A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere destruir sus ilusiones. (F. Nietzsche).
Hoy está en juego es el Estado de derecho. Precisamente por eso no podemos permanecer callados; el silencio nos haría cómplices y todavía resuenan en nuestra memoria los versos de Martín Niemöller: “… Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada”.
La situación en Cataluña es inédita y preocupante. Inédita porque no es habitual que, en un Estado de derecho avanzado -como el nuestro-, las autoridades inciten a la desobediencia a la Ley; preocupante, porque cuando las emociones sustituyen a las razones, la búsqueda de soluciones se hace cada vez más difícil. Desgraciadamente, la experiencia nos enseña que los políticos que se creen ungidos por el dedo de Dios o de la historia suelen conducir a sus pueblos al desastre.
Pero volvamos al principio. Cuando todo se cuestiona y nada parece seguro, hemos de volver, otra vez, a recordar lo básico.
España se define como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Los pilares de este Estado de derecho son la separación de poderes y la sujeción de todos, ciudadanos y poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que la misma ampara.
Si, como señala el profesor Francesc de Carreras, la libertad es el derecho a no someter nuestra voluntad a la de ninguna otra persona o poder público -más allá de lo que establezcan las leyes iguales para todos y en cuya elaboración y aprobación hayamos participado todos-, fácilmente se intuye el papel tanto de la Constitución como cauce para la promulgación de esa ley como de la propia Ley como marco o conjunto de reglas que garantizan la convivencia democrática. Fuera de la Constitución no hay Estado de derecho, ni ley, ni garantía de convivencia pacífica.
Para garantizar el respeto a la ley y a los derechos fundamentales surge el principio de división de poderes, conforme al cual los poderes públicos no solo están separados, sino que se controlan recíprocamente, mediante un sistema de pesos y contrapesos que asegura que ninguno invade la esfera del otro y cada cual es responsable de los actos que le competen. La pieza clave del sistema es un Poder Judicial independiente.
Sin contrapesos o frenos, el sistema tiende al poder omnímodo, antesala de regímenes totalitarios de cualquier signo. De ahí que las actuaciones orientadas a presionar al Poder Judicial, además de delictivas, revelan el propósito último de quienes las inspiran y materializan: un Estado dictatorial en el que la disidencia está prohibida y castigada; un Estado en el que se señala con el dedo al discrepante.
En Cataluña existe un conflicto de naturaleza política, nadie lo discute, que se ha intentado resolver por las vías de hecho, contraponiendo artificiosamente la supuesta legitimidad democrática del Parlamento autonómico a la legalidad constitucional, en detrimento de esta última y con intencionado olvido de que la legitimidad de la actuación de cualquier poder político se basa en su conformidad con la Constitución.
La Cámara catalana carece de competencia para construir una legalidad paralela que altere el orden constitucional en el que se sustenta y del que extrae su propia autoridad.
Y aquí es donde el conflicto político deriva en un conflicto constitucional y en un problema jurídico legal, y, por tanto, donde el Poder Judicial, hasta ahora silente porque en un Estado de derecho no corresponde a los jueces interpretar la historia ni resolver controversias políticas, cobra todo su sentido, en una presencia no buscada ni deseada pero necesaria, como garante que es de la Constitución y la ley.
La posición de los jueces es clara. La Justicia emana del pueblo y se administra por jueces independientes y sujetos únicamente a la Constitución y a la ley. Nuestro compromiso es con la legalidad constitucional y haremos cuanto sea necesario para que se respete y se cumpla. Esa legalidad no es inmutable ni sagrada; por supuesto que puede modificarse, mas siempre a través de los cauces establecidos; entre tanto, debe respetarse y cumplirse. No hacemos la ley, la cumplimos.
La Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica carecen de eficacia alguna, primero, porque ambas han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, y, segundo, porque el mismo órgano constitucional ha anulado los acuerdos de la Mesa del Parlamento al amparo de los cuales fueron aprobadas.
Al carecer de efecto jurídico alguno, los jueces tenemos el deber de no aplicarlas, teniéndolas por inexistentes. Los ciudadanos no pueden ser destinatarios de algo que no existe y no tienen obligación alguna de atender las normas administrativas o reglamentarias dictadas en su desarrollo ni las indicaciones que pueden recibir en base a las mismas. Y los funcionarios, sean de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, en especial los Mossos de Esquadra, han de adecuar su actuación a la Constitución y a la ley constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración precisa para su exacto cumplimiento.
Unos y otros contarán con el amparo del Poder Judicial frente a cualquier pretensión de imponer normas suspendidas o anuladas, proceda de quien proceda.
Igual reflexión merece la invocación a la supuesta voluntad popular, que no es “voluntad popular”, sino “voluntad popular manifestada la calle” y con la que se pretende justificar que se prescinda de la ley o que se interprete en contra de lo que dice. Es un mero disfraz para el intento de trasladar el debate político a la lucha callejera, donde triunfa la ley del más fuerte, abriendo la puerta a los que Elias Canetti denominaba “masas de acoso”, como preludio a los linchamientos públicos y a las noches de “los cristales rotos”. La “calle” ni legitima ni ampara decisiones ilegales.
Quizá en esta línea debamos interpretar la insistencia de algunos en “descentralizar el Poder Judicial” y crear y alimentar Poderes Judiciales “autonómicos”, más fácilmente maleables.
Cada uno de nosotros, al despertar cada mañana, tiene que decidir qué quiere ser y qué quiere hacer. Ojalá que, cuando despertemos de este mal sueño, seamos capaces de tomar la decisión correcta. Pero mientras, los jueces seguiremos cumpliendo y haciendo cumplir la ley, adoptando todas las medidas precisas para garantizar su respeto. Si se produce una actuación delictiva, se perseguirá y sancionará, y si es necesario adoptar medidas cautelares o relativas a los efectos o instrumentos del delito, se adoptarán, siempre con la serenidad y prudencia que singulariza al Poder Judicial.
No es un problema de los ciudadanos o de los jueces destinados en Cataluña, es un pulso al Estado de derecho en el que todos estamos implicados y en el que los jueces haremos honor al compromiso que asumimos al entrar a formar parte del Poder Judicial. No caben medias tintas.
Manuel Almenar Belenguer es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.