Sin lealtad no hay Estado autonómico

Los constituyentes, entre los cuales me encuentro, quisimos creer que lo ocurrido durante la República no volvería a suceder. Pensamos que merecía la pena -en honor a la reconciliación que todos anhelábamos- dar un nuevo voto de confianza a los nacionalistas vascos y catalanes para que se integraran en el marco constitucional y formaran parte del nuevo Estado democrático que les ofrecía, por lo demás, una amplia y generosa autonomía. Después del tiempo transcurrido tenemos que reconocer que entonces, desgraciadamente, nos equivocamos. No tengo más remedio que aceptarlo. Por eso me extraña leer a veces declaraciones de algunos de nuestros dirigentes políticos actuales afirmando que el Estado Autonómico constituye una historia de éxitos. No, no y no. La realidad es bien distinta. Ha acabado siendo más bien una inmensa decepción y un riesgo que no deberíamos haber aceptado. La pretensión de que con las autonomías acercábamos la Administración a los administrados no ha justificado finalmente su implantación, si consideramos los problemas que nos ha venido creando. Por si fuera poco, el desarrollo tecnológico que se ha producido en estos últimos tiempos ha supuesto un mentís rotundo a la pretensión descentralizadora de entonces pues hoy los administrados estamos tan cerca de la Administración que en cualquier momento podemos ponernos en contacto con ella a través de internet inmediatamente.

Sin lealtad no hay Estado autonómicoNo, ciertamente no. Lo que ha ocurrido en realidad es que las Autonomías se han transformado en una colosal agencia de colocación de la que se beneficia la clase política que obtiene un sinfín de cargos, espléndidamente remunerados, que constituye una verdadera bicoca para sus militantes. La inflación de personal autonómico ha sido galopante. Lo que antes hacían unas austeras diputaciones provinciales con un reducido número de funcionarios hoy lo realiza una creciente estructura burocrática que dispara el gasto público en beneficio únicamente de los partidos políticos que colocan a sus afiliados sin reparo alguno ni consideración. Esta es, en realidad, la historia de éxitos que proclaman.

Pero lo más grave no es esto. Lo terrible es que gracias al Estado Autonómico los nacionalistas sediciosos con sede en Cataluña y País Vasco han encontrado -les hemos regalado- el instrumento ideal para consumar la traición a España que vienen labrando desde hace casi un siglo. Se les ha dado bula en la educación, que utilizan con insidia. Manejan las televisiones autonómicas a su antojo y con ambos instrumentos han ido creando una conciencia nacional enfrentada a España que perdurará por desgracia durante demasiado tiempo. De esta forma si no eres nacionalista, si no eres de los suyos, eres poco menos que un traidor a la causa y por supuesto no tienes nada que hacer de cierta relevancia y alcance social en tu tierra natal. Si además gracias al sistema electoral vigente resulta que los grandes partidos nacionales necesitan con frecuencia el apoyo de los partidos nacionalistas para aprobar los Presupuestos e incluso para llegar y mantenerse en La Moncloa, pues todo está dicho. El desastre está asegurado.

El carácter insaciable de los nacionalistas separatistas no tiene límites. Si por ellos fuera, en su territorio sobramos todos. Han acabado en su día con los gobernadores civiles. Pretenden expulsar a la Policía Nacional, y a la Guardia Civil, borrando todos los símbolos de la España a la que pertenecen pero detestan. La consigna es bien clara: «No queremos presencia alguna del Estado entre nosotros». El Rey de España, por supuesto, estorba. La Constitución se empeñan en hace creer que fue una Constitución impuesta cuando en Cataluña fue respaldada por un 90% de la ciudadanía. Pero para seguir cultivando el victimismo que tan bien les va se han inventado ahora la teoría del ‘conflicto político’, cuando los creadores del conflicto son ellos mismos. Un conflicto que requiere habilitar con urgencia una mesa de diálogo que lleve a una negociación de igual a igual entre lo que es en realidad el Estado y una mera comunidad autónoma. Todo un disparate de consecuencias incalculables. Pero por si esto fuera poco estos desaprensivos, gracias al dinero de todos los españoles, se dedican a abrir oficinas en el exterior para desacreditar a España y denunciarla ante las más altas instancias internacionales. ¿Cabe más dislate y despropósito?

Pues bien, gracias a nuestro más alto Tribunal creímos ver la luz al final del túnel. Por fin pusimos a los dirigentes de la conspiración en el lugar que les corresponde, esto es, en la cárcel. Pero como Pedro Sánchez para subsistir en La Moncloa necesita contar con el apoyo de toda esta retahíla de fuerzas separatistas se ha visto obligado a conceder una amnistía vergonzosa saltándose olímpicamente los argumentos del propio Tribunal Supremo, poniendo en un brete al mismo Rey, eso sí, con las bendiciones de la Conferencia Episcopal y el aplauso de los empresarios ante el desconcierto general de la Nación. ¡Pobre España!

Pero en medio de tan triste panorama nos queda todavía la esperanza en la Justicia felicitándonos igualmente de la contundente y veloz reacción de los partidos de la oposición y de aquellos medios de comunicación independientes del Gobierno que han dado una respuesta inequívoca ante lo ocurrido. Y por último, siempre nos quedará el pueblo español que mayoritariamente repudia lo sucedido y que a buen seguro castigará en las urnas las fechorías de este Gobierno cuando se le convoque en su momento.

Dado que en las presentes circunstancias es impensable que una reforma de la Constitución pudiera llevarse a cabo, creo, sin embargo, de la mayor urgencia que tanto el PP como Vox acuerden los términos de una posible reforma de la Ley Electoral en su momento que acabe con la preponderancia adquirida por estos partidos minoritarios que están condicionando el rumbo del país a pesar de su escasa implantación nacional y su permanente deslealtad.

No es admisible, por ejemplo, que un partido como el PNV que no llega ni al 2% de representación nacional pueda decidir una investidura y hasta una moción de censura como ha ocurrido ya en varias ocasiones. Y es grotesco que un partido como Teruel Existe sea cortejado por el Gobierno de la Nación en petición de ayuda y sostén en determinadas ocasiones, como viene ocurriendo. Y así tantos y tantos partidos de escasísima fuerza electoral que hacen su agosto a costa del interés general de la Nación.

A veces, como afirmó en cierta ocasión el general De Gaulle, es más importante la Ley Electoral que la propia Constitución. Tomen pues buena nota los partidos del centro-derecha para tratar de seguir el sabio consejo del ilustre general.

Ignacio Camuñas Solís fue ministro adjunto para las Relaciones con las Cortes.

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