¿Será un Anschluss a la inversa o un Putsch de la Cervecería?

Cuando se filtraron los primeros borradores de la Ley de Transitoriedad y juristas de muy diversa ideología comenzaron a exteriorizar su perplejidad y espanto, Puigdemont quiso burlarse de sus críticas diciendo, como si una y otra cosa fueran distintas, que “te acuestas nazi y te despiertas bolivariano”. Más allá del pleonasmo, la técnica de autoprotección recuerda a la leyenda según la cual el verdadero Jack el Destripador se sulfuraba ante las revelaciones policiales sobre sus iniquidades y clamaba que, cualquier día, iban a decir que “ese hombre” apuñalaba a las mujeres en las ingles.

Pero una cosa es seguirle el juego dialéctico a Puigdemont y otra distraernos. Ahora que, de la mano de la catedrática Laura Freixes, ya hemos visto cómo el texto que pretenden aprobar los separatistas es, desde el punto de vista de la técnica jurídica, un fiel remedo de la Ley Habilitante de 1933, mediante la que los nazis acabaron con la República de Weimar, por la vía de la superposición al orden constitucional de una legalidad sobrevenida, ha llegado el momento de plantearse con rigor hasta qué punto aquel régimen totalitario sirve de espejo fiel de la conducta del separatismo catalán.

Es una tentación en torno a la que muchos merodean en Cataluña -el último el ex director de La Vanguardia Lluis Foix, al relacionar tímidamente la película La decisión del Rey con el proceso soberanista- pero en la que nadie ha terminado de caer de forma solvente. Tal vez porque todos sabemos en qué desembocó el nazismo y, por muy pocos escrúpulos que vayan demostrando, ninguno vemos hoy a Puigdemont, Junqueras o siquiera Anna Gabriel ni gaseando andaluces ni invadiendo la Comunidad Valenciana.

Pero si pudiéramos olvidarnos de lo que Hitler y los suyos hicieron una vez que lograron controlar los resortes clave del poder y dejáramos a un lado los elementos circunstanciales que separan ochenta años de civilización, sería bastante científico catalogar coincidencias sustanciales. Tanto desde el punto de vista de la dinámica política, como desde el estudio de las conductas colectivas.

En uno y en otro caso partimos de la configuración de un mito identitario del que emana una idea fuerza y un sistema de interpretación de cualquier crisis. Igual que los nacionalistas alemanes se sentían constreñidos en su realización personal y colectiva por las potencias promotoras del Tratado de Versalles, los nacionalistas catalanes se sienten frustrados en sus aspiraciones como pueblo por la pertenencia a España. A partir de ahí todas las calamidades económicas o políticas, todas las contrariedades sociales o incluso deportivas se atribuyen a ese yugo culpable que ahoga y estrangula.

El punto de no retorno en la escalada victimista es el momento en que los políticos nacionalistas se hacen con los resortes de la educación y la propaganda. Nuestro Estado autonómico ha sido tan estúpido que les ha abierto las puertas de las conciencias de los jóvenes, de la misma forma irresponsable con que los troyanos dejaron entrar en el recinto de su muralla al caballo enviado por los aqueos.

Teniendo en sus manos el control de la enseñanza, la televisión pública y los medios privados más ansiosos de ser sobornados, sólo era cuestión de tiempo que se moldeara una mayoría social independentista. Hasta hace una década el separatismo no pasaba del 30%; según la encuesta de EL ESPAÑOL y SocioMétrica que comenzamos a publicar hoy, ya alcanza el 50% pero llega al 60% entre los jóvenes; y, si todo continua igual, en la próxima generación se acercará al 70%.

El paralelismo con los nazis facilita la interpretación simplista del soberanismo catalán como una forma de fanatismo. Pero no hay que llegar tan lejos. El libro del psicobiólogo Alfred Tobeña La pasión secesionista ofrece una alternativa mucho más amable, al homologarlo al enamoramiento y atribuirlo a la segregación de una misma enzima cerebral: la oxitocina. Frente al desdeñoso y exasperado “los catalanes se han vuelto locos”, surge la disección de un ensimismamiento grupal, basado en realidades culturales, fantasías históricas y delirios de grandeza. Todo ello ha ido decantando la autoestima supremacista por la que tantos catalanes se consideran mejores que los demás españoles.

