deuda belga y el coste de la seguridad social para sus ciudadanos. Las perspectivas de la deuda pública tampoco son halagüeñas, ya que el porcentaje del PIB que consume podría estabilizarse en el escenario dos, pero en el tres probablemente continuara incrementándose. Este deterioro sería más acusado si el crecimiento económico fuera menor y la tasa de interés real más elevada de lo previsto.
El escenario cuatro sería la desmembración del país. Resulta difícil plantearse cómo podrían los partidos acordar la completa disolución de Bélgica, ya que esas formaciones siguen teniendo interés en mantener el Estado y la opinión pública aún no tiene ganas de situarse en ese escenario extremo. Sin embargo, el clima político está muy cargado, de manera que esa posibilidad, por irracional que parezca, tampoco puede descartarse.
La desintegración, que nunca podría ser fruto de un acuerdo amigable entre las regiones, solo sería concebible con un mediador externo. Si se llegara a un acuerdo de disolución del país, evidentemente, este comportaría la transferencia de todos los gastos y la capacidad impositiva a las regiones. Menos claro está qué ocurriría con el legado de las deudas pendientes, entre ellas la deuda oculta de la seguridad social. Habría que llegar a algún acuerdo para compartir ese peso.
Otro interesante asunto es el relativo a si Bélgica dejará de existir tal como la conocemos o continuará existiendo con una conformación territorial distinta. Esta segunda posibilidad significaría que una o dos regiones se desgajaran del resto para constituir un nuevo Estado. Recientemente, los francófonos han indicado que Valonia y Bruselas deberían constituir una nueva Bélgica, dejando que los flamencos decidieran si quieren o no separarse de ella. Evidentemente, los flamencos también reclaman sus derechos sobre Bruselas.
Sea cual sea el resultado final, irá precedido de inestabilidad política. Entretanto, los costes del endeudamiento aumentarán, acentuando así el carácter negativo del comportamiento de la deuda, el que se expresa con elevadas tasas de interés real y escaso crecimiento económico.
La posibilidad de que Bélgica sea la próxima víctima de una crisis de deuda dependerá del escenario que acaben eligiendo los belgas. Cualquier escenario descentralizador tendrá un elevado coste político, financiero, o ambos a la vez.
Susanne Mundschenk, directora ejecutiva de Eurointelligence ASBL. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo