Si todos para uno, uno para todos

Europa vuelve, hoy y mañana, a examinar a Grecia. Pero sobre todo, a sí misma. El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, ha prestado un enorme servicio, al acelerar el viaje hacia una verdadera unión económica. Tras encajar el más draconiano plan de austeridad, inició su campaña contra los especuladores antieuro. Y puso a la Unión Europea ante el espejo, anunciando que si ésta no cumple su parte del contrato, apoyar en caso necesario a Grecia, ésta recurriría incluso al Fondo Monetario Internacional. Una salida equivalente a certificar la inanidad internacional de la moneda única. “Si Grecia cae, el euro deja de tener sentido”, apostillaba el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

De repente, ha cambiado el sesgo de la discusión pública. Ya no se enfatiza el peligro griego (que se exageró; su economía supone sólo un 0,3% de la eurozona), sino la necesidad de una respuesta europea. Menudean los enunciados de posibles recetas ad-hoc, a medida, para el caso (más que posible) de que Grecia necesite ayuda con que evitar el encarecimiento excesivo de sus emisiones de deuda soberana, e incluso la suspensión del pago de ésta.

Tres son las fórmulas comunitarias más comentadas: avales de la UE para la deuda de sus Estados miembros con problemas; ampliación a la zona euro del fondo de 50.000 millones de euros del que dispone la Comisión para apoyar a socios europeos exteriores al euro, ya usado para Rumania, Letonia y Hungría; emisión de deuda de alcance y respaldo europeo. Y dos son las fórmulas preferidas para un rescate bilateral, a cargo de algunos Estados. El aval a las nuevas emisiones de Atenas (unos 40.000 millones en lo que queda de año); o la compra directa de esos bonos por la banca privada, sobre todo francesa y alemana (las máximas tenedoras ya ahora), con el apoyo de la banca pública de sus países.

Si se produce una urgencia, habrá que recurrir a cualquiera de esas fórmulas o a variantes o vecinas suyas. Pero como ya han dejado claro los mercados, la cuestión de Grecia no es sólo un asunto griego, sino el problema del euro: la necesidad de completar los mecanismos de la unión monetaria y de avanzar hacia una unión económica vinculante, no sólo voluntaria. Entre esos mecanismos, permanentes y preventivos, debe figurar un Fondo de Emergencia para eventuales rescates de países, bien reglado y con unas condiciones de acceso tan duras como sea preciso (a fin de evitar el riesgo moral, o incentivo a la laxitud y la mala gestión), pero claras y universales.

Lo lógico es que ese Fondo se nutra del presupuesto común: disponer de un Tesoro blinda ante los reveses y permite reaccionar rápido, como demostró Washington tras la quiebra de Lehman Brothers. Para ello habría que ampliarlo, del 1% del PIB de los 27 en que hoy se cifra (133.800 millones), progresivamente, quizá hacia el 2%. Ni siquiera se necesitaría llegar al entorno del 30% del presupuesto federal de EE UU, pues aquí los jueces (que aplican el derecho europeo) y los médicos y los militares son funcionarios estatales, y así seguirán o mucho tiempo o siempre. La gestión de ese Fondo podría encomendarse a una autoridad distinta a la presupuestaria (que es la Comisión), para sortear ciertas reticencias.

Una variante de esta idea acaba de ser lanzada por Daniel Gros, director del más conspicuo think tank de Bruselas, el Center for European Policy Studies (CEPS) en comandita con un relevante economista del Deutsche Bank, Thomas Mayer, en un paper titulado Cómo manejar una suspensión de pagos soberana en Europa: hacia un Fondo Monetario Europeo. Ese FME sería una copia continental del FMI, cuya intervención no conviene, argumentan, porque si el país problemático se atrincherara (como Argentina en 2001) sería incapaz de disciplinarlo, y el drama para el euro acabaría en tragedia. El FME plasmaría la proclamada solidaridad europea y sería paradójicamente financiado por los países más incumplidores de los requisitos de Maastricht (tope de deuda del 60% del PIB; tope de déficit del 3%), el aspecto más polémico de la sugerente propuesta.

