Sexualidades, religiones y política

Las recientes elecciones costarricenses significaron cambio dentro de la continuidad. Un relevo generacional escenificado por un nuevo presidente de 38 años, Carlos Alvarado, y la prolongación del Partido Acción Ciudadana (PAC) que se institucionaliza, luego de su ingreso al escenario político a inicios de siglo, en abierto desafío al sistema bipartidista imperante.

El cambio ocurre en un contexto de transformaciones simultáneas en el sistema político y en el sistema de partidos, en una coyuntura caracterizada por las llamadas guerras culturales. La primera fase de campaña (octubre-enero) estuvo marcada por controversias en torno al matrimonio igualitario y la educación sexual en los colegios, lo que hizo posible el rápido ascenso de un partido evangélico pentecostal, en alianza temporal con la jerarquía católica, ambos espantados por el fantasma de la homosexualidad.

La discusión sobre la sexualidad logró enturbiar, para fortuna del candidato triunfador, el debate sobre el Gobierno actual, así como recientes escándalos de corrupción en la banca estatal.

La segunda fase de la campaña —necesaria puesto que ninguno de los contendientes alcanzó el 40% requerido para ser electo presidente—, estuvo signada por el rechazo de los sectores progresistas a la propuesta evangélica, centrada en la promoción de la familia tradicional y la potencial discriminación de los homosexuales en el empleo público, entre otros temas polémicos.

Los escritos de un líder pentecostal calificando de “satánica” a la Virgen de los Ángeles, baluarte de la religiosidad popular católica costarricense, desencadenaron la ruptura del catolicismo tradicional con los evangélicos. En vista de que el 62% de la población se declara católica y solo un 22% se puede ubicar dentro del protestantismo, el repudio del catolicismo hacia las posturas de algunos líderes pentecostales se volcó en las urnas el 1 de abril, provocando una avalancha de votos a favor del candidato oficialista.

Pero los resultados están lejos de circunscribirse a factores únicamente coyunturales. La situación es más compleja, debido a los grandes cambios económicos y sociales experimentados por Costa Rica en las últimas dos décadas, con fuertes repercusiones en el sistema político y partidario.

El sistema político se ha reconfigurado a causa del ingreso de nuevas fuerzas sociales y políticas al proceso político. El bloque en el poder se ha recompuesto derivado de las transformaciones en la producción. Costa Rica generó una nueva economía donde, en paralelo a la exportación tradicional de café y banana, surgieron nuevas actividades agroexportadoras, a la vez que se ingresaba en los mercados de tecnología y ecoturismo.

El nuevo paradigma económico explica también la asimetría del voto entre las provincias centrales y periféricas, donde clases medias urbanas educadas se encuentran vinculadas a las actividades de mayor valor agregado, mientras que sectores más pobres, blanco preferido del pentecostalismo asistencialista, están en las zonas bajas y costeras, alejadas del centro del país.

Las clases trabajadoras también se diversificaron. Nuevos procesos de diferenciación social reclaman nuevas necesidades de representación social, más allá del marco rígido del bipartidismo tradicional. Identidades partidarias en crisis, provocan una alta volatilidad, donde la gente cambia frecuentemente de intención de voto a lo largo de las campañas electorales. En este contexto brotan además los llamados partidos efímeros (flash parties), como lo demuestra el vertiginoso ascenso del partido evangélico, afectando directamente la recomposición del sistema de partidos costarricenses.

Es entonces cuando la movilización de clases medias urbanas educadas, ubicadas en el sector público, ejerciendo hegemonía cultural desde las universidades estatales, explican también el triunfo electoral: una amplia participación que unió a la izquierda tradicional, sectores progresistas y al conservadurismo católico en una alianza inverosímil.

Estos cambios de fondo explican la reorientación del sistema de partidos hacia el multipartidismo, particularmente reflejado en la recién electa Asamblea Legislativa, donde ninguna agrupación obtiene mayoría y el presidente electo solo cuenta con diez diputados de 57 posibles. En efecto, se vislumbran evidentes dificultades para la gobernabilidad, pues la diversidad de actores políticos origina una democracia empatada, en donde los actores sociopolíticos tienen capacidad de vetar las iniciativas de sus contrapartes, pero no logran construir hegemonía.

El nuevo Gobierno estará obligado a construir mayorías legislativas dado su carácter minoritario en el Parlamento. Para empezar, planea ofrecer cargos ministeriales a los opositores previa firma de una agenda legislativa común, lo que pareciera un intento de fabricar parlamentarismo dentro del presidencialismo, aunque sin voto de censura, las limitaciones son obvias. Algunos partidos opositores ya aceptan hablar de agendas legislativas, pero se distancian de la tentación de aceptar carteras ministeriales.

De cara a un nuevo mandato, dos grandes pruebas políticas esperan al joven presidente. La primera es la reforma fiscal para combatir un déficit del 7% del PIB, importante para enfrentar a las calificadoras de riesgo, pero además a los sindicatos del sector público, representados en su coalición política por el segundo vicepresidente, dirigente sindical destacado. Sin reducciones en el gasto y modificaciones en el empleo estatal, la reforma fiscal quedará reducida a aumento de impuestos, insuficiente para reducir las carencias en las arcas del estado.

En segundo lugar, la elección del nuevo directorio legislativo probará su capacidad de establecer alianzas con los partidos y líderes que no le apoyaron en la elección. La discusión sobre sexualidades, familias e injerencia religiosa quedó atrás. Solo una ágil gestión política permitirá el debate y los acuerdos en materia fiscal, deterioro de infraestructura, desigualdad creciente y estancamiento en la reducción de la pobreza; sin olvidar que la definición de políticas públicas deberá pasar por procesos de negociación intensa, dada la minoría legislativa del nuevo Gobierno.

Constantino Urcuyo Fournier es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Costa Rica y director académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA).

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