En un reciente artículo, Félix Ovejero (¿Moralismo frente al terror?, EL PAÍS 7/12/15) nos advertía del peligro del moralismo en la lucha contra el terror: “no cabe ignorar que en el origen de la violencia puede haber injusticia, pero cuando el terrorismo está en marcha eso sirve de poco”. No puedo estar más de acuerdo. Una vez desatada la violencia, terrorista o de cualquier tipo, no sirve de nada o de casi nada invocar la posible injusticia que la genera para atajarla. Al menos a corto plazo, ya que lo que está en juego son elementos esenciales de nuestra existencia: el derecho a la propia vida y otros que se ven indirectamente afectados por la coacción que supone la violencia (entre ellos, la libertad de expresión).
Sin embargo, y aceptando que “la batalla moral es con nosotros mismos”, mi experiencia me ha enseñado, primero, que es necesario corregir las posibles injusticias subyacentes y, segundo, que los atajos frente al terror pueden no sólo producir monstruos (como las represiones en Argentina y Perú), de los que siempre quedan secuelas (y no sólo morales), sino alargar el problema o, en el mejor de los casos, reducir o eliminar los síntomas, posponiendo su solución o acumulando las causas (ahora, injusticia más represión) incubando, así, un brote aumentado de la enfermedad.
En mi etapa profesional en la UE, participé en “diálogos políticos” con diversos países fuera del entorno europeo, algunos de ellos con una importante tradición cultural y religiosa musulmana. En general, existía un gran respeto por nuestras opiniones en defensa del modelo y valores europeos: derechos civiles y democráticos, derechos sociales y cohesión social. Sin embargo, cuando se discutía sobre derechos humanos, algunos de estos países aludían a situaciones de dudoso encaje con el derecho internacional y el respeto de los mismos: Guantánamo, abducciones de sospechosos de terrorismo, aspectos de la legislación antiterrorista de algunos Estados de la UE, los famosos "daños colaterales" entre civiles de acciones antiterroristas, etcétera. En mi opinión, de difícil justificación legal y moral y que tienen un impacto negativo nada desdeñable en las opiniones públicas de países donde tienen sus bases los grupos terroristas o donde reclutan o se sitúan sus seguidores, sirviéndoles, además, como justificación para sus acciones. En el fondo, lo que buscan es “igualar” el estatus del grupo terrorista frente al de un Estado que utiliza medios que no encajan con el Estado de Derecho, entendido en un sentido amplio, es decir, incluyendo el derecho internacional.
Algo de verdad hay en esta actitud, pues cuando las autoridades democráticamente elegidas traspasan la línea de la legítima utilización de la violencia que otorga el Estado de Derecho, estas se colocan en un contexto diferente, no ya de superioridad legal y moral, sino que se rebajan al nivel de contendiente de un conflicto en igualdad o parecidas condiciones que otros contendientes. Ya no hablamos de Estado de Derecho con valores y reglas que nos protegen y que son exigibles ante la comunidad internacional (por ejemplo, la cooperación policial y judicial, el combate contra la existencia de santuarios en su seno, etcétera), sino que nos colocamos más cerca de un contexto de conflicto abierto donde los valores y las reglas son bien diferentes, e igualan el estatus de los participantes.
Precisamente, aunque la guerra sucia contra ETA pudo haber sido una solución al problema terrorista, no hizo más que alargarlo en el tiempo: primero, porque supuso de cierta forma la legitimación de sus planteamientos ante una parte de la opinión pública, otorgándole a sus ojos un estatus que no podía poseer dentro del Estado de Derecho; y, segundo, porque la colaboración por parte de Francia se produjo solamente cuando la lucha antiterrorista se condujo exclusivamente dentro de los parámetros del mismo.
Algo parecido ocurre, si bien a una escala diferente dado el contexto internacional, con el terrorismo integrista actual. Sólo desde el Estado de Derecho (incluido el derecho internacional) podremos colocar a estos grupos fuera de la legalidad y deslegitimarlos moralmente (no solo dentro de los países musulmanes, sino también dentro de las capas de población de esa misma tradición de los países europeos) y exigir a estos la colaboración necesaria para su eliminación. No hay atajos en la lucha contra el terror. Quizás los atajos pueden proporcionar supuestos éxitos a corto plazo, pero el riesgo de “enquistamiento” a medio y largo plazo es grande y de consecuencias nefastas.
Víctor Andrés-Maldonado es licenciado y MBA por ESADE. Fue funcionario de las instituciones de la UE de 1986 a 2012.