Sin privacidad no hay libertad

La dimensión más esencial de la libertad de una persona es su privacidad. Sin ella, nuestra identidad pierde su carácter distintivo. Cuando se carece de intimidad somos menos libres, porque nos condiciona la opinión de aquellos ante quienes estamos expuestos. Sentirnos observados nos influye, y favorece que nuestro comportamiento sea aquél que nos haga pasar más inadvertidos. Sin embargo, este deseo de evitar las miradas ajenas hay que hacerlo compatible con el de considerarnos protegidos, aspiración a la que es difícil sustraerse ante el aluvión de noticias relacionadas con el terrorismo que cada día nos inunda.

Esa actitud que antepone la seguridad a todo lo demás suele ir más allá de la razonable y, espoleada por el miedo, mueve a los propios ciudadanos a reclamar medidas preventivas cada vez más coercitivas. La crispación que provoca un atentado hace que no nos importe tanto que el Estado, bajo la justificación de defendernos, se arrogue la prerrogativa de que nada escape a su vigilancia de Gran Hermano. Hoy, el derecho a la privacidad está tan cuestionado que no se protesta cuando se vulnera nuestra intimidad. El Gobierno se ha aprovechado del temor colectivo para legitimar su capacidad de control sobre las actividades de las personas, aunque éstas no guarden relación con la seguridad.

Es cierto que las plataformas comerciales online saben de nuestros hábitos de compra y que, así, nos conocen por dentro y por fuera, pero siempre a partir de los datos que voluntariamente les hemos dado. Por el contrario, las instituciones públicas pueden disponer, sin nuestro permiso, de infinidad de registros personales. Esta información, si se suma la de todos los ciudadanos y se integra en el big data, otorga al Ejecutivo una inmensa potencialidad de influir o manipular.

Por ello, hay ya muchas personas que han optado por usar blackphones para salvaguardar su privacidad. Sin embargo, esta cautela sirve de poco ante la presión que nos obliga cada vez más al pago electrónico. La paulatina desaparición del dinero en efectivo reduce el anonimato del consumidor. Cada compra con una tarjeta de crédito supone una cesión de información personal, tanto al fisgón legal como al hacker.

En España, esta sobreexposición a la mirada ajena no parece preocuparnos en exceso, a tenor de lo desprendidos que somos con nuestros datos, especialmente con los provenientes de nuestras pautas de consumo. Así, los pagos en metálico ya sólo suponen un 50% del total, tal y como ponía de manifiesto un informe realizado por el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Lejos, por tanto, de la media mundial, que asciende al 85%, o incluso de la de nuestros pares de Europa Occidental, donde los pagos en efectivo suponen todavía el 66%.

Esta prevención al dinero contante y sonante en cantidades importantes, aparte de por los cambios en los hábitos de compra, ha venido motivada, en no pocas ocasiones, por una reacción de la sociedad ante los múltiples casos de corrupción que ha sufrido nuestro país, que, en el imaginario popular, encuentran su traducción más tangible en un maletín repleto de billetes morados. En ese sentido, las operaciones que quedan registradas en un disco duro o flotando en la nube se asocian con una mayor voluntad de transparencia. Esto, unido a lo cómodas que resultan, ha facilitado que cunda su aceptación entre la opinión pública, que se siente tranquilizada ante la convicción de que, si todo movimiento se hace con luz y taquígrafos, los facinerosos y pillos de cualquier calaña quedarán cada vez más arrinconados, sin una posible escapatoria. Sin la más remota posibilidad de continuar con sus enjuagues y de llevárselo crudo delante de nuestras narices. Una esperanza reconfortante para unos ciudadanos indignados, apetecible de creer cuando nos han arrastrado hasta los límites del desengaño colectivo, pero infundada.

Si se trata de prevenir el delito fiscal, hay que tener en cuenta que los mayores estafadores ni cobran ni blanquean con billetes de 500 euros, sino a través de transacciones electrónicas en paraísos fiscales y de las criptomonedas. Así, no dejan pruebas que les incriminen. Comprendo que la lucha contra los grandes defraudadores obligue a que los pagos de cantidades importantes requieran una identificación completa de la operación, pero que no se pueda pagar en efectivo ni 1.000 euros sin dar nuestros datos es una intromisión en nuestra privacidad. Al que tienen que vigilar es a quien vende para que cobre el IVA, pero no a quien lo abona, quien conserva el derecho de preservar su identidad.

Aunque sólo fuera para prevenir las ocasiones en que falla el sistema por un corte eléctrico o de señal, se debiera restablecer el umbral de dinero en efectivo que debe ser fiscalizado (2.500 euros). Y es que, permitir un mayor margen de discrecionalidad con esas pequeñas cantidades no implica un aumento significativo del fraude. Antes bien, hay que aplicarse en prevenir el caos provocado por un posible gran ataque de alguna de las mafias de hackers. Estos nos dan sustos cada vez más impresionantes. Hace medio año, el ciberataque global Ransomware tumbó los sistemas de seguridad de varias grandes compañías que se consideraban inexpugnables. Imaginen el desorden social que se habría producido si el Ransomware se hubiera centrado en los sistemas de pago electrónico. Los allanamientos que perpetran en las entidades financieras y que ocasionan cuantiosas pérdidas han probado que este sector es muy vulnerable.

Un país que impone tantas limitaciones al uso del dinero en efectivo convierte a sus ciudadanos en súbditos controlados, lo que nos hace menos libres. El derecho a la propia privacidad es inalienable y debe ser compatible con el respeto a la intimidad. Si la privacidad no se protege, sin darnos cuenta, perderemos nuestra cualidad humana más digna: la libertad. Como dijo Benjamin Franklin: “Aquellos que renuncien a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea no merecen ni una ni otra y acabarán perdiendo ambas”.

Julio Pomés es presidente del think tank Civismo.

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