Como un resorte, esta vez en positivo, el ministro de Hacienda alemán Wolfgang Schauble ha postulado para la eurozona una institución así, “con el mismo mando y los mismos poderes ejecutivos que el FMI”. ¡Cuánto ha llovido desde que el pasado 12 de febrero declarase al Frankfurter que “Grecia deberá ayudarse a sí misma (…) no veo que a los contribuyentes alemanes les corresponda el papel de rescatadores”! Otros conciudadanos suyos, como Jurgen Stark, el talibán y economista-jefe del Banco Central Europeo (BCE), ya protestan porque el FME “crearía un estímulo falso” y “minaría la aceptación del euro”. O como su antecesor Otmar Issing: “un rescate de Grecia sería un desastre para Europa”. Pero lo que cuenta es que la canciller Angela Merkel apoya la idea, aunque duda de su viabilidad legal, sin antes, oh tortura, volver a reformar el Tratado.

Ella, pero sobre todo los militantes anti-rescate de un país socio, partidarios de dejarlo en la ruina (¡aunque no, por supuesto, a la banca privada del propio país!), leen restrictivamente el Tratado de Funcionamiento de la UE. Alegan que su artículo 123 prohíbe al BCE y a los demás bancos centrales dar créditos o comprar deuda de los Estados: cierto, pero sólo a esas entidades, no a otras. Sostienen que el artículo 125 prohíbe el rescate: “La Unión [tampoco los Gobiernos] no asumirá ni responderá de los compromisos de los Gobiernos”, reza su primer párrafo. Pero una cosa es responder, y otra contribuir a resolver. Y la apariencia de rotundidad quiebra en el párrafo tercero, que reconoce que la prohibición debería especificarse.

Y, sobre todo, olvidan que el artículo 122 (previo en numeración) legitima el rescate: “En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro” producidas por catástrofes naturales o hechos excepcionales, se “podrá acordar una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión”.

Pues si las ayudas concretas son legales a la luz del Tratado, nada impediría que se otorgasen a través de un mecanismo permanente, un Fondo de Emergencia o un FME, sin necesidad de reformarlo… todo ello con la venia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe, cada vez más nacionalmente quisquilloso en sus tres sentencias sobre Maastricht, el paso a la tercera fase de la moneda única, y el Tratado de Lisboa.

Si hasta ahora era el momento de Grecia, de que demostrase la seriedad olvidada, ahora ha llegado el de Alemania, de que evidencie el liderazgo necesario. De que deje ya en el baúl de los recuerdos el lógico enfado del contribuyente neto porque un gorrón tramposo falseó sus cuentas e incumplió sus compromisos, a su costa.

Será mejor apelar al interés que al liderazgo. Porque la unión monetaria ha beneficiado a todos. Con su estabilidad, que ahuyentó tormentas internas y movimientos especulativos externos durante un decenio. Con sus bajos tipos de interés. Con la relevancia internacional de la divisa, configurada como moneda de reserva en mayor medida que el marco. Con su incitación al saneamiento de las finanzas públicas.

Cierto que los países menos prósperos, receptores netos (los mediterráneos y otros) hallaron en la política estructural que facilitó su convergencia, una palanca esencial para su acceso al euro. Lograron una manguera de ayudas para modernizarse por una media anual de un 1% de su PIB. Pero a cambio, Alemania y otros contribuyentes netos afianzaron su superávit comercial (su déficit fiscal es la contrapartida equitativa de aquél) gracias a la ocupación industrial de los mercados menos desarrollados: tranvías alemanes Siemens en Atenas, fragatas francesas Frem en Pireo.

Además, Europa ha sido solidaria con la unificación de Alemania. Sus länder orientales son la segunda zona receptora de ayudas estructurales. Y la unificación del marco oriental y el occidental obligó, antes, a una política monetaria restrictiva, de altos tipos de interés, exportada a todos. Más aún, la UE permitió a Alemania (y a Francia) ejercer un heterodoxo diktat cuando fue ella la que en 2003 incumplió los límites del Pacto de Estabilidad. Hasta el punto que lo suspendió y reformó en 2005 su reglamento para poder detraer de las cuentas de su déficit “las contribuciones financieras para (…) la unificación de Europa”. ¡Menudo traje a medida! De modo que si todos para uno, también uno para todos.

Xavier Vidal-Folch