Si de ahorrar se trata

Los ignorantes en materia económica que en los últimos tiempos leemos y leemos sobre la actual crisis, muchas veces llegamos a la conclusión de que la economía de un Estado (o comunidad autónoma o ayuntamiento) no difiere mucho, en lo sustancial, de nuestra economía personal y familiar. Por un lado hay ingresos y por el otro hay gastos, ambos deben ser similares y equilibrarse. Si no es así, pueden suceder dos cosas, que haya déficit o que haya superávit. En el primer caso, a la corta o a la larga, hay que endeudarse; en el segundo, hay que ahorrar.

Ahora bien, si la deuda alcanza un volumen tal que no se puede hacer frente ni a la devolución del capital ni al pago de los intereses que genera, entiendo que caben dos caminos, uno sensato y otro insensato. El sensato es reducir los gastos en cantidad suficiente para que se pueda hacer frente a la deuda, tanto a los intereses como al capital. El insensato es seguir endeudándose - creo que se llama refinanciar la deuda-sin reducir gastos o, incluso, aumentándolos. El primero exige, de momento, un esfuerzo de austeridad, pero, a la larga, permite superar la comprometida situación siempre que vuelvan a aumentar los ingresos; el segundo, permite no disminuir el ritmo de gasto, pero a la corta o a la media deviene en ineluctable bancarrota y, de una u otra manera, se paga, con intereses muy altos, todo lo debido.

Estos procesos, que en el plano individual y familiar son fáciles de comprender, en el plano empresarial ya son más complicados y, en la economía de un país, mucho más aún. Por ejemplo, sólo es un detalle, los entendidos sostienen que no es nada seguro que se ingrese más al subir los impuestos, ya que este aumento puede frenar la inversión y, por tanto, el crecimiento, con lo cual aunque el tipo impositivo aumente la cantidad gravada disminuya y el total recaudado sea menor que antes de la subida. En todo caso, démoslo por bueno y ahora, en tiempos de desbordante déficit público, no subamos los impuestos que puedan repercutir negativamente en la inversión.

Ahora bien, por razones similares tampoco los bajemos, con el consiguiente aumento del déficit y, por tanto, de la deuda yde los intereses que esta genera. Esto viene al caso por la llamada supresión del impuesto de sucesiones que pretende el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y que ya es una realidad en otras comunidades autónomas. Ya sabemos que no puede suprimirlo - por eso nos hemos referido a la "llamada supresión"-,dado que se trata de un impuesto estatal, pero sí reducirlo a la nada, que es lo que pretende hacer, por compromisos electorales, el Govern de la Generalitat.

Las promesas electorales están, desde luego, para cumplirlas, pero sólo en la medida de lo posible. Si las circunstancias han cambiado y hay sólidas razones para rectificar, se debe rectificar. Si es cierto, como afirma el Govern, que la deuda de la Generalitat es mucho mayor de lo que pensaban antes de acceder al poder, ahí encontramos un sólido argumento para proceder a una razonable rectificación: no suprimir el impuesto de sucesiones. Un impuesto que, a mi parecer, desde el punto de vista de la justicia, si está bien planteado yes proporcionalmente adecuado a la cuantía de la herencia, es el más equitativo de todos los impuestos. En efecto, los herederos, sin mérito alguno de su parte, por el mero hecho de ser casualmente herederos, se embolsan un dinero que no se han ganado con el esfuerzo de su trabajo personal.

Una sociedad en la que el impuesto sobre las rentas del trabajo - es decir, el IRPF-es alto, especialmente para las clases medias asalariadas; una sociedad en la que el impuesto sobre el consumo - es decir, el IVA-también lo es y, además, por su naturaleza, es discriminatorio, ya que todos, sin distinción de su nivel de riqueza, pagan lo mismo; una sociedad en la que, por el contrario, no se tributa por recibir una cuantiosa herencia y ya hace unos años también se suprimió - esta vez por parte del Estado-el raquítico impuesto sobre el patrimonio personal, es una sociedad que lanza el mensaje de que nada debe cambiar dentro de sus plácidas aguas, que su estructura actual debe mantenerse sin que se recompense el esfuerzo personal, ni se promueva el esfuerzo en el trabajo, ni se fomente la igualdad de oportunidades, precisamente el tipo de igualdad que es más compatible con la libertad individual.

Se piden sacrificios a los trabajadores asalariados en sus condiciones laborales, ya ha disminuido el sueldo de los funcionarios, se anuncia que disminuirá el gasto en sanidad y educación, se va de hecho hacia una congelación de las pensiones y, en contradicción con todo ello, se suprime el impuesto de sucesiones. El ciudadano medio puede estar dispuesto a sacrificarse en momentos de crisis si comprende los motivos de su sacrificio - es decir, puede aceptar la política de austeridad-,pero detecta y rechaza, como los hijos respecto a sus padres, las incoherencias de sus gobernantes. Más allá de las razones de equidad esgrimidas, si de ahorrar se trata, la supresión del impuesto de sucesiones es en la actualidad una obvia incoherencia.

Frances de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *