Sin vacuna

La corrupción genera un efecto ambivalente: provoca un escándalo que la propia política da por amortizado, como si se tratara de un peaje que cada partido sabe que deberá abonar en algún momento. Además, el traslado de los detenidos en la operación Pretoria a Madrid sería la metáfora de cómo la actuación de la justicia, que destapa la podredumbre, aleja a esta del ámbito de responsabilidad que los partidos y las instituciones representativas admiten como suyo. Es el propio contacto entre el poder y el dinero lo que segrega corrupción. Aunque la clase política a menudo encuentra su mejor disculpa en la aparición de personajes peculiares que encarnan una estética acorde con las acusaciones que recaen sobre ellos. Sus ademanes parecen tan distintos a la media de la afiliación o de los cargos públicos, que a los partidos no les resulta muy difícil alegar que se trata de incrustaciones ajenas a su naturaleza; de adherencias oportunistas cuya depuración realza la virtud natural de la política partidaria. La moral cristiana permite además presentar al pecador que no lleve un mostacho característico, no responda al estereotipo del pillo o no parezca instalado en una convención de pijos como si se tratase de un espíritu débil que en un momento de especial flaqueza fue tentado por el demonio corruptor.

La izquierda, que ha quedado en evidencia en el caso de Santa Coloma, cuenta además con el silicio de saber que los escándalos de corrupción le afectan más porque desbarata la superioridad moral, justiciera, en la que se basa su discurso. En realidad tiende a repetir esta jaculatoria para así liberarse del mal mediante el consuelo victimista que supone mostrarse más perjudicado que la derecha. Y, para completar todo el mecanismo de autodefensa que instintivamente se dispara con cada denuncia de corrupción, puede recurrirse al implícito argumento de que no hay vacuna para la epidemia corruptora. De esta forma los partidos se limitan a tratar los síntomas de la corrupción, convenciéndose de que constituye un problema ocasionado por un patógeno extraño.

Sin embargo, en tanto que el poder y el dinero sólo pueden existir en permanente contacto, la proliferación tumoral que representa la corrupción no sólo forma parte de la política, sino que determinadas maneras de ejercer la democracia contribuyen a que esté presente también en las sociedades abiertas.

Resulta elocuente que, cuando les salpica la corrupción, los partidos corren a desmentir que afecte a su financiación. Es verdad que el único control con garantías que cada formación puede aplicar para preservar la honrada actuación de sus cargos internos y públicos se refiere a las cuentas del propio partido. Pero han aparecido ya demasiados indicios de que las componendas que acaban beneficiando a las arcas de las formaciones políticas no se realizan mediante transacciones en dinero sino en especie, con la prestación de servicios a bajo coste o gratis por parte de quienes se sienten agraciados por alguna concesión o aspiran a ella. La siempre equívoca complicidad que surge entre quien presta tan económicos servicios y los responsables del partido diluye de tal forma las responsabilidades que resulta imposible baremar el grado de corrupción que comporta. Todo ello se ve favorecido porque la corrupción tiende siempre a adquirir cierta apariencia de reparto de beneficios, y porque la sospecha de corrupción constituye poco menos que tema tabú en la vida interna de los partidos, aunque se produzca una drástica recalificación de los usos del suelo. Una de las causas más extendidas que propician la corrupción es la irritación con la que los representantes políticos soportan la estrechez procedimental en la administración de los recursos públicos. La lenta tramitación de cada expediente y el tortuoso proceso de decisiones al que obliga el derecho administrativo provoca en el responsable político más incomodidad que comodidad. El ritmo parsimonioso de la administración le viene bien para congelar aquellos asuntos que puedan comprometer su margen de maniobra; pero se exaspera cuando los posibles éxitos acaban diluyéndose en el tiempo de su tramitación. Es entonces cuando aparece la reivindicación del poder político como palanca de transformación; como valor superior al de la norma vigente cuya legitimidad puede aspirar a los objetivos propuestos rápidamente. Es verdad, no existe vacuna contra la corrupción. Pero bastaría con que, con las cautelas legislativas que pudieran introducirse, cada administración se atuviese a la norma y cada partido se abstuviese de abaratar sus costes de funcionamiento a cuenta de la interesada generosidad de quienes contratan con la Administración.

Kepa Aulestia