En los últimos días ha habido un cierto debate sobre la presencia de los agentes sociales en la formación para el empleo. En su nivel más superficial, la discusión se ha centrado en si debíamos formar parte del llamado Órgano Colegiado de la convocatoria de ayudas autorizada en Consejo de Ministros. El argumento del Gobierno para expulsarnos de él es que no se puede ser juez y parte. Juez porque decidiríamos a quién se otorgan las ayudas y parte porque, al contar con centros de formación, podríamos solicitarlas. Sin embargo, si revisamos las funciones y composición de dicho Órgano comprobaremos que ese argumento es falso.
Según la Ley General de Subvenciones, el Órgano Colegiado se limita a emitir un informe no vinculante sobre la propuesta de adjudicación de ayudas que realiza el llamado Órgano Instructor (Gerencia de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) y que aprueba o deniega la directora del SEPE. Es decir, que por sí mismo no tiene capacidad para otorgar o denegar financiación. Además, la Administración General del Estado cuenta con mayoría absoluta en la Fundación Estatal y con mayoría simple y voto de calidad en dicho Órgano por lo que es matemáticamente imposible para los sindicatos y los empresarios, juntos o por separado, decidir el sentido del informe y mucho menos aprobar o denegar una solicitud de ayuda.
Pero en su nivel más profundo, lo que se discute es qué papel deben jugar el Gobierno, los agentes sociales, las comunidades autónomas y las academias privadas en el marco, pendiente de desarrollo, de la Ley 30/2015, que regula el sistema de formación para el empleo. Desde hace casi 20 años la actuación de los sindicatos en formación se ha utilizado como munición para atacarnos y el imprescindible análisis sobre las herramientas que necesitan los trabajadores y las trabajadoras de este país para mantener y mejorar su cualificación se ha sustituido por un debate ponzoñoso plagado de verdades a medias, acusaciones sin fundamento y, más sencillamente, montones y montones de mentiras. Por eso, creo que conviene recordar una vez más algunos hechos fácilmente contrastables sobre este asunto.
Primero: Gracias a los Acuerdos firmados por los agentes sociales y sucesivos gobiernos, se pasó de los 300.000 alumnos de 1993 a los más de cuatro millones y medio del último año y la tasa de participación en formación continua de las empresas aumentó del 27% al 75%, situándose por encima de la media europea.
No podemos, ni queremos, atribuirnos en solitario los méritos de esta evolución. En el camino nos han acompañado otros sindicatos como UGT, CIG, USO o CSIF, que se han beneficiado de subvenciones en los sectores en los que los asalariados les habían dado su confianza en las elecciones sindicales. Nos han acompañado también CEOE, CEPYME y más de un centenar de organizaciones empresariales; las asociaciones de autónomos y economía social y el Servicio Público de Empleo Estatal, responsable desde 2004 de la aprobación de las ayudas y de la supervisión de los cursos. Y, sobre todo, nos han acompañado las más de 400.000 empresas que cada año obtienen bonificaciones para formar a sus asalariados.
Segundo: Desde la llegada al poder del PP, el importe que se dedica a formación para el empleo está muy por debajo del que se recauda con la cuota de Formación Profesional que pagan trabajadores y empresarios y que, según el Tribunal de Cuentas, no puede dedicarse más que financiar la cualificación de los trabajadores. Según los últimos datos disponibles, de los fondos de la cuota 2013 transferidos a las comunidades autónomas, 486 millones que no se dedicaron a formación; en 2015, la falta de convocatoria de oferta estatal impidió que se realizaran cursos por valor de 148 millones y el mal comportamiento de la formación bonificada hizo retornar a las arcas del Estado 82 millones más.
Debemos exigir la máxima transparencia en las ayudas y bonificaciones, pero también en el uso por el Gobierno de los fondos de la cuota. Un país en el que sólo cuatro de cada cien desempleados accede a un curso no puede reducir el déficit público con los fondos que los mismos desempleados pagaron para recualificarse.
