¿Será posible controlar a Trump?

¿Cómo afectó la elección de 2016 en Estados Unidos (que dio al Partido Republicano el control de la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes) al tan aclamado sistema de controles y contrapesos establecido por la constitución del país? En mi opinión, prácticamente lo anuló.

Los controles y contrapesos dependientes del poder judicial están en riesgo. Lo único que puede impedir a los republicanos cubrir la vacante de la Suprema Corte que no dejaron llenar a Barack Obama es que el Partido Demócrata apele al uso continuo del “filibusterismo legislativo” (maniobras dilatorias legales para impedir la votación de leyes). Y es posible que la edad de los miembros de la Suprema Corte abra pronto nuevas vacantes, que en la actualidad son ocupadas por jueces liberales y de centro. De modo que los republicanos cuentan con buenas chances de crear una mayoría conservadora entre los nueve miembros de la Suprema Corte que podría durar décadas, especialmente si en 2020 el partido vuelve a ganar la presidencia.

Esa mayoría puede debilitar los controles democráticos, por ejemplo los límites a la financiación de campañas, a los que el fallo en el caso Citizens United de 2010 asestó un golpe devastador. Por una mayoría de 5 a 4, la Corte decidió que las corporaciones son “asociaciones de individuos” y que, por tanto, limitar cuánto dinero pueden aportar a campañas políticas supone una violación de su derecho a la libertad de expresión conforme a la Primera Enmienda constitucional.

El obstruccionismo republicano en el Senado también puso en riesgo otros niveles del sistema judicial federal. Durante el segundo período del presidente Barack Obama, el ritmo de designación de nuevos ocupantes para cubrir vacantes en los tribunales de distrito y circuito estadounidenses se redujo a un mínimo en 50 años. Ahora Trump puede llenar rápidamente esas vacantes con jueces conservadores que acaso debiliten más el sistema de controles y contrapesos.

El poder de los estados para controlar al presidente tampoco salió indemne. Dados los nuevos alineamientos partidarios en ese nivel (los republicanos ahora controlan un récord de 68 de las 99 cámaras legislativas de los estados y 33 de las 50 gobernaciones), la posibilidad de enfrentamientos con el gobierno federal está sustancialmente reducida.

Esto trae consecuencias a largo plazo. Desde 2013, cuando otra decisión de la Suprema Corte por estrecho margen dejó sin efecto práctico la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohíbe la discriminación electoral de las minorías, muchos o casi todos los estados con mayoría republicana en ambas cámaras aprobaron leyes y regulaciones que buscan suprimir su voto por diversos medios, por ejemplo: reducir la cantidad de sitios de votación en áreas donde predominan; exigir a los votantes una identificación con foto (por ejemplo, licencia de conducir), que muchos de sus miembros no poseen; y eliminar la posibilidad de registrarse el mismo día de la elección y de votar en domingo, dos alternativas muy populares entre las minorías.

Un tribunal federal de apelaciones anuló una ley de este tipo aprobada en Carolina del Norte, porque suprimía la participación electoral de los afroamericanos con “precisión casi quirúrgica”. Pero si los republicanos designan más jueces, estos contrapesos se volverán más escasos. Y si la supresión de votantes ayuda a los republicanos a obtener control de cada vez más legislaturas estatales, podrían aprobarse más leyes similares.

Hay algún motivo de esperanza: la fuente última de controles y contrapesos es la constitución estadounidense, que es de todas las constituciones democráticas la más difícil de cambiar. Enmendarla por la vía normal exige, entre otras cosas, una mayoría cualificada de dos tercios en la Cámara de Representantes y en el Senado, donde los republicanos no tienen ni remotamente ese nivel de dominio.

La otra vía para la enmienda constitucional es que dos tercios de las legislaturas estatales (34 de los 50 estados) voten para exigir al Congreso la celebración de una convención constituyente, que esta proponga la enmienda y que luego sea ratificada por tres cuartas partes de las legislaturas o convenciones estatales. Jamás en la historia de los Estados Unidos se aprobó una enmienda por este mecanismo. Pero a pesar de que para hacer un intento creíble los republicanos necesitarían obtener el control de al menos tres o cuatro legislaturas más, esta posibilidad debería ser más preocupante de lo que parece.

De no haber una enmienda, Estados Unidos está protegido contra algunas de las promesas de campaña más escandalosas de Trump. Propuestas como restringir la inmigración sobre la base de la religión son inconstitucionales. Y otras propuestas dañinas pueden bloquearlas los demócratas apelando al “filibusterismo” en el Senado, donde los republicanos no tienen los 60 votos necesarios para impedírselo.

Es verdad que al comienzo de la sesión 2017-2018 del Senado se podrían modificar las normas procedimentales para impedir el filibusterismo, pero los líderes republicanos deberían pensar que en el futuro pueden estar en la oposición y ser ellos los que quieran apelar a esas maniobras. Si aun así decidieran esa jugada, reducirían considerablemente el poder de oposición de los demócratas durante los próximos años.

En política exterior, Estados Unidos nunca puso muchas restricciones a su presidente, aunque pueden aplicarse aquí algunas limitaciones externas. Por ejemplo, Trump no puede cumplir de inmediato su promesa de abandonar el acuerdo climático de París, un tratado internacional que todos los firmantes están obligados a respetar por al menos cuatro años. Pero podría debilitarlo, por ejemplo indicando a países como la India que Estados Unidos no cumplirá sus compromisos.

En política interna, Trump tendrá amplio margen de acción. Lo más vulnerable es la Ley de Atención Médica Accesible (Obamacare), que dio cobertura a 20 millones de ciudadanos que antes no tenían seguro médico. También están en riesgo las reformas financieras de la ley Dodd-Frank de 2010, que busca controlar a bancos y otras instituciones financieras “demasiado grandes para quebrar”.

Los ciudadanos preocupados que quieran restablecer los controles y contrapesos en Estados Unidos tienen ante sí tres tareas urgentes. En primer lugar, deben comenzar a sentar las bases para ganar al menos tres escaños más en el Senado en 2018. En segundo lugar, deben actuar para impedir que los republicanos obtengan el control de tres cuartos de las legislaturas de los estados, lo que les permitiría tratar de enmendar la constitución. Y en tercer lugar, deben movilizar a más conciudadanos para que rechacen políticas y tácticas de corte autoritario y apoyen alternativas democráticas más inclusivas.

La existencia de alternativas convincentes es el control más importante contra los políticos populistas con tendencias autoritarias que obtienen el poder por las urnas. Llegada la próxima elección presidencial, puede ser que los votantes estadounidenses, como sus homólogos británicos que votaron por el Brexit, estén arrepentidos de su decisión. Pero no será suficiente: hay que crear alternativas atractivas y creíbles.

Alfred Stepan is Professor of Government at Columbia University. Traducción: Esteban Flamini.

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