Vivimos en una época de mensajes simplificados y de problemas complejos. Simplificar es una de las maneras de no decir la verdad, de analizar solo la parte que nos interesa de una cuestión, es decir, en el fondo, una opción ideológica. Es lo contrario de sintetizar, cuando se tienen en cuenta el mayor número posible de elementos de la realidad. En el actual debate español -y europeo- se está simplificando en exceso, siempre en la dirección de concretos intereses.
Primera simplificación. El mayor paro español obedece a nuestro mercado laboral: despido caro, rigidez de la negociación colectiva, excesiva temporalidad; etcétera. Luego, modifiquemos las leyes que rigen el mercado laboral, es decir, abaratemos el despido, permitamos que las empresas se descuelguen de los convenios, etcétera y en el futuro se creará más empleo... cuando crezca la economía.
Me temo que nos vamos a llevar una desilusión porque la causa de nuestros males no está en el mercado laboral, que es siempre consecuencia y no causa, sino en nuestro sistema productivo. La prueba es que con este mercado laboral hemos estado cerca del pleno empleo y aun hoy hay comunidades autónomas con el mismo desempleo que en Europa. El problema lo tenemos en un modelo económico deficiente en aspectos relevantes que, con el desmadre del ladrillo, se ha desatinado aún más.
Lo que convendría preguntarse es por qué, con las mismas leyes laborales, en Canarias y Andalucía, hay cerca de un 30% de paro; en Extremadura, Murcia, Valencia, más de un 20%, y, sin embargo, en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias entre un 10% y un 14%, similar al desempleo europeo. Quizá esta diferencia radique en que en ciertas zonas de España hay un tejido productivo más sólido y en otras, en cambio, más volátil por el peso excesivo de la construcción o la hostelería.
La pérdida de empleo se ha debido al impacto de la crisis y a que era insostenible construir cerca de 900.000 viviendas al año. El exceso de temporalidad obedece a que por la naturaleza de esos sectores la mayor parte de la mano de obra es temporal: cuando la obra termina finiquita el trabajo; en temporada baja, escasea el empleo en la hostelería. Fenómeno que se acentúa, en nuestro caso, por el abuso de la subcontratación.
Y esto no es un problema del mercado de trabajo, sino que tenemos que cambiar nuestro modelo productivo. Tema más complejo que sacar una ley, más lento y, sobre todo, que afecta a nuestro tipo de empresarios, con un 95% de pymes. Afecta a nuestro retraso en I+D+i, a una mentalidad proclive a la ganancia rápida y a que habría exigido un gran acuerdo económico-social.
Segunda simplificación. El necesario aumento de la productividad española depende de que se trabaje más. Incluso algún empresario, con sus empresas en ruina, ha añadido: y que se gane menos.
¿Realmente sabemos de cuántos factores depende la productividad? Son múltiples y de gran complejidad. De entrada, los que influyen en el conjunto del sistema: nivel de formación y tecnológico, infraestructuras, eficacia de la administración, calidad del mercado, etcétera. Luego, los elementos propios del sector de la producción de que se trate -no son los mismos los que intervienen en la construcción que en la biotecnología, y, más adelante, conviene fijarse en los que inciden en la empresa en cuestión- aspectos organizativos, productivos, de diseño, calidad... También hay que tener en cuenta la sección o departamento de cada empresa y, por último, las habilidades, formación y estímulo -esto es muy importante- de cada trabajador en concreto.
Pues bien, en todo este recorrido, la parte de la productividad que depende del empleado es menor, aunque varía según el sector productivo. La mayor parte depende de las condiciones que creen los poderes públicos y, sobre todo, las empresas. La prueba de que el problema no radica en que los españoles trabajamos poco está en que en países donde se trabaja menos horas la productividad es superior. Que yo sepa, la responsabilidad de tener organizaciones altamente productivas es de los empresarios. ¿Por qué no se generalizan acuerdos sobre productividad con participación sindical?
Tercera simplificación. El futuro sostenimiento de las pensiones depende de aumentar la edad de jubilación y/o de ampliar los años de cotización. Es una obviedad que vivimos más y que, en consecuencia, cada vez habrá más pensionistas. También es cierto que el gasto en pensiones ha crecido. Pero esto es simplificar el problema. Hace unos días escuché a la ministra de Economía comparar el gasto actual con el de hace unos años y la diferencia era importante. Lo que se omitió es cuánto había crecido la riqueza del país en ese mismo periodo. Esta es la relación relevante. Por ejemplo, en 1993 -año depresivo- el gasto en pensiones era del 10,3% del PIB; para el 2011 (año bajo del ciclo) está previsto un gasto del 10,6% del PIB -un aumento del 0,3% en 18 años-. Sin embargo, en el año 2003 -año alto del ciclo- el gasto fue del 8,8% del PIB.
¿Qué nos indican estos datos? Pues que en la sostenibilidad del sistema influyen bastante más que la edad de jubilación asuntos como el crecimiento del PIB, la productividad, la tasa de actividad, el ciclo económico, el nivel de salarios, la tasa de natalidad. ¿Por qué Francia o Suecia tienen una tasa de natalidad superior a la española? No será porque protegen mejor a las familias. Este Gobierno ha hecho mucho en este sentido pero no es suficiente.
También tenemos que preguntarnos por qué el debate se sitúa en ampliar de 65 a 67 años la edad de jubilación, cuando la edad media efectiva es de 63 años. ¿Por qué no se toman medidas para que esta media aumente? Tomando disposiciones eficaces que impidan las jubilaciones anticipadas parciales (cerca de 40.000 al año): método de aligerar plantillas a costa del gasto en pensiones. ¿Se ha calculado el efecto sobre el empleo de los jóvenes del aumento de la edad de jubilación? Todos los años se jubilan unas 270.000 personas que, en principio, hay que reponer. ¿Qué pasaría si retrasamos su salida del mercado laboral? También es lícito cuestionarse por qué hay alarma cuando gastamos alrededor de un 10% en pensiones, cuando Francia gasta un 13%.
También se habla de aumentar de 15 a 20 o más años el periodo de cotización para el cálculo de la pensión. ¿Supone esto una rebaja o un aumento de la futura pensión? Depende de la vida laboral de cada uno. En una vida laboral normal, en que uno va ganando antigüedad, categoría profesional, y salario, es evidente que ampliar el periodo reduce la pensión. Pero puede suceder que sea al revés, que los mejores años profesionales sean los más alejados de la jubilación y, en ese caso, un aumento del periodo puede beneficiar al que se jubila. Intuyo que en el cómputo global, esa medida supondría una rebaja de las pensiones, pero reconozco que este planteamiento es poco científico. En mi opinión, no es prudente, en este momento, con más de cuatro millones de parados, pasar de 65 a 67 años en la jubilación.
Hay otras medidas que se pueden tomar, mientras la economía se recupera: introducir flexibilidad, es decir, voluntariedad más allá de los 65 años; eliminar al máximo las anticipadas parciales y totales; modular el crecimiento de la cuantía media de la pensión, y dejar lo de los 66/67 años para más adelante. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las pensiones.
Comprendo que hay un gran interés en deteriorar las pensiones públicas y fomentar las privadas. Estoy convencido de que no es esta la posición del Gobierno, aunque nunca entendí por qué se rebajaban las pensiones -menos las mínimas- en el 2011, cuando ello no afecta ni al déficit ni a la deuda y, además, supone una cantidad menor en el desmadre de la crisis.
Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y director de su Observatorio de Política Exterior Española.