Shanghai y la universidad pública

En el reciente ránking de Shanghai de 800 universidades, el famoso Academic Ranking of World Universities (ARWU) creado en 2003, hay 26 universidades anglosajonas entre las 30 mejores del mundo. No hay ninguna española entre las 200 primeras y en las 100 siguientes -que ya no ordena- sólo hay tres: Pompeu Fabra, Barcelona y Granada. El grupo 301-400 incluye las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense y Santiago de Compostela;y el de las 401-500, cuatro: Politécnica de Valencia, Jaime I, País Vasco y Valencia. Así, España sólo tiene 11 universidades entre las 500 primeras del mundo (¡y 26 de las 800!), lo que constituye un nuevo varapalo al Sistema Universitario Español (SUE). El ARWU no dice que el SUE carezca de calidad, pero sí indica -salvo a quienes gustan de matar al mensajero- que ésta dista mucho de la que corresponde a universidades de la décimocuarta economía mundial.

Sin embargo, abusando del anumerismo del ciudadano medio, se presenta como éxito estar “entre las 500 primeras universidades” (léase entre la 401 y la 500). Las autoridades académicas, pese a su tradicional aversión a las evaluaciones externas de sus universidades, pues conllevan un inevitable juicio sobre su gestión, vigilan los ránkings con el rabillo del ojo por si apareciera alguno pasablemente favorable. Quienes sólo peinamos canas aún recordamos el rechazo casi general que mereció la primera valoración de las universidades, realizada en 1991 por el secretario de Estado de Universidades e Investigación, el físico Juan Rojo, siendo presidente Felipe González. La idea, entonces, era revolucionaria: evaluarlas externamente según los sexenios de investigación del profesorado. Las cinco primeras fueron la Autónoma de Barcelona, Complutense, Pompeu Fabra, Barcelona y Autónoma de Madrid; suspendieron 10 de las entonces 44 universidades (hoy hay 83, de ellas 33 privadas). El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, reflejó su malestar al declarar el 7-XII-1991 a Gaceta Universitaria su oposición a las clasificaciones, pues “se pueden sacar conclusiones inadecuadas”. Pero, pese a sus limitaciones, esa primera evaluación ministerial del SUE fue reveladora; tanto, que no volvió a repetirse.

Al margen de reflejar la insuficiente calidad del SUE, los datos del ARWU permiten extraer una segunda conclusión: la ausencia de mejora de las universidades españolas frente a las del resto del mundo. Según el ARWU, en los años 2017-2012 España ha tenido, respectivamente, 3/11, 3/12, 5/13, 4/12, 4/10 y 3/11 universidades, casi siempre las mismas, entre las 300/500 primeras del mundo. Esta estabilidad relativa, que la crisis no ha alterado sustancialmente, muestra ‘grosso modo’ que la financiación no es, como con frecuencia se pretende, la única causa de la actual situación del SUE. Por supuesto, las universidades españolas tienen un serio déficit económico, agravado por la alegre creación pre-crisis de centros y estudios innecesarios, pero no es menos cierto que presentan serias deficiencias estructurales y que éstas constituyen un gran obstáculo para su progreso.

Por otra parte, la exigencia social de universidades de auténtica calidad (¿por qué no se recuperó Salamanca a finales de los 70 como universidad de excelencia?) es tan escasa como el apoyo a la ciencia, lo que dificulta abordar las necesarias reformas estructurales. La sociedad, además, no está bien informada: la CRUE favorece el statu quo vinculando toda posible deficiencia a la falta de financiación, como si autoridades y estructuras académicas no tuvieran responsabilidad alguna. Claro que, en realidad, y pese a la magnitud de los presupuestos manejados, no hay nadie más irresponsable que un rector universitario: sólo rinde cuentas al Claustro, en el que profesores, estudiantes y administrativos atienden a sus propios intereses sectoriales.

Por eso la legitimidad democrática de los rectores, a veces esgrimida como arma arrojadiza, no es tan sólida como se pretende. Los intereses de su cuerpo electoral, al que pagaron el inevitable peaje para ser elegidos (graves y difíciles son los dilemas de un rector), no son necesariamente los de la sociedad que sostiene las universidades. Y esa sociedad, la única que de verdad confiere legitimidad democrática, no interviene a través de sus representantes en la elección de rector. La falta de participación real de la sociedad en el gobierno universitario (con las máximas garantías y cautelas anti-Cajas de Ahorro para evitar conflictos de intereses) es, hoy, uno de los problemas del SUE, cuidadosamente obviado por la CRUE. De hecho, el membrete que encabeza sus escritos, hoy reducido a CRUE-Universidades Españolas, ilustra por qué. En un lapsus freudiano, y como Luis XIV cuando afirmaba “L’État, c’est moi”, nuestros rectores parecen identificarse con sus propias universidades: la CRUE, dice su membrete, es el SUE. Por eso no puede sorprender el corporativismo de la CRUE, que explica -por ejemplo- su pobre y tardía reacción ante el lamentable escándalo de la Universidad Rey Juan Carlos, que otro sistema de gobierno universitario no hubiera tolerado.

El otro gran problema del SUE es la selección del profesorado. La última sequía de plazas -a cuenta de la crisis- ha envejecido a las universidades dramáticamente, pese a que la salud del estamento docente e investigador requiere que se creen de forma paulatina, pero constante, para que la selección sea mejor. Además, el actual sistema de acreditaciones, poco transparente, burocrático en extremo y finalmente coronado por la endogamia ya en las universidades, no favorece a los mejor preparados; los de fuera quedan excluidos de hecho. Durante muchos años las acreditaciones, a cargo de la cambiante y desastrosa ANECA, se han regido por baremos PPADPE, es decir, por Puntuaciones Pretendidamente Académicas Destinadas a Penalizar la Excelencia, y, de paso, a dificultar el regreso de los científicos expatriados.

No se conocen críticas públicas de nuestros rectores a la endogamia, a que se valore la docencia a peso o a la plaga de competencias, destrezas, habilidades and what not que (algunos) pedagogos consiguieron imponer tiempo ha. Hoy, el dominio de la langue de bois y sus consecuencias asolan las universidades con su intrínseca vacuidad e inútil burocracia, mientras sus rectores se ponen cuidadosamente de perfil para no parecer políticamente incorrectos. Hasta los sindicatos casi consiguieron en 2011, bajo el ministro Ángel Gabilondo, que la actividad sindical constituyera un mérito para obtener una plaza universitaria (sic).

Los criterios científicos tienen un peso especial en el ARWU: desde la Universidad de Berlín de Wilhelm von Humboldt (1810), la investigación es parte esencial de las buenas universidades. La ciencia española ha dado pasos de gigante en los últimos 35 años, gracias sobre todo a la financiación estatal, autonómica y europea de proyectos de investigación, sobre cuya concesión las autoridades ministeriales y académicas han tenido afortunadamente poco control. Pese a todo, la ciencia española tiene mucho camino que recorrer. Aunque el número de publicaciones científicas en España es alto, juzgar la ciencia de un país con ese criterio es engañoso; para medir cualitativamente su excelencia, los premios Nobel científicos proporcionan una guía tan simple como irrefutable. España sólo ha tenido uno, el de Ramón y Cajal ¡de 1906! (Ochoa era español, pero no su Nobel). Para apreciar nuestra situación, basta comparar: en 1939, Alemania tenía 35 Nobel científicos, Reino Unido 23 y Francia 15. Entre 1943 y 2015 Reino Unido recibió 56 Nobel, Francia 16 y Estados Unidos 233 (antes de la II Guerra Mundial sólo tenía 13); Italia tiene hoy una decena. Se mire como se mire, la ciencia en España aún no está globalmente a la altura del entorno europeo al que pertenecemos.

¿Qué puede hacer el SUE para mejorar? Además de recibir mejor financiación, debería afrontar sus problemas estructurales básicos, el sistema de gobierno y la selección del profesorado y, después (no antes), incrementar su autonomía. Sin embargo, el SUE está tan contaminado por intereses espurios (como los que favorecen la creación innecesaria de centros), que es difícil que pueda reformarse a sí mismo. Por eso concluiré recordando que, cuando hace 120 años Cajal escribía sobre la necesaria transformación del ideario de la comunidad docente (nihil novum sub sole hoy, por tanto), señaló “hay pocos hombres que puedan ser cirujanos de sí mismos. El bisturí salvador debe ser manejado por otros”. Hoy, ese bisturí podría ser una ley surgida de un Pacto Nacional por la Educación y la Ciencia. Alcanzar ese pacto es un deber de los partidos políticos más importantes.

José Adolfo de Azcárraga es presidente de la Real Sociedad Española de Física y catedrático emérito (Universidad de Valencia).

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