El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indagó sobre la posibilidad de posponer las elecciones presidenciales, desatando una oleada de indignación sobre lo que sería un ataque a la democracia por parte de un presidente impopular.
Pero en Bolivia, la impopular y nunca electa Jeanine Áñez ha pospuesto las elecciones. Dos veces.
Luego de ser proclamada presidenta interina tras el golpe de Estado de noviembre 2019 contra Evo Morales, la cristiana conservadora de extrema derecha esperó varios meses para cumplir lo que debió haber sido su labor principal: programar nuevas elecciones. Áñez procedió a posponer las elecciones de mayo hasta septiembre, y posteriormente volvió a postergarlas hasta octubre. Gracias a eso, Áñez ha hecho realidad las peores predicciones de sus detractores y ha convertido en una burla la afirmación, fomentada por el gobierno de Trump, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros, de que su ascensión al cargo ayudaría a “restablecer” la democracia boliviana.
Durante sus nueve meses en la presidencia, Áñez ha hecho lo opuesto. Ha consolidado una brutal dictadura de derecha que ha asesinado a docenas de manifestantes civiles. Ha torturado, lesionado y encarcelado a muchos más. Ha censurado a la prensa. Ha reprimido sistemáticamente a sus adversarios políticos. Estos abusos están documentados en mordaces informes recientes de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La razón oficial de Áñez para posponer las elecciones fue su preocupación con los riesgos sanitarios de celebrar unas votaciones durante una pandemia. Sin embargo, hay motivos para pensar que la preocupación principal de Áñez no es el nuevo coronavirus sino las consecuencias políticas por su desastroso manejo de la epidemia.
The New York Times estima que Bolivia ha tenido 20,000 muertes por encima del promedio desde junio, logrando que su número de fallecidos per cápita se encuentre “entre los peores del mundo”. Un ejemplo en particular vívido de la corrupción e incompetencia del gobierno de Áñez fue el arresto en mayo de su ahora exministro de Salud por supuestamente utilizar dinero de donantes internacionales para comprar respiradores para hospitales al doble de su costo real; algunos incluso dañados por completo.
Su respuesta al virus es políticamente relevante solo debido a su decisión controversial de postularse a la presidencia tras haber prometido, meses antes, que no lo haría. Las encuestas indican que Áñez no tiene ningún chance de ganar. Está muy por detrás de Carlos Mesa, quien ocupa el centro-derecha del espectro político boliviano y del favorito, Luis Arce, candidato y presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), y exministro de Economía y Finanzas Públicas de Morales. La ventaja de Arce es tal, que muchos predicen que ganará una mayoría absoluta en la primera vuelta.
Eso, si se le permite participar en las elecciones. En confabulación con la élite agroindustrial, Áñez ha presionado a las autoridades electorales de Bolivia para que prohiban la candidatura de Arce.
Por supuesto, también está la pregunta de si las elecciones llegarán a realizarse. Si Áñez se sale con la suya, las elecciones podrían ser pospuestas una y otra vez. Sin embargo, existe un formidable obstáculo en el camino de Áñez: los poderosos movimientos populares de Bolivia.
A raíz de la feroz represión de noviembre, la movilización popular se redujo. Hubo poca reacción contra la postergación de las elecciones de mayo a septiembre. Sin embargo, el aplazamiento más reciente despertó una oleada de manifestaciones y bloqueos en las calles que paralizaron a Bolivia durante la primera mitad de este mes.
Estas protestas fueron lideradas por la Central Obrera Boliviana, la cual anunció una huelga indefinida que fue apoyada en ciudades y pueblos de todo el país. Todas las principales organizaciones sociales de Bolivia apoyaron la movilización, incluyendo a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la cual convocó a cerca de medio millón de personas a las calles de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia. Esto obligó a Áñez a darle a los manifestantes suficientes garantías con respecto a las elecciones como para que el 14 de agosto los líderes anunciaran una paralización de la movilización, acotando que cualquier desviación de las condiciones conducirían a una reanudación de las acciones en las calles. Si Trump decide ceder a sus inclinaciones autoritarias y negarse a respetar la voluntad popular, esta es una lección a la que los ciudadanos y activistas en Estados Unidos deberían prestar mucha atención.
Los bolivianos no están fuera de peligro. Justo después de haber alcanzado el acuerdo con los líderes de la protesta, el gobierno de Áñez está nuevamente atacando a esos mismos líderes. Además, el Ministerio de Justicia presentó hace poco una demanda penal alegando que Morales cometió un delito de abuso sexual contra una menor de edad
mientras era presidente. Los críticos del gobierno han reaccionado en contra de estos cargos, alegando que la confesión de la supuesta víctima fue obtenida mediante coacción y que los documentos utilizados para acusar a Morales son falsos. Queda por ver si todo esto afectará o no (y de qué manera) a las elecciones.
El futuro de Bolivia es decididamente incierto. Sin embargo, hay algunas cosas claras. Áñez parece estar dispuesta a hacer lo que sea para permanecer en el poder. Además, la OEA y el gobierno de Estados Unidos permanecen firmes en el bando de Áñez, a pesar de la cantidad de estudios que demuestran que la acusación de la OEA de que Evo Morales cometió fraude en las elecciones de 2019 no tiene ninguna base estadística. Esto significa que los movimientos populares de Bolivia son la mejor y única esperanza real para restablecer la democracia.
Gabriel Hetland es profesor asistente de estudios latinoamericanos, caribeños y latinos y sociología en la Universidad de Albany, SUNY.