Obnubilación tribal o pasión romántica, el caso es que estamos ante un sentimiento que, encauzado desde el poder por sus mentores –esta es la clave- genera una permanente profecía autocumplida: como todos los males vienen de España y siempre hay de qué dolerse, los líderes del ‘procés’ tienen a la vez una explicación para cualquier problema y una coartada de impunidad para cualquier desmán. En un Estado que, más que tolerar, estimula la disidencia centrífuga, con un Gobierno estaférmico y una opinión pública aferrada al mantra del diálogo, las élites separatistas tienen todo que ganar, en términos de gloria y poder, y muy poco que perder.

La agitación callejera es, a partir de esas premisas, una función fisiológica del cuerpo político. Si no diera miedo, la iconografía nacionalista daría risa. Una cruz de palotes entrelazados sobre un círculo blanco con fondo rojo, una estrella blanca sobre fondo azul dentro de un triángulo. Con esos códigos visuales siempre regresamos al planeta de los simios.

Esvásticas o esteladas, qué más da, lo importante es que cacen ratones. O sea, patriotas catalanes. Cuanto más jóvenes, mejor porque “el mañana les pertenece” a estos niños que dentro de ocho días recibirán su bautismo de odio a España en la Diada.

Y en esa fagocitación del individuo por la masa, es Cataluña la que rinde homenaje a Orwell. Para sus dirigentes, la mentira es la verdad; la guerra es la paz; el odio es el amor; la usurpación de competencias, el ejercicio de derechos; y la invocación de la legalidad, la negativa al diálogo.

Tildar de “encerrona” lo sucedido en la manifestación del sábado pasado, cuando el Rey se vio rodeado de carteles impresos que le achacaban la responsabilidad de la matanza de las Ramblas, no es sino una bobalicona forma de “autoengaño” gubernamental. Todos sabíamos lo que iba a pasar. De ahí que EL ESPAÑOL desaconsejara la asistencia de Felipe VI. De ahí que “la decisión del Rey” fuera esta vez tan equivocada.

Hace tiempo que los líderes separatistas tienen la costumbre de aplicar a los máximos representantes del Estado las mismas técnicas de intimidación que empleaba Hitler para amedrentar a los visitantes extranjeros cuando acudían a su reducto alpino del Berghof. La satisfacción de Puigdemont al escuchar los abucheos al jefe de ese Estado que pretende destruir, después de que Felipe VI aceptara marchar incautamente a su lado en pie de igualdad, es la misma que vimos pintada en la ladina sonrisa de Artur Mas durante la monumental pitada del Camp Nou.

Ni en las peores pesadillas podíamos haber imaginado que estaríamos a cuatro domingos de la fecha señalada para un referéndum ilegal, con la independencia unilateral de Cataluña en juego, sin que se hayan activado las previsiones constitucionales para impedirlo. Máxime cuando el contenido de las dos “leyes de desconexión”, presentadas a bombo y platillo, revela el guión de un brutal golpe de Estado que pretende liquidar, por la vía de los hechos consumados, derechos básicos del conjunto de los españoles e imponer un régimen totalizador a la mitad de los catalanes que aun no les es adicta.

El escarnio final de que la Ley de Transitoriedad, destinada a proclamar la República Catalana, vaya a aprobarse antes de que se celebre el propio referéndum de cuyo resultado depende, teóricamente, que se siga o no ese camino, demuestra ante qué tipo de gente estamos. Supone nada menos que anteponer el hecho constituyente al nacimiento del presunto sujeto constitucional.

En cuanto a los derechos democráticamente adquiridos por los ciudadanos, primero se dispara y luego se pregunta al moribundo si quiere ser enterrado por sus propios asesinos. Es lo que hizo Hitler con su Anschluss en 1938: primero se plantó por la fuerza en Viena, luego preguntó a los austríacos si estaban a favor de esa “unión voluntaria”. Como él era ya quien contaba los votos, y había que rellenar la papeleta delante de los “observadores” de las SS, el “sí” ganó con más del 99%.

Esta vez lo “voluntario” sería la “desconexión”, es decir, la secesión patrocinada, como juez y parte, por las autoridades autonómicas que, como todos los golpistas, tratan de dinamitar el Estado, ciñendo cinturones explosivos sobre el vientre de las instituciones cuyas funciones tienen encomendadas.

