Siempre el traidor es el vencido…

Si pienso en la palabra traición me viene a la mente la frase de Pedro Calderón de la Barca que decía que “siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence”. Podría entonces comenzar este artículo hablando del alcance de la traición a la legalidad vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al que acabamos de asistir todos los españoles; podría arrancar con la estampa más triste que podamos imaginar, la de un Parlamento donde unos dirigentes que fueron elegidos para defender los derechos de los ciudadanos a los que representan han pisoteado todos los valores fundamentales de la democracia. De nuestra democracia. Pero hoy es un día para empezar con luz en lugar de tinieblas, con firmeza frente a la incertidumbre, ley en mano contra la barbarie de quien se cree al margen de las normas. El ruido y la furia de los desleales no pueden ni van a acallar la razón y la cordura de los demócratas. Quiero que estas palabras se construyan desde una convicción y una promesa: España prevalece y prevalecerá. Porque el Estado de Derecho siempre vence y los culpables pagan las consecuencias.

Ley, igualdad, libertad, soberanía, nación, Constitución, pasado, presente y futuro. España, la mejor España de nuestra centenaria historia, se ha construido en los últimos 40 años en torno a estas palabras y, sobre todo, a partir del respeto absoluto por el significado último de estas palabras.

Ayer se consumó una traición que atenta desde su mismo origen contra “el principio de soberanía nacional, la indisoluble unidad de la Nación española y el sistema democrático y el Estado de derecho consagrados en la Constitución”. Son palabras textuales del Tribunal Constitucional, en su sentencia anulatoria de la intitulada Ley del Referéndum de Autodeterminación que el Parlamento de Cataluña aprobó en la infausta sesión de los pasados 6 y 7 de septiembre. Fue en aquellas jornadas cuando los gobernantes de la Generalitat de Cataluña, los únicos culpables de esta grave situación que padecemos 46 millones de españoles, iniciaron el salto al vacío. En unas pocas horas, se privó por completo a los miembros de la oposición de su derecho a ejercer como representantes legítimos de los ciudadanos que les votaron, se calificaron a toda prisa dos supuestas leyes, se modificó continuamente el orden del día para forzar su debate inmediato, se aprobó esta supuesta ley del Referéndum y otra supuesta ley, denominada de Transitoriedad, en una Cámara medio vacía y, finalmente, se convocó un referéndum ilegal. Al término del esperpento, se cerró el Parlamento para no someter a control alguno al Gobierno que había impulsado este cúmulo de ilegalidades.

Sabían que incumplían la ley, los secesionistas y sus socios anticapitalistas, ignoraron todos los avisos que les llegaban desde las instituciones de cualquier índole, continuaron adelante en su amenaza y el 1 de octubre perpetraron una pantomima a la que ningún demócrata del siglo XXI podría denominar ni en el peor de sus delirios como una votación legal. A cada incumplimiento manifiesto, el Estado de Derecho ha contestado. Con la serenidad que otorga tener la razón de la ley de tu parte. Lo ha hecho, como corresponde a una democracia madura, con sus tres poderes constitucionales.

Desde la judicatura se emitieron advertencias y se ejecutaron anulaciones a cada paso ilegítimo: el Tribunal Constitucional ha suspendido o anulado las dos supuestas leyes, la de Referéndum y la de Transitoriedad, el Real Decreto de convocatoria del pretendido referéndum y cada una de las normas complementarias para llevarlo a cabo.

Paralelamente, los tribunales de distintas jurisdicciones están actuando contra aquellos que han quebrantado la ley de forma flagrante, tanto en las calles como en las instituciones, y están prestos a continuar diligentemente con su labor contra quien siga infringiendo las leyes. Todos somos iguales ante la ley y bajo la ley.

El Estado de Derecho, en efecto, se defiende. También lo ha hecho el poder Ejecutivo, a través del Gobierno de todos los españoles. Se han impulsado recursos de inconstitucionalidad ante cada afrenta, se han tomado medidas de control económico sobre las cuentas para que no se desvíe dinero público a acciones ilegales, se ha reforzado la seguridad y la protección de los ciudadanos catalanes con el traslado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, el Gobierno de España activó hace una semana la aplicación del artículo 155 de nuestra Carta Magna, por el que, ante una comunidad autónoma que no cumpla con las obligaciones constitucionales, se pueden adoptar “las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Siempre bajo el escrupuloso y estricto cumplimiento de nuestra legalidad, el Ejecutivo solicitó al Senado varias medidas para restablecer, en el menor periodo de tiempo posible, la normalidad en Cataluña. Una región en emergencia democrática, donde el progreso se desangra en forma de fuga de empresas (casi 2.000 ya han trasladado su sede), donde cunde el miedo del turista, la parálisis inversora, el pánico emprendedor.

Ante todo ello, el poder legislativo, en este caso representado por el Senado, la Cámara de las Autonomías, acaba de aprobar con una mayoría abrumadora la adopción inmediata de medidas. Los partidos que creen en los valores constitucionales y la responsabilidad de nación por encima de los intereses han demostrado su compromiso con España.

Los culpables de esta ruptura inaceptable, porque tienen nombres y apellidos, ya no están al frente de lo que han traicionado, que es el pueblo que les dio su confianza. Ahora, el Ejecutivo cumple con el 155 y le da la voz a todos los catalanes, para que sean unas urnas legítimas y legales las que instauren un Gobierno verdaderamente democrático. El Estado de Derecho garantiza y garantizará la legalidad en España. No hay opción: en su correcto funcionamiento está su razón de ser.

Lo compromete el mismo preámbulo de la Constitución, donde se señala el papel que tendría que jugar el Estado de Derecho en nuestra nación desde el momento de su firma en 1978, vivo ejemplo de concordia y consenso, de generosidad y altura de miras. Es ese legado el que nos ha permitido vivir los mejores 40 años de nuestra historia. El desarrollo social, económico, político, cultural experimentado por España desde los años setenta ha sido posible porque se logró “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”.

Con la acción conjunta de los poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- frente al desafío de los secesionistas, el Estado de Derecho protege la soberanía que se le quiere arrebatar al conjunto de los españoles.

No hay que tener miedo a que se cumpla la ley. Los únicos que le tienen miedo a la ley son los que la incumplen. No puede haber dudas ni excusas. El imperio de la ley debe ser implacable con quien la pone en riesgo porque, en el momento en que se permita el más mínimo rasguño contra sus principios o contra su aplicación misma, estaremos derribando el hermoso edificio de convivencia y paz que hemos construido entre todos.

España por encima de todo. Dice el artículo 30.1 de nuestra Constitución que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”. Es también el deber de las instituciones acatar la defensa de nuestros principios. Frente a la peor de las traiciones, la democracia responde con la más bella de las lealtades. La victoria de los leales de la que hablaba Calderón de la Barca. Defenderemos nuestra nación y venceremos porque somos un país que ha demostrado que da lo mejor de sí mismo cuando el reto lo requiere.

Junto al Golpe de Estado del 23-F, el desafío al que nos enfrentamos supera todo lo que hemos vivido y conocido en nuestra democracia. Por eso, respondemos con la responsabilidad debida y exigida. Con la razón, la ley y el amor a nuestro país. Por España y por los españoles.

María Dolores de Cospedal es ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *