“Por razones de la covid ya no hay asilo”. Desde marzo de 2020, los funcionarios de fronteras de Estados Unidos han pronunciado esas palabras para rechazar a miles de refugiados que trataban de acceder a una protección humanitaria en los puntos de entrada al país, forzándoles así a permanecer en las peligrosas ciudades de la frontera mexicana o a ser expulsados en vuelos de vuelta a los países de los que huían. Hace casi dos años, la Administración de Donald Trump utilizaba la covid como pretexto para poner en marcha Title 42, su política de cierre de fronteras, y hacer realidad su manifiesto objetivo de cerrar el acceso al sistema de asilo estadounidense. Después de haber sido testigo de primera mano de los peores horrores de la política de fronteras de Trump, resulta surrealista y demoledor contemplar cómo, un año después de la llegada de Joe Biden, las condiciones se han vuelto todavía peores para los refugiados atrapados en el lado mexicano de la frontera.
Durante su campaña, Biden hizo generosas promesas de construir un sistema de asilo “seguro, ordenado y humano” en la frontera sur de Estados Unidos, llamó a la Casa Blanca a estimables defensores de la inmigración para dar forma a su nueva política de fronteras y contactó con organizaciones sin ánimo de lucro, como la mía, para que ayudaran a su Administración a rehacer un sistema de asilo diezmado por Trump. Nuestro trabajo tuvo un comienzo prometedor, ya que nos coordinamos con la Administración de Biden para comenzar a desactivar el programa Quédate en México, que obligaba a casi 70.000 refugiados a esperar en precarios campamentos y refugios fronterizos mexicanos a las resoluciones estadounidenses de petición de asilo. Sin embargo, estas y otras políticas proinmigración de Biden no tardaron en ser más teatrales que sustanciales. Por ejemplo, en sus primeros seis meses, la “desactivación” del Quédate en México permitió que unos 13.000 migrantes mexicanos continuaran con sus casos de asilo en Estados Unidos, pero durante el mismo período de tiempo, Biden devolvió a México a casi un millón de migrantes utilizando la política del Title 42 de Trump. Diversos y reputados colegas que colaboraban con la Administración con la esperanza de operar un cambio positivo dimitieron como protesta, cuando quedó claro que influyentes miembros del Partido Demócrata no estaban queriendo asumir riesgos políticos por mantener las promesas de la campaña electoral de Biden.
Las políticas de rechazo a los refugiados como prevención de la expansión de la covid son como una broma cruel diseñada como castigo a los migrantes, con cierres de frontera relacionados con la covid que, en su gran mayoría, solamente les afectan a ellos. El feminicidio y la guerra de carteles en México, la agitación política en Haití, y los desastres provocados por el cambio climático en Centroamérica han impulsado hacia la frontera a cantidades crecientes de familias vulnerables. Impedidas de poder buscar asilo o reunirse en Estados Unidos con sus familiares, atestan campamentos fronterizos y rebasan la capacidad de los refugios. Al mismo tiempo, alrededor de diez millones de ciudadanos estadounidenses, residentes y poseedores de visado, cruzan la frontera cada mes con un escaso o nulo chequeo por la covid-19. El acceso salvador a protecciones humanitarias ha sido suprimido en nombre de la “salud pública”, aunque los ciudadanos y residentes estadounidenses cruzan libremente a México para asistir a multitudinarios festivales musicales, o de vacaciones, sin requisitos de test o de cuarentenas. Es exasperante ver a los migrantes sufrir y morir por falta de acceso a cuidados de emergencia en un sistema público mexicano devastado por la pandemia, mientras, al norte, muchos de mis compatriotas protestan por las medidas de vacunación y rechazan los protocolos para mitigar la covid, tanto en Estados Unidos como fuera del país.
Al mantener esas crueles e ineficaces políticas, Biden no solo ha conseguido enojar seriamente a los defensores de la inmigración, sino que también ha fracasado en obtener un alto el fuego por parte de los republicanos, los cuales simplemente duplicaron sus esfuerzos por promover la histeria de “las fronteras abiertas”; una histeria que no podría estar más alejada de la verdad, ya que las actuales políticas del Title 42 y Quédate en México están siendo utilizadas como burdas herramientas para expulsar a tantos migrantes como sea posible. Al mismo tiempo, quienes, en la izquierda, se indignaron por políticas de Trump como la de la separación familiar, se muestran mayormente apáticos o no conscientes de que las políticas de Biden son, en muchos sentidos, más restrictivas y abusivas que las de Trump. Defensores de la creación y del apoyo a movimientos para abolir el ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se contentan ahora con sumirse en interminables reuniones con dirigentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras nuestros representados mueren en la frontera.
Para ser justa con mis colegas de buena fe en el movimiento estadounidense por los derechos de los inmigrantes, la Administración de Biden ha tenido éxito al distraernos, dejándonos luchar por retener los vestigios de un moribundo sistema de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras ellos creaban un sistema más amplio de apartheid global mucho más insidioso. Al igual que Europa y Australia, Estados Unidos tiene subcontratado un control de inmigración mediante países de “tránsito” como México y Libia, cuyos gobiernos en gran medida hacen la vista gorda ante los abusos de los derechos humanos, y que para los migrantes tiene como resultado la violencia, la esclavitud o incluso la muerte. Se produce un clamor público cuando agentes a caballo azotan a migrantes haitianos en la frontera de Estados Unidos, pero rara vez se registra cuando el Gobierno de Estados Unidos emplea los dólares de nuestros impuestos pagando a la Guardia Nacional mexicana para que haga lo mismo. La externalización del control de fronteras del primer mundo no nos absuelve a los ciudadanos del mismo de nuestra responsabilidad moral de impedir que nuestros gobiernos hagan daño a los más vulnerables, con independencia de que el abuso tenga lugar o no en nuestras fronteras físicas.
Erika Pinheiro es abogada de la organización Al Otro Lado, especializada en asistir a demandantes de asilo en la frontera de Tijuana / San Ysidro (California). Traducción de Juan Ramón Azaola.