El escarmiento en la persona de Gregorio Morán y la avalancha de improperios y amenazas desatada por las autoridades -¡incluido el jefe de la policía que tendría que protegerle!- contra el director de El Periódico, indican lo que ocurriría con la libertad de expresión en esa República Catalana. Mentiras como la de Puigdemont, respecto del aviso de la inteligencia americana sobre “un ataque en La Rambla”, se convertirían en inamovibles verdades oficiales y quienes se empeñaran en cuestionarlas serían convenientemente linchados.

Alegan Rajoy y Soraya que no pueden ser los primeros en desenfundar, pues necesitan la autoridad moral del que actúa en legítima defensa, y nada cabe hacer por tanto hasta que las “leyes de desconexión” no sean aprobadas por el Govern o al menos tramitadas en el Parlament. Eso es así en el ámbito de la respuesta penal, que pasa por la suspensión de los actos jurídicos por el Tribunal Constitucional y la persecución por desobediencia de quien incumpla sus resoluciones. Pero los pasos reglados de la Justicia harían imposible neutralizar a tiempo a los golpistas, con esos únicos recursos.

Sólo la decisión política de recurrir a medios legales extraordinarios serviría ya para frustrar su propósito. Y tras haber dejado caducar irresponsablemente los plazos de aplicación del artículo 155, sólo la Ley de Seguridad Nacional ofrece al Gobierno un camino fulgurante y eficaz para hacer efectiva la anulación de la consulta. Se trataría de poner a todas las autoridades de Cataluña bajo la dependencia directa de la Delegación del Gobierno u otra autoridad especial y asumir así el control de los Mossos.

Es una vía que sin lugar a dudas tendría la respuesta de la movilización popular y probablemente desencadenaría una espiral de acción y represión, en la que no cabría descartar que se produjeran víctimas. Muchos están convencidos de que eso es lo que busca la CUP. Pero sería la única alternativa a la aceptación pasiva de la independencia unilateral de Cataluña que le quedaría al Estado. Especialmente si el TC, apurando la última flecha de su carcaj, suspendiera a Puigdemont y otro tomara el relevo en su empecinamiento.

El PSOE ya está dando a entender que no apoyaría al Gobierno en esa deriva, pues sería fruto de sus dejaciones durante años de parálisis política, y parece claro que Podemos se opondría frontalmente en pos de su oportunista ganancia de pescadores. Rajoy ni siquiera ha tratado de buscar complicidades entre los partidos constitucionalistas -el nivel de información de Sánchez y Rivera sobre sus planes es bajísimo-; pero confía en que la sensación de agravio por la falta de escrúpulos del separatismo, al tratar de arrollar la legalidad, decante la opinión pública a su favor.

Estaríamos así en la respuesta del Estado a algo equivalente al llamado Putsch de la Cervecería de 1923, cuando Hitler y sus compinches trataron de hacerse con el poder en Baviera mediante un levantamiento de la extrema derecha y fueron detenidos y encarcelados, tras dejar un saldo de catorce nazis y cuatro policías muertos.

Sólo las disensiones en el bando separatista o el canguelo final de quienes vean su carrera y patrimonio personal en riesgo podrían evitarnos esa encrucijada. Pero es evidente que, llegados a tal punto, siempre sería preferible -sobre todo para los austriacos, es decir para los catalanes no separatistas- que el Estado recurriera al legítimo uso de la fuerza frente al putsch de la Generalitat, que someterse a ella aceptando un “Anschluss” a la inversa.

Pero que nadie se autoengañe más. Tanto en el supuesto de que el drama se trasladara a unas nuevas elecciones catalanas, como en el de que el Estado tuviera que suspender total o parcialmente la autonomía, el paso del tiempo no sólo no arreglaría por sí mismo el problema sino que seguiría agravándolo. Esa es la gran lección que nos ha legado la Alemania que transitaba por el “valle oscuro” de aquella Europa de entreguerras. Y optando por el deshonor para evitar la guerra, siempre se acaba acumulando lo uno a lo otro. Sólo una reforma constitucional que haga compatible el reconocimiento de la identidad de Cataluña con la garantía reglada de la lealtad de sus instituciones al orden del que emanan, podrá salvarnos de la catástrofe.

Pedro J. Ramírez, director de El Español.

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