Si Madoff fuese español

Si el ciudadano Bernard Madoff hubiese nacido y crecido en España, su periplo judicial sería muy diferente. El escándalo saltó en noviembre del 2008. El 11 de diciembre fue detenido y el juicio está previsto para junio del 2009.

Descubierta la estafa piramidal, el sistema judicial español habría reaccionado con inmediata celeridad ordenando su ingreso en prisión preventiva ante el indudable riesgo de fuga y el más que probable peligro de destrucción de las pruebas. Pero después de esta primera salida briosa de caballo alazán nos hubiésemos encaminado inexorablemente a una parada brusca de burro manchego. Todo está regulado y organizado para que esto suceda. Una vez elegido defensor, la maquinaria legal está preparada para crear el marasmo y el caos. Así ha sido y así sigue siendo.

El juez que llevase el caso pasaría inmediatamente al primer plano de actualidad. Su vida y actividad judicial serían examinadas con lupa y algunos medios llegarían a encontrar, entre los protagonistas del proceso, amistades del colegio, viajes juntos o posibles coincidencias en saraos y otros festejos.

Los abogados de Madoff bucearían en su currículo para comprobar si alguna vez había escrito o dicho algo sobre las estafas piramidales. Si ha tenido esa veleidad o se produce esa coincidencia, es casi segura su recusación.

Mientras tanto, los personajes implicados en la trama como actores, tramoyistas o víctimas irían desfilando por el Juzgado vertiendo manifestaciones interminables recogidas en varios folios que, unidos mecánicamente a otros, en menos de una semana, llegarían por lo menos al millar.

En el maremágnum de papel, que alcanzaría sin duda más de medio millón de folios, se intercalarían numerosas incidencias y recursos, nulidades parciales, o totales, peticiones de aplazamiento y, sobre todo, la lógica y perseverante lucha del acusado por conseguir su libertad hasta que se celebre el juicio. Los principios y las reglas juegan, como no podría ser de otra forma, a favor del reo.

El debate sería largo y terminaría, con toda seguridad, en la Audiencia, que tendría que resolver el recurso de apelación sobre la libertad o prisión, interpuesto por el fiscal o las partes.

La Audiencia, para tomar una decisión, tendría que conocer los antecedentes de la causa. Todos los españoles han visualizado, entre divertidos y atónitos, cómo se trasladan montañas de papel de las sedes judiciales a la audiencia. Si hay suerte y ambos órganos coinciden en el mismo edificio, se puede utilizar la carretilla y el montacargas. Llegado el papel a su destino, se notifica a las partes para que digan, después de examinarlos, si son suficientes o es necesaria más celulosa. Se celebraría una vista y la Audiencia tendría la última palabra.

En principio, el interés del preso se centraría en la rapidez y urgencia de los trámites. Pero nuestro sistema es muy versátil. Si la petición de libertad es insostenible, la situación se torna paradójica. A partir de ese momento se cambia el rumbo y el propósito de los abogados defensores. Ahora la opción más tentadora pasa por utilizar todos los obstáculos procesales para dilatar el procedimiento, con el doble propósito de alcanzar un tiempo en la tramitación de la causa que haga obligatorio por ley poner en libertad al señor Madoff.

Con implacable rigor constitucional, nuestro sistema impide mantener en prisión provisional a un imputado o acusado más allá del tiempo equivalente a la mitad de la pena máxima que, en caso de condena, podría imponérsele. Con el actual Código Penal, el máximo son seis años de prisión.

Es decir, la maquinaria y las posibilidades de retardar la investigación iría ahora a favor del sospechoso o imputado puesto en libertad.

Llegado ese momento, las opiniones expresadas en los medios estarían divididas. Los que representan los intereses de los posibles colegas del señor Madoff, se rasgarían las entretelas y dispararían contra todo lo que se mueve por el recinto judicial ligado de una u otra manera a la función jurisdiccional. Algunos analizarían las carencias del sistema y otros pondrían el grito en lo alto de la pirámide ante la libertad de tan «peligroso delincuente». En todo caso, la polémica ocultaría las raíces del problema.

Si al cabo de varios años se acabara la investigación, y existiesen bases para acusar al señor Madoff y sentarlo en el banquillo, la televisión nos ofrecería imágenes de carpetas cuidadosamente alineadas que contendrían, prefiero quedarme corto, como mínimo más de medio millón de folios.

El juicio seguramente sería apasionante para los implicados y la ingente cantidad de víctimas, pero terminaría siendo insoportable para el resto. Eso sí, sería grabado, y si alguna vez se decidiera la comercialización de los vídeos, se podría disfrutar de más de mil horas de visión hasta que el espectador decidiese suicidarse. Sobre todo si fuese una de las víctimas que, debido a nuestro impresentable sistema de ejecución de sentencias, se quedaría sin cobrar un solo euro.

Pero no se apresuren, la odisea no ha terminado. Con toda seguridad, si ya se ha regulado, habrá recurso de apelación. No es descabellado calcular dos años, como mínimo, para tramitarlo y decidirlo. No se vayan, todavía queda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, al final, una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por favor, no busquen culpables, es el sistema.

José Antonio Martín Pallín. Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.