Signos alentadores de la economía

En este último bienio la economía española ha sido capaz de corregir su tradicional déficit por cuenta corriente, pasando a registrar a finales de 2013 un superávit cercano a los 2.000 millones de euros, algo que la doctrina económica más conspicua consideraba materialmente imposible, salvo a través de la consiguiente devaluación monetaria. Asimismo, hemos logrado afianzar nuestra demanda externa, lo que implica que hemos gastado por debajo de nuestras necesidades. Errarían, sin embargo, quienes pensaran que ese aumento de las exportaciones obedece a la depresión de las importaciones, como consecuencia de la atonía del mercado interno, pues casi el 70% de esa mejora obedece al propio dinamismo de nuestras exportaciones y al cambio de paradigma de nuestro tejido empresarial, orientado ahora hacia una renovada vocación internacional, frente a un modesto 30% de caída de las importaciones. Por otra parte, dichos resultados revelan un mérito especial, toda vez que ese crecimiento de nuestro sector exterior no responde a un comportamiento general del comercio mundial (no hemos crecido porque lo haya hecho el conjunto), sino que nuestro dinamismo exportador lo hace a un ritmo del 7% frente al resto que tan solo alcanza el 2,5%, lo que significa que ese diferencial del 4,5% lo hemos ganado detrayéndoselo a otros países competidores. La introducción sostenida de reformas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, también comienza a rendir sus frutos. Durante el 2013, donde la economía española se contrajo nada menos que un 1,3%, el número de parados disminuyó en 8.400 personas y la cifra total de desempleados se redujo en 69.000. Por vez primera, desde mediados de 2007, se constata un descenso anual del paro. Se trata, sin duda, de datos aún modestos, pero sin poseer especiales dotes de arúspice, no resulta aventurado presagiar sorpresas muy positivas en el ámbito del empleo para los próximos meses.

Ahora bien, las cifras del déficit público impiden toda suerte de relajación. Durante el año 2013 no se ha logrado reducir dicho déficit respecto del ejercicio anterior, a pesar no solo de que los intereses de la deuda se han visto reducidos en la nada desdeñable cifra de 9.000 millones de euros gracias al marcado descenso de la prima de riesgo, sino también del buen comportamiento de las Haciendas Locales, que ya han entrado en superávit, y del esfuerzo de las CCAA que han logrado rebajar su déficit neto en 20.000 millones de euros, desde el 3,5% del PIB en 2011 al 1,5% en 2013. Pese a esa idea, tan generalizada en la opinión pública, de que España se ha limitado durante estos dos últimos años a subir impuestos, sin acometer políticas de contención del gasto, las cifras son otras bien distintas. De los 4,5% puntos de PIB netos en los que se ha reducido el déficit desde 2009 a 2013, más de tres cuartas partes de ese ajuste lo ha sido vía contención del gasto, mientras que el resto, es decir, una cifra sensiblemente menor, se ha conseguido a través de dolorosas subidas impositivas.

La reducción del déficit público resulta absolutamente esencial para la economía española, pues es tanta la necesidad de financiación que reclama y consume el sector público que apenas queda ya nada para la iniciativa privada, verdadera generadora de riqueza. Algún lector optimista podría pensar que este es un mal esencialmente pasajero, producto de la especial coyuntura desfavorable que nos aqueja. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. Nuestro abultado déficit público no obedece a la grave flexión cíclica que padecemos, sino más bien, y sobre todo, a un rasgo idiosincrático o característico de nuestro sector público patrio, cual es su propia configuración intrínseca, proclive a generar déficit predominantemente estructural. El núcleo de dicho déficit es consecuencia de las malformaciones institucionales de nuestra peculiar organización político-territorial, que impulsa el gasto público al margen de cualquier criterio de eficiencia e incluso de necesidad. La propia Comisión Europea aportaba datos acerca de nuestro déficit total y estructural referido al ejercicio de 2011, fijándolos en el 9,4% y el 8,6% del PIB respectivamente. De manera que nuestro déficit estructural en ese año, es decir, el déficit no derivado de los avatares de la coyuntura económica, representaba nada menos que el 91,5% del déficit total. O, si se prefiere y en otros términos, que el desequilibrio de nuestro sector público sólo era imputable a la fase especialmente adversa del ciclo económico en un modestísimo 8,5%. Por todo ello, las actuales iniciativas del Gobierno, orientadas a racionalizar la estructura del Estado y su sector público, se erigen en condición absolutamente necesaria –y a buen seguro suficiente– para el afianzamiento de los muchos signos positivos que ya muestra la economía española.

José Andrés Sánchez Pedroche, , rector de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

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