Si la legislatura ya estuviese en marcha

Si la legislatura ya estuviese en marcha

España sigue bloqueada. Lleva así más de 300 días. La incapacidad de diálogo entre PP y el PSOE nos perpetúa en el bloqueo. Lo cierto es que resulta tremendamente frustrante. Estamos ante una enorme oportunidad perdida para dar un paso significativo hacia los países más avanzados de Europa. Una oportunidad perdida, no porque haya sido imposible llegar a acuerdos. O porque la distancia ideológica y de diagnóstico sea insalvable entre una mayoría parlamentaria. No porque no exista un mínimo común denominador de reformas sensatas que permita avanzar. Una oportunidad perdida, digámoslo claramente, porque los viejos partidos en España no han entendido el signo de los tiempos. Seguimos atrancados en la terriblemente tediosa, inútil y frustrante política de bandos.

Si estás con los de enfrente, estás contra mí. Negociar, consensuar, llegar a acuerdos es un signo de flaqueza. Si negocias, cedes. Si acuerdas eres débil. Al enemigo, ni agua. Y mientras tanto lo único que mueve la acción política en España es el avaro equilibrismo miope de subsistencia personal.

Desde las elecciones del 20-D ha habido dos acuerdos en España. Dos acuerdos que hubiera sido imposible alcanzar, vaya por delante, si Ciudadanos no existiera. Hemos sido el único partido capaz de sentarnos con quien piensa distinto y tender puentes para desbloquear la crisis institucional. A riesgo de que algunos de nuestros votantes no lo entendieran, sí. Y lo hemos hecho porque sabemos que detrás del ruido, detrás del marketing de corto plazo, existe un espacio posible de avances, de reformas de calado, que valía la pena intentar.

¿Cuáles son esos avances posibles? Pues bien, lo hemos dicho muchas veces, pero dos terceras partes de los acuerdos son esencialmente iguales: 100 de las 150 medidas del último acuerdo estaban ya reflejadas en el anterior. Y se trata de avances muy sustanciales esencialmente en cuatro grandes áreas, las cuatro áreas que nos convierten en una anomalía y nos separan de Europa: el empleo, la pobreza y la desigualdad, la educación y la corrupción. En ambos acuerdos existía un amplio consenso para lograr avances concretos en estos temas, en algunos casos muy ambiciosos.

Si la legislatura estuviese ya en marcha, los corruptos y defraudadores tendrían motivos para preocuparse. Se revisaría la amnistía fiscal para que todos los que se acogieron a ella paguen exactamente lo que la ley exigía, ni más ni menos, y para que expliquen el origen del dinero defraudado. Ningún político podría aferrarse a su cargo para evitar a la Justicia, porque se suprimirían los aforamientos. Los cargos públicos que fuesen encausados judicialmente por delitos de corrupción serían automáticamente cesados, y los que no pudiesen justificar un incremento sustancial de su patrimonio deberían rendir cuentas ante los tribunales.

Si terminara el bloqueo, nunca más los asientos del CGPJ volverían a ser repartidos entre los partidos políticos como un botín, ni la progresión de ningún juez o magistrado vendría motivada por sus contactos o influencias, sino tan sólo por su mérito y capacidad. Tampoco habría más impunidad: se prohibiría la concesión de indultos por delitos por corrupción, y todas las personas que la denunciasen serían protegidos y no, como ahora, condenados al ostracismo.

En lo que se refiere al empleo, compartimos con Grecia el dudoso honor de poseer la mayor tasa de paro en Europa, y con Polonia, el de la mayor tasa de precariedad. Uno de cada tres trabajadores tiene un empleo precario. Estos problemas podrían empezar a tener solución si la legislatura se encontrase ya en marcha sobre la base de lo acordado con PSOE y PP. La protección social de todos los trabajadores temporales aumentaría, reduciendo la dualidad laboral. Los derechos laborales dejarían de estar ligados al puesto de trabajo: los trabajadores dispondrían de un fondo de capitalización durante toda su vida laboral –la "mochila austriaca"–, que se llevarían consigo aunque cambiasen de trabajo y del que podrían disponer en caso de despido o jubilación.

