Días atrás se hizo público en este periódico un secreto a voces: en Cataluña, al igual que en otros lugares, se adoctrina. En este caso la afirmación deja de ser un mero contraste de opiniones entre miembros de la comunidad educativa, pues el documento que lo sustenta es un papel elaborado por la Alta Inspección Educativa que, en contra de lo que afirma una ministra, cuenta con el mismo rigor que cualquier otro informe científico.
El ocultado análisis presenta afirmaciones razonadas y evidenciadas en las que se aportan ejemplos de editoriales que explican, por ejemplo, que en Cataluña se pueden tomar decisiones vinculantes vía referéndum o que el 1 de octubre ocurrió todo en relación al argumentario de la Generalitat.
Todos sabemos, y después de este informe lo hacemos a ciencia cierta, que el adoctrinamiento lleva años produciéndose con total impunidad en nuestras aulas. Pero para llegar al extremo tan alarmante en el que nos encontramos se han tenido que tolerar distintos niveles consecutivos de manipulaciones que provocan la diferencia entre un mero caso aislado reversible y un problema endémico de difícil solución.
El primer nivel de adoctrinamiento que se ha tolerado es el del profesorado que se limita a aportar argumentos que refrendan su línea política, ocultando los de la contraparte para inducir una postura concreta al alumnado. Así, un profesor que quisiera adoctrinar a favor del soberanismo hablaría sobre la Historia y cultura propia de Cataluña desde un punto de vista excluyente, planteando sus tradiciones propias no como parte de la idiosincrasia española, sino como elemento de diferenciación respecto a ella. De esta forma, los alumnos recibirían información supuestamente verídica a través de argumentos parciales que modularían su opinión.
En el segundo nivel, que también se tolera, el docente no sólo se limita a aportar los argumentos de una parte de la Historia, sino que además, al hacerlo, utiliza evidencias que son directamente falsas. Siguiendo el ejemplo anterior, un profesor que pretendiera adoctrinar a favor del soberanismo diría que Cataluña era una nación que consiguió su independencia en 1714 y que fue posteriormente anexionada a España como colonia. De esta forma, los estudiantes aumentarían su indignación contra su país al recibir inputs en los que se les convence de que su pertenencia a nuestra nación no sería más que una aberración que, en todo caso, sería perfectamente reversible "si el Estado no fuera totalitario".
En el tercer y último nivel de adoctrinamiento, con el que ahora parece haber un escándalo generalizado, el problema pasa de darse en algunas aulas a metastatizar en todo el sistema educativo. El adoctrinamiento ya no parte en este caso de un docente concreto, surge de los libros de texto que, autorizados por la Administración autonómica, se convierten en la línea educativa de los centros escolares. De esta forma, con el ejemplo anteriormente descrito, las afirmaciones sobre la supuesta Historia de Cataluña vendrían recogidas en los propios manuales, a los que se les presupone neutralidad valorativa y, por ende, inducen a error directo de forma deliberada.
En el caso catalán, según este diario, y en el balear tal, y como afirma Libertad Digital, el nivel de adoctrinamiento al que hemos llegado es el máximo posible de la escala. Estamos en un punto en el que las manipulaciones se han elevado a la categoría de verdad científica, y éstas a su vez son transmitidas como ciertas a miles de alumnos y familias ante la total pasividad de los responsables políticos.
Precisamente por ello, ante esta labor de ingeniería social del independentismo, causa mayúscula sorpresa entre la ciudadanía el grado de tolerancia de gran parte de la clase política al respecto. Sin embargo, la explicación a esa cuestión es sencilla: no es electoralmente rentable acabar con el adoctrinamiento. Y no lo es por dos motivos muy simples.
El primero, porque sus efectos positivos no se producen en el corto plazo, por lo que no hay ningún resultado tangible rentabilizable en términos electorales. El segundo se debe a que, por el contrario, luchar contra los que pervierten la enseñanza en favor de una causa política sí que produce efectos negativos inmediatos, como son el acoso sistemático de los que la propugnan o la inquina política de las instituciones que les avalan.
Si a ello le sumamos la necesidad de contar con el apoyo de los partidos nacionalistas a efectos de la gobernabilidad del Estado, obtenemos una clara dejación de funciones que ha hecho que pasemos de un problema puntual que obviamos, como son docentes aislados que utilizan argumentos parciales para defender sus causas, a tener un problema endémico casi irreversible, como son libros de texto que mienten deliberadamente para que algunos españoles acaben odiando a su propio país.
Les voy a hacer una confesión. Hace algunos años este inconsciente que les escribe era presidente de las Islas Baleares. Tras haber visto los efectos del adoctrinamiento en los niños de mi Comunidad, impulsé una reforma para acabar con la inmersión lingüística, propugné una ley de símbolos para combatir el pancatalanismo y pedí más inspección educativa nacional.
Estas medidas me valieron la mayor manifestación de la Historia de Baleares. Efecto inmediato negativo, efecto positivo a medio-largo plazo. ¿Recuerdan? Haber luchado contra los que quieren romper España desde las islas, aún con el coste personal que me supuso, me hizo entender que necesitamos acabar con el cortoplacismo de la política nacional para conseguir, de una vez por todas, derrocar el proyecto a largo plazo que propugna el independentismo.
Soy consciente de que tener agallas para tomar esta decisión no es fácil. Recuerdo a un colaborador implorándome que no entrara en el tema de la lengua para no perder votos ni "meternos en líos", y la cantidad de horas que dedicaba a explicar que este tipo de decisiones, aunque fueran impopulares para un sector de la población, tenían que realizarse por convicción y no por electoralismo.
Si hay convicciones habrá votos. Sin convicciones ni habrá votos ni ganaremos elecciones.
Jamás me he arrepentido de haber hecho lo correcto. Y es que, que para derrocar a nuestro país tengan mentir sobre él dice mucho de la gran nación en la que vivimos.
Por eso, como siempre digo, no acabemos con España por omisión frente a los que quieren romperla por acción. Sólo hace falta valentía política.
Empecemos a tenerla.
José Ramón Bauzá es senador del PP y fue presidente del Gobierno de las Islas Baleares entre 2011 y 2015.