Las sanciones impuestas a Irán por el Presidente estadounidense Donald Trump han comenzado a afectar fuertemente la economía del país. La inflación, que el Presidente Hassan Rouhani parecía haber derrotado, ha vuelto con intensidad, llegando a un 31% en 2018. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía se contraerá un 6% este año, y la inflación podría llegar a un 37%. Muchos sectores están experimentando grandes dificultades, mientras crece el desempleo. Con el objetivo de reducir las exportaciones iraníes de petróleo completamente, Trump amenaza con sancionar a países, como China, India y Japón, que siguen comprándole crudo.
Considerando el sufrimiento que las sanciones unilaterales de Trump están causando a Irán, ¿son realmente la política “milagrosa” que su administración espera que sean?
Desde la Primera Guerra Mundial, los gobiernos han recurrido cada vez más a las sanciones económicas como medios para lograr sus objetivos políticos. Sin embargo, a pesar de un siglo de experiencia, la lógica de tales medidas sigue sin convencer.
Las sanciones económicas se han vuelto cada vez más populares en las últimas décadas. Por ejemplo, en la década de los 90, se aplicaban regímenes de sanciones a un ritmo promedio de siete al año. De los 67 casos de esa década, dos tercios fueron sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos. Durante la presidencia de Bill Clinton, se estima que cerca del 40% de la población mundial, o 2,3 mil millones de personas, estaba sujeta a alguna forma de sanción estadounidense. De hecho, la gran mayoría de las sanciones son de países grandes a países pequeños. En la actualidad, Estados Unidos tiene vigentes cerca de 8000 sanciones en todo el mundo, e Irán es por lejos el mayor objetivo estatal.
Además, desde la década de los 60, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha establecido 30 regímenes de sanciones multilaterales bajo el Artículo 41 de la Carta de la ONU. Supuestamente, los más exitosos jugaron un papel clave en los procesos de término del apartheid en Sudáfrica y Rhodesia del Sur (la actual Zimbabue). Además de apuntar a países específicos, la ONU también ha impuesto sanciones a entidades no estatales, como al-Qaeda, los talibanes y, más recientemente, al llamado Estado Islámico (ISIS).
Pero sigue siendo muy dudoso el que Irán acabe cambiando sus políticas, por no hablar de su régimen, a causa de las sanciones de Trump. La simple verdad sobre las sanciones económicas es que, aunque se usan de manera generalizada, a menudo fracasan. Un completo estudio de 170 casos del siglo veinte en que se impusieron sanciones concluyó que apenas un tercio de ellas logró los objetivos que declaraban. Otro estudio estima en menos del 5% su tasa de éxito.
Un índice de fracaso tan alto sugiere que los gobiernos a menudo recurren a argumentos erróneos para justificar la imposición de sanciones, afectando nuestra comprensión de su lógica y eficacia. Destacan siete errores conceptuales o falacias, cada uno de los cuales se debe refutar.
Primero, las sanciones se justifican como una alternativa más amable y humana a la guerra, pero esto subestima el potencial de la diplomacia internacional para solucionar conflictos. Y, en realidad, las sanciones a menudo allanan el camino a los conflictos bélicos, más que evitarlos: por ejemplo, tras 13 años de sanciones internacionales contra Irak se produjo la invasión liderada por EE.UU. en 2003.
Un segundo argumento plantea que “si las sanciones están causando daño, deben de estar funcionando”. Pero este criterio de eficacia no define lo que significa “éxito”. Peor aún, va en contra de la evidencia que sugiere que, incluso si se excluyen factores esenciales como la comida y las medicinas, las sanciones afectan a grandes franjas de la población civil. Limitan el crecimiento económico, socavan la producción y hace que quiebren las empresas, con lo que se eleva el paro. Además, pueden impulsar la inflación por las restricciones a las importaciones y generar crisis cambiarias.
Tercero, a menudo se dice que las sanciones son “inteligentes” y que “apuntan a sectores específicos”. En la práctica, las sanciones económicas amplias son un castigo colectivo. Estrujan a las clases medias e imponen una carga desproporcionada a los más pobres y vulnerables, que se suponen son los más afectados por los mismos regímenes a los que las sanciones pretenden castigar.
Cuarto, algunos gobiernos justifican las sanciones como una manera de proteger y promover los derechos humanos. Pero la evidencia sugiere que las entidades de la sociedad civil y las ONG están entre los más perjudicados por las sanciones. Al presentarlas como agresiones externas y guerra económica contra su país, los regímenes autoritarios a menudo acusan a los activistas por los derechos humanos de estar aliados con el enemigo. Desde ese punto no hay mucha distancia para una represión por razones de seguridad nacional contra estas organizaciones.
Irán está siguiendo ese patrón. La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en 2015 ordenada por Trump, junto con la imposición de una nueva ronda de sanciones, ha fortalecido a los partidarios iraníes de línea dura, que ahora dicen que su desconfianza de los EE.UU. estaba justificada y presionan contra el gobierno centrista de Rouhani. De manera similar, las sanciones contra el Irak de Saddam Hussein en los años 90 llevaron a la destrucción completa de la sociedad civil iraquí, ayudando a intensificar el sectarismo y la política de identidad que asolan al país y a su región.
Una quinta afirmación es que las sanciones son necesarias y eficaces a la hora de provocar un cambio de régimen. A pesar de los casos de Sudáfrica y Zimbabue, este es probablemente el más débil de los siete argumentos, como lo demuestra la longevidad de los regímenes sancionados en Corea del Norte, Cuba y Myanmar. Incluso el bloqueo a Qatar por Arabia Saudí, EAU, Bahréin y Egipto desde junio de 2017 ha aumentado la popularidad de su emir y llevado a que una parte importante de la población lo siga apoyando.
Sexto, se dice que las sanciones debilitan a los gobiernos de los países a los que apuntan. Pero al empeorar el clima de negocios e inversiones, las sanciones económicas afectan principalmente al sector privado. El poder se centraliza y concentra, ya que los gobiernos asumen cada vez más el control del suministro de los insumos básicos, dadas las carencias que causan.
Finalmente, se supone que las sanciones son eficaces para limitar la proliferación nuclear. Aquí también se puede ver que no es tan así. Desde que entrara en vigencia el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1970, cuatro países han desarrollado armas nucleares: Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Tres de ellos lo hicieron estando sancionados.
A fin de cuentas, se puede juzgar el éxito o el fracaso de las sanciones económicas por su eficacia en producir un cambio de régimen o motivar un cambio en su comportamiento. Dadas los errores de concepto predominantes, no debería sorprender (como seguramente veremos en el caso iraní) que a menudo no logren ni lo uno ni lo otro. Lo más probable es que la desestabilización de Irán haga que la región se vuelva más peligrosa que nunca.
Hassan Hakimian, Director of the London Middle East Institute and Reader in Economics at SOAS, University of London, is a co-editor of Iran and the Global Economy: Petro Populism, Islam and Economic Sanctions. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.