Sin ‘club islámico’ surmediterráneo

El ascenso de los partidos islamistas al poder en gran parte del sur del Mediterráneo ofrece un panorama extraño. En busca de indicios de lo que cabe esperar de los gobiernos islámicos, tanto sus críticos internos –laicos y progresistas– como los observadores extranjeros, sobre todo occidentales –gobiernos, medios de comunicación e inversores– escudriñan sus agendas ideológicas. Puede plantearse la siguiente pregunta: ¿reafirmarán los debates en curso en varios países en periodo de transición la charia como una o como la fuente principal de la ley? ¿Se verán reflejados en la ley o se impondrán en la práctica los puntos de vista de figuras islámicas más conservadoras acerca del lugar “complementario” –no igual– de las mujeres en la sociedad?

La violencia que acompaña ciertas demostraciones públicas de una sensibilidad a flor de piel en las sociedades musulmanas en lo relativo a desaires al islam también tiene su papel. El asesinato del embajador de EE.UU. en Libia y los ataques de salafistas tunecinos contra universidades, cines y exposiciones de arte no han hecho más que incrementar el grado de inquietud en esos países y en el extranjero en general ante la eventualidad de que la política islamista se moldee principalmente de acuerdo con valores de signo ideológico.

Sin embargo, los islamistas en el poder también se encuentran en terreno extraño. Han de aprender a funcionar como partidos políticos registrados legalmente en vez de proceder como “organizaciones” fuera de la ley en el seno de nacientes sistemas políticos multipartidistas, sistemas que implican transparencia y rendición de cuentas ante el electorado en lugar de férreas lealtades y aislamiento. Las “reglas del juego” se ponen en práctica a través de la negociación en los parlamentos y asambleas constituyentes y, a veces, coincidiendo con tumultuosas protestas públicas en las calles. También en el marco de forcejeos más amplios a propósito de marcos constitucionales, en los que las cuestiones clave están relacionadas no con el papel de la charia sino con el equilibrio de poder entre jefes de Estado, primeros ministros y parlamentos y también con la independencia del poder judicial.

La suerte de los gobiernos encabezados por islamistas o en los que los islamistas son socios importantes –en Egipto, Libia, Túnez y Marruecos– depende, en última instancia, de si triunfan o si fracasan a la hora de abordar los grandes desafíos socioeconómicos. En cabeza de la lista figuran la pobreza generalizada, el aumento del paro y la mayor disparidad de ingresos. Hay que lograr revertir el sentido de estas tendencias pese a la disminución o fluctuación del crecimiento económico y la baja inversión extranjera directa en los sectores productivos; por otra parte, debe evitarse la especulación en los mercados inmobiliarios y de valores, favorecida por los poseedores del capital y que tiende a afianzar aún más la concentración de la riqueza y las disparidades de ingresos.

Los gobiernos islamistas están en apuros. Llegaron al poder en gran parte debido a que sus predecesores autoritarios no respondieron a los mismos desafíos, pero los recién llegados deben lidiar con las consecuencias adicionales de las dificultades económicas y la pérdida de confianza de los inversores (nacionales y extranjeros) que han acompañado la agitación social y política desde el 2011.

Los partidos islamistas, además, tienen la desgracia de verse en la necesidad de dar cuenta de las respuestas gubernamentales a tendencias globales de hecho fuera de su control: el nuevo aumento brusco en los precios de alimentos, el tercero desde los levantamientos del 2008 y de finales del 2010, que tanto supusieron en la intensificación de las tensiones sociales y prepararon el terreno de las revueltas árabes; la crisis del euro y la correspondiente reducción de la confianza de los inversores en todo el mundo; y el paro juvenil, cuyo índice empeorará en los próximos cinco años, según la OIT, golpeando con mayor dureza a Oriente Medio y al área del norte de África, hasta niveles del 27-28% para el 2017.

Los gobiernos de cualquier otra ideología política, laicos o de otro carácter, habrían debido hacer frente a los mismos desafíos que los gobiernos islámicos y, casi con seguridad, habrían respondido de manera similar. La inquietud en el sentido de que los programas ideológicos islamistas conduzcan a la inestabilidad política disuaden a inversionistas extranjeros y nacionales, pero no han empujado a los gobiernos occidentales a restringir los acuerdos comerciales, las líneas de crédito o los programas de ayuda. Por tanto, los auténticos desafíos a los que hacen frente los nuevos gobiernos del sur del Mediterráneo tienen poco que ver con su carácter islamista. Sin embargo, si fracasan, su fracaso se considerará el fracaso de un modelo específicamente islámico de gobierno.

La cuestión es una ironía. Los principales partidos islamistas ahora en el gobierno –gobierno de carácter “centrista”, como se autodenominan– defienden todos ellos programas sociales y económicos de tipo neoliberal. De hecho, su fuerte apego a la propiedad privada, la fe en la economía de libre mercado, el deseo de reemplazar al Estado como principal proveedor de servicios de bienestar social por el cobro del diezmo, unos valores sociales conservadores y un enfoque de las cuestiones de género de acuerdo con los criterios de la confesión religiosa son elementos que les emparientan con la derecha cristiana y los republicanos en EE.UU. o con los democristianos en Europa.

Y constituye una ironía adicional el hecho de que, a pesar de estos rasgos comunes entre los principales partidos islamistas del sur del Mediterráneo, no exista propiamente un “club islámico”. No hay indicios de una reorientación estratégica de las relaciones económicas hacia la creación de zonas económicas comunes y en reciprocidad de condiciones o bien con la comunidad en general de los países islámicos. Tampoco existe un serio diálogo o iniciativa Sur-Sur o hacia el grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) como alternativa a los lazos bilaterales con los socios comerciales de larga duración y las fuentes de crédito en EE.UU. y Europa.

Los gobiernos islamistas del sur del Mediterráneo se caracterizan, además, por tanta diversidad en sus acuerdos políticos y conducta económica como sus predecesores. El partido marroquí Justicia y Desarrollo ha quedado parcialmente integrado en la corrupción estructural del sistema al tiempo que ha sufrido una usurpación de funciones y prerrogativas del primer ministro y su gabinete por el rey Mohamed VI. Los partidos islamistas en Argelia que entraron en el Parlamento tras el fin de la guerra civil en el país ejercen escaso poder verdadero; han sido succionados en mayor o menor grado por el sistema de clientelismo estatal, en parte a través de la distribución de carteras ministeriales y ciertas licencias comerciales. La riqueza petrolífera de Libia significa que su legado de empleo, inversión y clientelismo basados en el sector estatal probablemente no desaparecerá, sea cual sea la identidad ideológica de su gobierno. En Túnez y Egipto, es posible que las élites islamistas emergentes abran enérgicamente sus economías para permitir el rápido crecimiento de las pymes, pero también pueden limitarse a intentar suplantar a las élites laicas anteriores en el control de la riqueza concentrada.

En todos los países del sur del Mediterráneo, la inminente crisis social del paro, la escasez de vivienda, la disminución de los servicios públicos y los servicios públicos inadecuados (incluido el suministro de agua potable) –en medio de unas redes de seguridad de carácter social y sanitario cada vez más frágiles– significan que la ocasión para que los gobiernos islamistas “hagan las cosas bien” será breve.

Yezid Sayigh, investigador asociado del Centro Carnegie sobre Oriente Medio, Beirut. Traducción: José María Puig de la Bellacasa.

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