Tercero: La ley 30/2015 supone un cambio profundísimo en nuestro papel, pues nos impide recibir ayudas para impartir cursos o, en palabras del Gobierno, ser parte. Ahora bien, nos concede atribuciones en la dirección del sistema de formación para el empleo, atribuciones que han sido avaladas por sentencias del Constitucional y la Audiencia Nacional. Excluirnos del Órgano Colegiado significa que el Gobierno quiere reducirnos a un mero ornamento y que apuesta por una gestión monopolística de los fondos de formación al servicio de los intereses del partido político en el poder.
La participación de los sindicatos en la formación a lo largo de la vida es práctica común en Europa y resulta especialmente intensa en países como Alemania, Austria o Dinamarca, en los que la Administración actúa dando cobertura económica y legal a las decisiones de los interlocutores sociales, por ejemplo en la Formación Dual. Desde el punto de vista de la economía nacional, esta participación contribuye a conectar la demanda de cualificación del mercado de trabajo con la oferta formativa. Desde el punto de vista de la empresa, la literatura académica confirma que aumenta la cantidad y calidad de los cursos, así como las oportunidades formativas de los colectivos más desfavorecidos.
Según ha reconocido la Comisión Europea en numerosas ocasiones, el aprendizaje continuo es la principal herramienta para que las personas se adapten a las exigencias de la economía del conocimiento y, de igual modo, es necesaria para impulsar la innovación que esa economía requiere. Pero, al ser un factor crítico para el ajuste entre los requerimientos tecnológicos y las capacidades de las y los trabajadores, puede resultar también una fuente de desigualdad y exclusión, porque las personas con menor cualificación tienen también menos capacidad para actualizar sus conocimientos.
En este sentido, la reforma urgente de la formación para el empleo es una magnífica oportunidad perdida. Año y medio después de aprobarla mediante un Real Decreto-Ley, sólo se ha desarrollado uno de sus principios: la concurrencia competitiva de centros privados. Por desgracia, la concurrencia competitiva es sólo un procedimiento de asignación de fondos y no sirve para establecer objetivos, marcar prioridades o evaluar resultados. Lo único que garantiza es que el centro impartidor hará los cursos más baratos que su competidor a costa, con toda probabilidad, de rebajar la calidad de los contenidos y las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores del sector.
Nada se ha hecho por consolidar el permiso retribuido de veinte horas, poner en marcha la cuenta de formación, aumentar la calidad de los cursos a los que realizan las PYMES o facilitar el acceso al aprendizaje de las personas más vulnerables. Al contrario, el Servicio Público de Empleo Estatal eliminó en 2013 la obligación de que mujeres, mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación participaran en los cursos al menos en el mismo porcentaje que representaban en las empresas que obtenían créditos para la formación.
CCOO apuesta por crear un modelo inclusivo de formación para el empleo que ayude a corregir el déficit de cualificaciones intermedias del mercado de trabajo, facilite los procesos de reconocimiento de la experiencia profesional, utilice la red de centros públicos para construir una oferta formativa especializada, impulse la participación de PYMES, y evite la concentración de recursos económicos en unas pocas entidades privadas. Y, sobre todo, apuesta por una formación orientada a crear un sistema productivo que compita por la calidad y no por el bajo precio del trabajo y que esté vinculada con la negociación colectiva, para que lo aprendido tenga sentido y valor en las empresas. Sin los agentes sociales esto no será posible.
Queda por explicar la obsesión de algunos medios de comunicación y de parte del Gobierno por enfangar la actuación de los sindicatos en la formación. Es obvio que forma parte de una corriente de descrédito más general cuyo fin último es limitar los derechos de los trabajadores, pero tiene un componente adicional. Ese componente es el dinero. La cuota de Formación Profesional supone cerca de 2.000 millones de euros al año, una oportunidad de negocio para diferentes agentes económicos que no quieren perder su porción de ese pastel. Algo no muy distinto de lo que ocurre con la confluencia de intereses políticos y económicos en la prestación de servicios esenciales como la sanidad o la educación.
Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CCOO.