Sí, pero…

¿Bastará la remodelación del Gobierno para detener el deterioro de imagen del Ejecutivo y la pérdida de confianza en Zapatero? ¿Será suficiente la tarea de los nuevos ministros, y especialmente la del nuevo vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, para poner remedio al desgaste enorme que supone gobernar con la peor crisis económica que se recuerda en décadas?

Todo parece indicar que el cambio de Gobierno servirá para corregir muchas de las disfuncionalidades que venían acumulándose en esta segunda legislatura. Por lo pronto, la primera comparecencia de Rubalcaba como portavoz tras el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno ha mostrado que se han perdido seis años en el terreno de la comunicación. La cantidad de explicaciones y mensajes que se podían haber transmitido durante los seis años anteriores (más allá del mantra de que «este Gobierno trabaja incansablemente por el interés general») es incalculable.

La mejora va a ser muy sustancial en el terreno de la comunicación. Igualmente, puede que se acaben de una vez por todas los líos de rectificaciones, contradicciones y ausencia de explicaciones, que tan habituales han sido durante esta legislatura. Hay ahora un equipo más integrado, dirigido y coordinado por gente más capaz que antes. De ahí que al Gobierno se le note más confiado y con ganas de dar la batalla, por muy mal que le estén yendo las encuestas.

Gracias a la remodelación, el Gobierno podrá recobrar la confianza de los ciudadanos en su capacidad. Hay una mayoría de ciudadanos que ven al PP como un partido más eficaz que el PSOE para hacer frente a los problemas económicos, a pesar de que por el momento los conservadores no hayan realizado propuestas relevantes y su partido esté envuelto en los peores casos de corrupción económica y despilfarro de dinero público de nuestra historia democrática. Esta percepción puede deberse en parte a que el PP nunca ha tenido que afrontar una crisis dada su breve estancia en el poder (ocho años frente a 19 del PSOE).

La mejora en la capacidad política y de gestión del equipo de Gobierno es, sin duda, una condición necesaria para que el PSOE detenga la profunda pérdida de apoyo popular que las encuestas revelan. Sin embargo, no será suficiente, pues la erosión del Gobierno obedece además a otros factores.

En concreto, desde mayo de 2010, cuando Zapatero se vio obligado a realizar el ajuste ante la crisis de la deuda pública, el Gobierno parece empeñado en repetir los mismos errores que cometió González durante su presidencia. En los años ochenta, una buena parte del electorado socialista percibió que el Gobierno estaba haciendo una política insuficientemente socialdemócrata en el terreno económico. Había una decepción muy extendida por lo que podríamos llamar la incoherencia ideológica, la distancia entre las ideas y la práctica.

Entre los votantes de izquierda, el porcentaje de voto al PSOE fue cayendo progresivamente, elección tras elección. El descontento se materializó en la huelga general de 1988 y en la fuerte caída de voto en 1986 y 1989. La desmovilización de los votantes de izquierda continuó luego por otros motivos (escándalos de corrupción, divisiones internas en el PSOE) y no se detuvo hasta la elección de Zapatero en 2000. En las elecciones de ese año, con Almunia todavía como candidato, entre quienes estaban ideológicamente más próximos al PSOE que a cualquier otro partido, solo uno de cada dos votó al PSOE. Esta tasa del 50% de «retención ideológica» del PSOE en 2000 contrasta con la del PP, que nunca ha bajado del 75%. En general, los votantes ideológicamente próximos al PP suelen votar a este partido de manera decidida y constante.

No debe sorprendernos, por tanto, que durante la segunda mitad de los ochenta y la década de los noventa, la tasa de abstención fuera mucho más alta entre los votantes de izquierda que entre los de derecha. Algunos votantes de izquierda no se sentían adecuadamente representados por el PSOE. Algo similar está ocurriendo ahora. No hay apenas transferencias de voto de unos partidos a otros. Simplemente, el electorado socialista tradicional se está desmovilizando a toda velocidad. Parte de ese electorado se reactivará durante la campaña electoral, pero otra parte muy importante se quedará en casa si la política no cambia.

Cuando se produjo la crisis de la deuda la primavera pasada, las circunstancias extraordinarias del momento y las presiones de las instituciones supranacionales obligaron al Gobierno a cambiar su orden de prioridades, haciendo de la reducción del déficit público el objetivo fundamental. Esta reducción tan rápida y expeditiva es probable que sea un obstáculo para la recuperación, pero Zapatero tuvo que llevarla a cabo para cortar los ataques especulativos a nuestra deuda pública.

Ahora bien, la decepción no se produce por la decisión de recortar el déficit, sino por la forma en la que se ha hecho. El Gobierno no tuvo más remedio que proceder al ajuste, pero no estaba obligado a realizarlo exclusivamente mediante la reducción del gasto, sin ninguna medida de aumento de ingresos que fuera más allá de la subida del IVA. Hay que recordar que el déficit no se ha producido como consecuencia de un comportamiento fiscal irresponsable del Estado, sino por una caída anormalmente profunda de los ingresos en 2009, que ya se está corrigiendo en 2010.

El Gobierno ha renunciado a medidas progresistas de aumento de ingresos (ha habido un aumento casi testimonial del IRPF para las rentas más altas), prefiriendo recibir certificados de buena conducta de las instituciones europeas, la OCDE y el FMI. A diferencia de otros países europeos, en los que sí se han aplicado algunas medidas novedosas, en España no se ha creado una tasa a la banca ni a los beneficios de las grandes empresas, ni se ha tomado ninguna medida especial para combatir el fraude fiscal (salvo un pequeño ajuste a la situación escandalosa de las Sicav).

Resulta chocante que en España no tengamos un Krugman local. La inmensa mayoría de los economistas serios repiten las mismas recetas y desprecian cualquier idea que no encaje en sus planteamientos liberales. El equipo económico del Gobierno no ha sido una excepción.

A diferencia de lo que sucedió en la primera legislatura, en la que Zapatero arriesgó en muchos terrenos, en esta, dominada casi absolutamente por la economía, el presidente ha ido a remolque de los acontecimientos y por detrás de otros gobernantes europeos, sin ofrecer ninguna propuesta novedosa.

Las cosas pueden estropearse aún más si el Gobierno se empecina en llevar a cabo justamente ahora, en medio de la crisis, una reforma de las pensiones que no es urgente a corto plazo. Las presiones a favor de esa reforma son muy fuertes. Da la impresión de que las élites del país se están aprovechando de la mala coyuntura económica para debilitar el Estado de bienestar.

El Gobierno tiene que distanciarse de esos proyectos. En estos momentos, por ejemplo, más perentorio que la reforma de las pensiones es realizar de una vez una reforma fiscal profunda que corrija las tremendas injusticias del sistema. Ignacio Zubiri mostró hace poco en este periódico todo lo que se puede hacer en este terreno y que el Gobierno no ha querido entrar a discutir.

Zapatero ha tenido la inteligencia de realizar un cambio profundo del Gobierno que mejorará su eficacia. Debería tener la misma determinación para nutrirse de algunas ideas económicas que, sin romper con el objetivo de reducción del déficit, tengan algún contenido social y de izquierdas. De lo contrario, la desmovilización de la izquierda acabará en 2012 con la etapa socialista.

Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Sociología en la Universidad Complutense y autor de Más democracia, menos liberalismo.