El pasado 16 de agosto, Luis Abinader fue juramentado como el nuevo presidente de la República Dominicana, luego de un proceso electoral enmarcado en protestas ciudadanas. Es claro que su principal prioridad será mitigar el impacto de la pandemia, garantizando la accesibilidad a servicios de salud de calidad para todas las personas, así como la seguridad del personal de salud que hace frente a la emergencia sanitaria.
Sin embargo, el presidente Abinader también tiene otros compromisos que cumplir. Además de proteger el derecho a la salud, desde Amnistía Internacional planteamos otras cuatro prioridades que debe incluir en su programa de gobierno para los próximos cuatro años y así cumplir con las promesas de cambio que hizo durante su campaña electoral.
Una de esas prioridades es la vida, salud y dignidad de las mujeres. República Dominicana todavía penaliza el aborto en todas las circunstancias, lo que constituye una violación de los derechos de las mujeres y niñas. Un día después de su juramentación como presidente, varios congresistas propusieron excluir la despenalización del aborto del proceso de aprobación del Código Penal, una demanda sostenida desde hace años por los movimientos de derechos de las mujeres en el país. Esta propuesta se presentó justo en el octavo aniversario de la muerte de Rosaura Almonte “Esperancita”, quien falleció a los 16 años después de que le fue negado un tratamiento de quimioterapia porque afectaría, según se afirmó, al feto de siete semanas que llevaba.
A la fecha, el presidente no se ha pronunciado al respecto. Así que le recordamos que República Dominicana debe eliminar la prohibición total del aborto, tal como se comprometió ante la Organización de Naciones Unidas. Su gobierno debe cumplir con esta obligación internacional y garantizar que las mujeres y niñas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluyendo al momento de decidir abortar, sin sanciones penales.
Otra prioridad clave es construir una Policía Nacional que respete los derechos humanos. En su primera entrevista internacional, Abinader aseguró “una gran reforma para la Policía Nacional”. A pesar de aprobarse una nueva Ley de Policía Nacional en 2016, la Policía sigue utilizando la fuerza de manera innecesaria, tal como documentamos al analizar la reiterada práctica de detenciones arbitrarias de trabajadoras sexuales y jóvenes de comunidades marginadas.
En el marco del COVID-19, la Policía Nacional realizó casi 85,000 detenciones entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020, supuestamente por no cumplir con el toque de queda, según un recuento que hicimos de las cifras oficiales publicadas diario en Twitter. También hemos verificado videos de la Policía dominicana acorralando rutinariamente a personas, principalmente de bajos recursos, y deteniéndolas sin distanciamiento físico por no llevar mascarillas.
Para que esa “gran reforma” sea efectiva, el presidente Abinader debe priorizar un enfoque de derechos humanos en su gestión, incluyendo el desarrollo de mejores protocolos de investigación, particularmente para tortura, conforme con el Protocolo de Estambul; el fortalecimiento de mecanismos de investigación de todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía, de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial; y la eliminación de barreras al acceso a la justicia por parte de las víctimas y sus familias.
Por otro lado, Abinader llega al Palacio Nacional en un contexto de un notable crecimiento económico sostenido —denominado por muchos como el “milagro dominicano”— pero con amplias brechas de desigualdad entre la población de casi 11 millones de personas. Para lograr el “cambio” que este gobierno se propone, será fundamental adoptar medidas que promuevan la igualdad y la no discriminación. Por tanto, urge la aprobación de la Ley General de Igualdad y No Discriminación, pendiente desde hace casi una década.
Si su compromiso de transformar la vida de millones de personas es serio, Abinader tendrá que trabajar junto al Congreso Nacional y con organizaciones y colectivos de sociedad civil, para aprobar una norma que provea herramientas y lineamientos mandatorios para que las personas —sobre todo grupos históricamente marginados, como las mujeres, las juventudes, las personas LGBTI, afrodescendientes y otras— puedan tener una vida sin discriminación. Esta norma es necesaria para lograrlo, tal como lo han destacado varios mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, así como otros Estados.
Por último, ninguna persona debe ser apátrida en el país. En su última semana de gobierno, el expresidente Danilo Medina ordenó la naturalización de 750 personas dominicanas de ascendencia haitiana que habían sido desprovistas de su nacionalidad. Aunque esta medida muestra algo de esperanza, no es suficiente, tal como expresan organizaciones y movimientos antirracistas y por la defensa de personas apátridas en el país.
Todavía quedan miles de personas dominicanas nacidas de progenitores extranjeros, cuyo nacimiento nunca se había registrado, que no han podido naturalizarse como dominicanas a pesar de tener que inscribirse en el libro de extranjería y posteriormente iniciar un complejo proceso de naturalización, como lo ordena la Ley 169-14.
El presidente Abinader debe abrazar el diálogo con las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas, y con las organizaciones y movimientos que les acompañan, a fin de eliminar las condiciones que generan apatridia, incluyendo la emisión de documentos de identidad dominicana ciertos y efectivos a las miles de personas que todavía aguardan en la incertidumbre.
En definitiva, Abinader tendrá importantes desafíos que enfrentar para lograr la promesa de cambio que le llevó a ser elegido como presidente. Sin embargo, un cambio verdadero implicará poner al centro las voces y demandas de grupos que enfrentan discriminación y exclusión social. Un cambio verdadero implicará un cumplimiento pleno de las obligaciones internacionales que República Dominicana ha aceptado. Cualquier esfuerzo que no tenga como núcleo la garantía de los derechos humanos de todas las personas en República Dominicana será en vano, y la promesa de cambio quedará vacía.
Elina Castillo Jiménez es campaigner para el Caribe de Amnistía Internacional.