El ministro de Justicia, apostó, el pasado 5 de diciembre ante la Comisión de Justicia del Congreso, por “una justicia más ágil, organizada, digital, basada en los profesionales, pensada e impartida para las personas y fuerte en su independencia en su implacable lucha contra la corrupción”. Nada dijo sobre las razones políticas que instrumentalizan y obstaculizan esa agilidad. Como ejemplo el área penal de la Audiencia Nacional.
Desde finales de 2014, los Juzgados Centrales de Instrucción, han pasado asuntos impulsados por la Fiscalía que nos han dejado perplejos.
Casos cerrados y reabiertos hasta que la Sala correspondiente los ha zanjado con una sentencia o con un archivo. Mientras tanto, se han invertido recursos, puesto en la picota a sus protagonistas, contribuido al desmadre mediático de la AN y de paso al de las formaciones políticas correspondientes, que por lo general ha sido Podemos o independentistas.
Casualidades de la vida, la llegada al Gobierno en octubre de 2014 del ministro Catalá coincidió con un inusitado despliegue de denuncias relacionadas con el terrorismo. Solo en 2015, la AN dictó 25 sentencias por delitos de enaltecimiento, cinco veces más que las emitidas en el año 2011 cuando ETA dejó las armas.
Muchos de estos casos nunca deberían haber llegado a la AN que agrupa las causas de terrorismo, crimen organizado y corrupción.
El 19 de mayo de 2015, dentro de la denominada operación Araña III contra el enaltecimiento del terrorismo, fue detenido el cantante Strawberry líder del grupo Def con Dos por unas letras de algunas de sus canciones. La detención "coincidió" con las elecciones municipales y autonómicas en las que se esperaba un fuerte ascenso de Podemos. Tras una suerte de archivos y reaperturas, el tribunal lo absolvió el 12 de julio. Un año entero “dedicado” al artista.
El 31 de mayo, el falso sindicato Manos Limpias, cuyo líder Miguel Bernad se encuentra hoy en prisión provisional, denunció a los aficionados y al presidente de la Federación Española de Fútbol por vejar a España al haber protagonizado la afición una tremenda pitada en la final de la Copa del Rey mientras sonaban los acordes del himno nacional. También aquí, aunque la Fiscalía, dentro de su errática posición, opinaba que el caso podía suponer un delito de injurias al Rey y a los símbolos de España, el juez Andreu, consideró que no existía tal. El magistrado se vio obligado a reabrir el caso por orden de la Sala. A fecha de hoy continúa la instrucción. Entre tanto, tuvieron lugar las elecciones catalanas de septiembre de 2015, telón de fondo de este asunto.
Dos semanas más tarde, Manos Limpias arremetió contra concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, denunciándolo por haber tuiteado en 2011 mensajes que invitaban a la discriminación, al odio y al racismo. En esta ocasión instruyó y archivó de inicio el caso el juez Pedraz, quien se vio también en la tesitura grotesca de reabrir, archivar y reabrir hasta que la Audiencia Nacional el 15 de diciembre de 2016 absolvió a Zapata. Siete jueces se pronunciaron sobre el caso. Jueces que tenían indudablemente mejores cosas que hacer. Pero ¿y la cantidad de jugosas opiniones de periodistas al calor del poder, de tertulianos, de articulistas…? El caso Zapata fue una auténtica mina mediática, un ariete contra el Ayuntamiento de Madrid y un derroche para el contribuyente.
Claro que cara al consistorio de la Villa y Corte, faltaba lo mejor: los titiriteros. En el ardor de la Fiscalía por el antienaltecimiento del terrorismo, dos jóvenes acababan en prisión acusados de ensalzar a ETA y a Al Qaeda en una obra de guiñol. Fue el 2 de febrero de 2016 y esta detención sirvió para “encausar” de paso a la alcaldesa de Madrid y a su equipo durante muchas semanas. El 29 de junio de 2016, tres días después de las segundas elecciones generales que dieron cierta tranquilidad al PP, el Juez Central archivaba el asunto.
Este afán por descubrir nuevas “células” terroristas es solo comparable al entusiasmo por denunciar el conflicto de las banderas. Con el fondo de las elecciones catalanas de septiembre de 2015, la persecución contra Ayuntamientos y políticos catalanes por el tema de las esteladas, llevó a que el 31 de octubre de 2016 se contabilizaran 406 denuncias afectando a políticos catalanes independentistas y Ayuntamientos. Nueve municipios eran investigados por la AN por aprobar mociones de apoyo a la resolución rupturista del Parlament del 9 de noviembre de 2015. Como en casos anteriores, hasta febrero de este año, el fervor de la Fiscalía, había sido contestado por la AN con el archivo de las denuncias presentadas contra los Ayuntamientos de San Cugat y de Premia de Dalt por delitos de rebelión, sedición y conexos. Más trabajo en balde.
La guerra de las banderas ha dado mucho quehacer a los jueces. Y mucho juego a los políticos, por ejemplo a los diputados populares Albiol y Levy que el pasado 15 de septiembre posaban para las cámaras ante la puerta de la AN tras haber presentado su denuncia por la quema de banderas de España, Francia y la UE en la manifestación de la izquierda independentista en la Diada de Cataluña, celebrada el día 11 de ese mes.La Fiscalía a su vez extendía la investigación a algunas personas que habían quemado fotos del Rey. Como resultado de todas estas indagaciones, en este desatinado “juego” de a ver quién tira más lejos este lunes 12 de diciembre se producía el rifirrafe de rigor de detenciones de no comparecientes y protestas de ciudadanos en desacuerdo.
La cuestión de la simbología y las señas de identidad patrias es algo que debería alertarnos sobre la banalidad de los argumentos y la vaciedad de contenidos en los que se mueven algunos políticos hasta el punto de encapsular la situación en una especie de conflicto bucle del “y tu mas” sin otros argumentos de fondo. Por ejemplo: el 4 de noviembre los Mossos d’Esquadra detenían a la alcaldesa de Berga acusada de delito electoral por colgar una estelada. La regidora había faltado en dos ocasiones a su obligada cita con el juez. Más aún. En el municipio barcelonés de Rubí, con motivo de la celebración del último día de la Constitución un grupo de independentistas quemaron un ejemplar de la Constitución española durante una protesta contra el acto convocado por el Ayuntamiento. Es muy probable que acaben en sede judicial ante algún atareado instructor.
El conflicto de símbolos que padecemos a causa de una Transición mal resuelta y de una pertinaz obsesión por parte de sectores conservadores, entre los que figura el PP, de reivindicar que la bandera, el himno o la manera de representar al Estado es de su exclusiva propiedad sin que quepa nadie más ni, por supuesto, otras opiniones, debería resolverse políticamente y no por vía judicial.
El patriotismo no se mide por la cantidad y el color del tejido empleado en confeccionar una bandera que se enarbola frente al rival político cuando no se tienen soluciones políticas, se cuantifica por la capacidad de dialogo, por asumir que vivimos en un país plural, por asumir el lugar del otro. Es decir haciendo democracia y no sectarismo. Meter a la justicia en esta “guerra” de banderas y de símbolos es hacerle perder el tiempo y los medios que se precisan para atender otras amenazas reales como el yihadismo, la corrupción o la criminalidad económica organizada.
Pero el ministro parece dispuesto a resolver las cosas. Al final de su comparecencia ante el Congreso enarboló su particular estandarte proponiendo “crear una subcomisión para definir una Estrategia Nacional de Justicia”. Rafael Catalá, como buen funcionario, conoce bien la base de la ineficacia administrativa: si quieres que algo no funcione, crea una comisión.
Baltasar Garzón es jurista.