¿Sin alternativa en Kosovo?

Por Luis Sanzo, sociólogo (EL CORREO DIGITAL, 27/05/07):

En el documento ‘No Good Alternatives To The Ahtisaari Plan‘, presentado el 14 de mayo, el International Crisis Group (ICG) desarrolla los argumentos de las elites favorables a una nueva resolución de la ONU que abra las puertas a la independencia de Kosovo. Esta resolución recogería las recomendaciones del enviado de la ONU, Marti Ahtisaari, y sustituiría a la 1244, actualmente en vigor, que reconoce la integridad territorial de Serbia.

Según el ICG, el plan de Ahtisaari es un compromiso que ofrece la perspectiva de la independencia a los albanokosovares, garantizando al mismo tiempo amplios derechos a los serbios de Kosovo en el marco de una sociedad democrática, multiétnica y descentralizada. Este compromiso sin embargo no es tal, puesto que no es el resultado de un debate serio sobre la propuesta de independencia interna planteada por Belgrado sino del estudio de los aspectos sectoriales que Ahtisaari consideraba clave para un plan que de antemano asumía la secesión kosovar. No era éste el único límite previo de una negociación que también partía del rechazo a la autonomía política territorial para las zonas serbias de Kosovo. Tanto el equipo de enviados de Kofi Annan como los albanokosovares coincidían en su rechazo a la autonomía, contemplada como un peligro para el funcionamiento y supervivencia del nuevo Estado y como un sistema de privilegios y derechos especiales para las minorías. De ahí la negativa del ICG a considerar el modelo del Alto Adige italiano para los enclaves serbios de Kosovo, tal y como proponía recientemente Austria como posible solución al conflicto. El único compromiso que el plan refleja, por tanto, es el modelo de independencia que acuerdan los albanokosovares y esa parte de la comunidad internacional a la que Ahtisaari y el ICG representan.

El ICG rechaza cualquier alternativa a la independencia, señalando que forzar a los albanokosovares a volver a una relación constitucional con Serbia resulta inviable y supondría la vuelta a la confrontación violenta. La partición de Kosovo, y no su integración en Serbia, constituiría además la auténtica apuesta de Belgrado. Serbia contaría para ello con una dilación del proceso en la ONU, susceptible de provocar una reacción violenta de los albanokosovares que creara las condiciones para el reparto del territorio. El ICG olvida sin embargo que las bases para la partición se pusieron hace tiempo. Son la consecuencia de la incapacidad de la ONU y de la OTAN en impedir la limpieza étnica de la mayor parte de la población serbia y romaní de Kosovo, un proceso que se inicia antes de la intervención de 1999, que la acompaña y que -por ahora- culmina con el pogromo antiserbio de 2004.

El ICG también olvida que Europa reguló de forma clara cómo actuar ante el proceso de disolución de la antigua Yugoslavia, aplicando el principio de reconocimiento de la territorialidad de las antiguas repúblicas. En este contexto, apelar a la supresión del estatus de Kosovo en la Serbia titista para justificar la independencia no deja de ser paradójico para unas elites que aceptaron en silencio el cambio constitucional que dio lugar en Croacia a la pérdida del carácter de pueblo constituyente de la población serbia de esa República. Y a algo más que eso, como revela la reciente difusión por la televisión croata de grabaciones de la sesión del Consejo de Defensa de Croacia anterior a la Operación Storm: las grabaciones son una evidencia de que el presidente Tudjman lideró la organización de la expulsión de la población serbia de la Krajina croata.