Los trabajadores pasarían a ser el centro de las políticas activas de empleo, con más servicios de atención y orientación personalizados y con un nuevo sistema de cheques de formación para que fuesen los propios desempleados, y no ningún intermediario, quienes eligiesen los cursos que mejor se adaptan a sus preferencias y necesidades. Y nuestros autónomos encontrarían muchas menos trabas para ejercer su actividad, disponiendo de una cuota reducida de 50 euros al mes durante un año -no seis meses como ahora- y contarían con más opciones para garantizar que en ningún caso deban cotizar por ingresos que no hayan percibido.

La recuperación de las políticas sociales y la educación han sido las otras dos grandes preocupaciones de Ciudadanos reflejadas en ambos acuerdos. España ha sufrido en cuatro años los mayores recortes de la Democracia que, unidos a la mayor subida de impuestos hasta la fecha, han llevado hasta la extenuación a nuestra clase media y trabajadora.

En ambos casos nos comprometimos a recuperar los niveles de financiación estatal en los servicios públicos esenciales –sanidad, educación y servicios sociales– anteriores a la crisis económica. Si la legislatura ya estuviese en marcha, los trabajadores que no llegasen a fin de mes podrían beneficiarse de un Complemento Salarial Garantizado, que ya ha sido probado con éxito en otros países como Estados Unidos, Suecia o Reino Unido. Las familias desfavorecidas y con hijos disfrutarían de una ayuda de 150 euros al mes por cada hijo a cargo con la que podrían asegurar la atención de todas sus necesidades básicas. Las que sufriesen un desahucio podrían acogerse a la dación en pago de su vivienda y seguir habitando en la misma de manera gratuita por un periodo de dos años.

Los centros educativos contarían con financiación adicional, a través de un Plan de Refuerzo Educativo –Plan PREFE– para contratar profesores de apoyo con los que se pudiese contribuir a que el éxito de nuestros estudiantes dependiese menos del entorno del que provienen y más de sus propias capacidades. Los libros de texto, además, serían gratuitos, y con el nuevo Plan CONCILIA3 se crearían 200.000 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años, porque la verdadera igualdad de oportunidades pasa por que las condiciones de partida sean iguales para todos, sin excepción. Las más de 400.000 personas dependientes que aguardan su turno en una lista de espera podrían recuperar la esperanza al incrementarse sustancialmente la financiación por parte del Estado.

Del mismo modo, si la legislatura ya estuviese en marcha, la conciliación entre la vida laboral y familiar comenzaría a ser una realidad: los permisos de maternidad y paternidad se aumentarían y se equipararían, de modo que en 2018 cada progenitor contase con 8 semanas de permiso, iguales e intransferibles, a las que sumarían otras 10 semanas compartidas entre ambos.

Pero todo esto probablemente se quede en agua de borrajas. No porque no exista una comprensión transversal de lo que España necesita hacer. Sino porque la vieja clase política sigue sin entender que los tiempos han cambiado. Es una pena que Rajoy no haya sido capaz de ponerle algo más de ambición para lograr que este acuerdo fuese aún más transversal. Y, por parte del PSOE, si hay aspectos que considera necesario matizar de este acuerdo, ¿no podríamos tratar de negociar? Sánchez debería mirar menos a Andalucía y más a Alemania, donde podría aprender cosas del SPD.

Quizás la lección más importante de estas dos negociaciones es que cuando en política se dejan de lado las grandilocuentes afirmaciones sobre el bien y el mal, cuando desaparecen del discurso las grandes soluciones mágicas y las ideologías frentistas; cuando se habla de políticas concretas, cuando se pasa de los grandes principios al nivel micro y las soluciones específicas, los acuerdos son posibles. Es una pena que los viejos partidos sigan sin querer entenderlo.

Toni Roldán es portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso. Ramón Mateo es coordinador de la Oficina Económica de Ciudadanos en el Congreso.

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