El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fueron 48 de los entonces 55 miembros de la organización los que se pronunciaron a favor mientras que se abstenían la URSS y sus satélites del bloque socialista, Arabia Saudí y Sudáfrica. Con ello, la Asamblea General culminaba un trabajo comenzado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tres años antes, apenas nacida la institución, y sentaba las bases para el desarrollo de lo que la misma Carta de San Francisco había establecido en su preámbulo: «Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos... a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas...».
Fue Eleanor Roosevelt la que presidió las sesiones épicas de la Comisión de Derechos Humanos y junto con el de ella, los nombres de los delegados que participaron en la negociación son ya parte fundamental de esa historia. Está siempre en primer lugar el del francés Rene Cassin, hombre de múltiples sabidurías y empeños políticos y humanitarios, pero también el del libanés Charles Malik, y el del chileno Hernán Santa Cruz, y la del ruso Bogomolov, y la del chino Peng-chun Chang, y la del británico Dukes, y el australiano Hodgson y el canadiense Humphrey. Los treinta artículos que pusieron sobre el papel eran, y siguen siendo, el mejor resumen de las convicciones acumuladas durante siglos por el mundo grecoromano y judeocristiano y más tarde revolucionario y liberal sobre las exigencias derivadas del respeto a la persona humana en sus derechos y libertades. Era también, y sigue siendo, la respuesta a la barbarie desatada por los nacionalismos tribales y los totalitarismos genocidas, que sumieron a la humanidad en variadas hecatombes desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, tras el final de la II Guerra Mundial.
En 1966 el sistema inaugurado por la Declaración Universal, texto declamatorio que no contiene directamente vinculaciones jurídicas, se vio completado por dos pactos que sí las integran: el dedicado a los Derechos Civiles y Políticos y el que considera los Económicos y Sociales. Declaración y Pactos conforman lo que hoy se conoce como la Carta de los Derechos Humanos.
España no entró a formar parte de la organización hasta 1955. Mantuvo una relación respetuosa con diferentes instrumentos posteriores dedicados a los derechos humanos, pero sólo en agosto de 1975 admitió una vinculación indirecta con la Declaración Universal. Fue al firmar el Acta Final de Helsinki, que incluía en uno de sus principios el del respeto a los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal y en los Pactos. Apenas instaurada la Monarquía y nombrado Adolfo Suárez presidente del Gobierno en julio de 1976, Declaración y Pactos servirían para señalar la inequívoca voluntad democratizadora de las nuevas instituciones españolas al anunciar Marcelino Oreja, entonces ministro de Asuntos Exteriores, ante la Asamblea General en septiembre de 1976, la adhesión del Gobierno español a la Declaración Universal y la decisión de proceder a la ratificación de los Pactos Internacionales. Sería Suárez el que depositara los instrumentos de ratificación en la Secretaria General de la ONU en abril de 1977. Así comenzaría el camino de la España primero ausente y luego firme defensora de los preceptos que la Declaración establece. Hasta incluir en su Constitución el artículo 10,2: «Las normas relativas a los Derechos Humanos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».
El 10 de diciembre de 1998 el Congreso de los Diputados de España aprobó la iniciativa tomada por la Comisión de Asuntos Exteriores para crear una subcomisión encargada de conmemorar el cincuenta aniversario de la Declaración Universal. Los textos correspondientes fueron aprobados por la unanimidad de la Cámara pocos meses después y contienen un buen catálogo de compromisos, experiencias y propuestas. La Cámara española bien podría celebrar ahora las siete décadas de la Declaración Universal con la puesta a punto de aquellos textos. Cuando además se cumplen los cuarenta años de nuestra Constitución.
Javier Rupérez es Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.