La principal cuestión a la que se enfrenta en su último informe el ICG es cómo abordar el posible veto de Rusia al plan Ahtisaari, un veto que ahora parece determinante pero que no hace mucho parecía irrelevante para la futura actuación de la comunidad internacional en Kosovo. La razón de que la posición rusa sea hoy un problema es simple: hay Estados en Europa que no aceptarán actuar al margen de la ley internacional y de las resoluciones de la ONU, y el veto ruso mantendría en vigor la resolución 1244. De ahí la necesidad de aprovechar todas las oportunidades para incorporar a Rusia y unir a un Consejo de Seguridad en el que otros Estados muestran escaso entusiasmo por la propuesta promovida por el equipo de Condoleezza Rice. En el supuesto de que Rusia acepte renunciar al veto, el ICG propone introducir algunos elementos añadidos de condicionalidad a la independencia kosovar: una moratoria de dos años antes de que Kosovo pueda pedir el ingreso en la ONU, mayores garantías en la aplicación de los derechos de las minorías, con el nombramiento de un enviado especial para esta cuestión, y la renuncia a una mención expresa a la independencia en la nueva resolución. Siempre, eso sí, que los países que apoyan la secesión de Kosovo encuentren una vía legal para reconocer al nuevo Estado. El objetivo esencial es, por ello, eliminar toda referencia a la integridad territorial y soberanía de Serbia en la nueva resolución.

La elite del ICG se enfrenta sin embargo a un dilema más importante que la posición rusa para convencer a una parte de la opinión pública europea. Y es que todavía no ha ofrecido un sólo argumento legal que justifique que, por medio de una resolución de la ONU, pueda imponerse a un Estado democrático la pérdida de soberanía sobre una parte de su territorio; más aún, que pueda obligarse a una parte del pueblo de ese Estado, mayoritaria en varias zonas del territorio secesionista, a vivir bajo una nueva soberanía que no desea, convirtiéndose en una minoría nacional cuyos derechos aparecen como concesiones negociadas. Hasta el punto de que la garantía de estos derechos justifica la supervisión internacional ya que, de partida, no se considera factible que los albanokosovares apliquen de buen grado las medidas de protección a la nueva minoría serbia.

La ONU no puede alejarse del derecho internacional. Sólo en ese marco será posible pedirle a Serbia compromisos. Pero, para conseguir un acuerdo, los albanokosovares deben asumir que ellos también tienen que renunciar a algo sustancial y no a lo simplemente accesorio. Que el propio ICG, después de argumentar contra la partición, admita implícitamente su posibilidad si se contemplan las zonas de mayoría albanesa en la Serbia no kosovar, pone de manifiesto que Ahtisaari no sólo se dejó en la negociación la consideración realista de la independencia interna ofrecida por Serbia (con el único límite del ingreso de Kosovo en la ONU) sino otras soluciones que en última instancia este Estado podría llegar a aceptar.

El plan Ahtisaari de ninguna manera garantiza la estabilidad en los Balcanes. Los movimientos de tropas realizados en los últimos meses en el norte de Kosovo y el acuerdo con Montenegro para facilitar el paso de fuerzas de la OTAN desde Bosnia son un mal presagio. El propio ICG señala que la viabilidad de la propuesta de descentralización municipal para los concejos serbios depende de la aceptación de una independencia sin partición, admitiendo al mismo tiempo que la separación de facto del norte de Kosovo se mantendrá, con el consiguiente peligro de reacción albanokosovar. También menciona riesgos en el Kosovo oriental donde algunos albaneses opuestos al programa de descentralización lamentan ahora no haber aplicado la política de limpieza étnica desarrollada en otras zonas de la provincia.

Resulta descorazonador pero también significativo recorrer las partes del informe del ICG en las que se recogen las posiciones políticas de los actores locales, fiel reflejo de un pensamiento inspirado en las formas más extremas del nacionalismo étnico. Que este tipo de pensamiento xenófobo y violento no considere necesario disimular en Kosovo es el resultado de años de apoyo en los Balcanes al extremismo nacionalista y religioso. No es en la amenaza de veto de Rusia sino en ese apoyo, traducido en el respaldo a casi cualquier forma de radicalismo antiserbio, en el que se encuentran los verdaderos obstáculos para avanzar en una alternativa de futuro para Kosovo.