Siria y la ley de la selva

En 2009, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz que se le concedió entonces, Obama enfáticamente dijo: “Todas las naciones tienen que adherirse a los parámetros que regulan el uso de la fuerza”. En junio de ese mismo año, el presidente pronunció en El Cairo un discurso histórico… que ha pasado a la historia por el desvanecimiento de las ilusiones suscitadas en el mundo islámico a raíz de sus palabras: “He venido aquí en busca de una nueva relación entre los Estados Unidos y los musulmanes de todo el mundo, basada en el interés y respeto mutuos y la convicción de que mi país y el islam no se excluyen el uno al otro”.

Cuatro años después, en agosto y septiembre de 2013, a propósito de la crisis siria, el presidente alardea textualmente de que su país es diferente, excepcional y no recuerda su afirmación al Boston Globe, en 2008, cuando perseguía ser designado candidato demócrata a las elecciones: “La Constitución no otorga al presidente poder alguno para autorizar unilateralmente un ataque militar en una situación que no implique detener una amenaza inminente a la nación”. En septiembre, Obama quiso bombardear unilateralmente Siria, obviando la imprescindible autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin que existiera amenaza inminente alguna contra su país. Asesores y personas de confianza de la Casa Blanca han estado afirmando sin recato alguno que el presidente estimaba que un ataque sería legal, tanto desde el punto de vista internacional como el interno, aunque ni el Consejo de Seguridad onusiano ni el Congreso americano lo aprobaran.

Sin embargo, ante la dura evidencia jurídica de que solo el Consejo de Seguridad (donde Washington, cuando le ha convenido, ha ejercido el derecho de veto más veces que los otros cuatro miembros permanentes combinados) puede autorizar el uso de la fuerza, la Administración de Obama esgrimió otros diversos argumentos. Se trataba de proteger el interés nacional y promover la estabilidad regional. ¿Es creíble que una lluvia de misiles de crucero sobre Siria ayudaría a la estabilidad regional?

Ante una situación inhumana, horrorosa, provocada por la utilización de armas químicas debemos actuar “como sea”. El ataque será ilegal, pero legítimo, como en Kosovo en 1999, sin autorización del Consejo. Kosovo sentó un precedente que deviene derecho consuetudinario al margen de cualquier tratado, incluido el de Naciones Unidas, afirmaba la Administración. Pero una golondrina no hace verano. El derecho consuetudinario exige una repetición de actos que se consideran de naturaleza jurídica a lo largo de un tiempo prolongado. No basta un único precedente. Pero, además, los sabios consejeros jurídicos de la Administración de Obama no querían, al parecer, recordar que otra Administración —la de Clinton, que atacó en Kosovo— explícitamente advirtió de que aquel asalto no debía constituir un precedente. Temían que otros Estados (Rusia, China, algún país africano) pudiera actuar de idéntica manera, esta vez contra intereses norteamericanos.

Es cierto que El Asad ha cometido crímenes que deben ser castigados (no solo mediante la química, si ello finalmente resulta oficialmente probado). La ética impulsa al castigo, pero ha de ser en el marco de la ley, porque las violaciones del derecho internacional no confieren a otros Estados el derecho a violar el sistema jurídico, que no autoriza el uso de la fuerza por cuenta propia. Pero ojo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Un reciente estudio conjunto de dos prestigiosas facultades de Derecho, la de Stanford y la de la Universidad de Nueva York, concluye que el intenso uso de drones (aviones no tripulados) por parte de Estados Unidos para matar a enemigos en el extranjero viola el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de derechos humanos y, probablemente, el derecho interno norteamericano.

Ajenos al tremendo daño que a la imagen de Estados Unidos ocasiona en el mundo islámico (y no solo en este) la utilización de los drones, los asesores legales del presidente continuaron buscando justificaciones para servirse de la fuerza “en legítima defensa”. Así, llegaron a sostener que el Gobierno de Damasco constituye una amenaza inminente para la seguridad nacional porque las armas químicas podrían llegar a manos terroristas.

En cualquier caso —y a pesar de la evidencia de que la mayoría del pueblo norteamericano y de sus representantes parlamentarios son contrarios a asaltar militarmente Siria—, la Administración de Obama, ahíta de rizar el rizo jurídico, concluyó que la acción militar es la única manera de forzar a El Asad a negociar. Coincide en esto con el hermano anglosajón, el Reino Unido, cuyo Gobierno publicó el 29 del pasado mes de agosto un comunicado oficial diciendo que “no hay alternativa practicable al uso de la fuerza”. Obama tuvo suerte porque el primer ministro británico hizo el ridículo al solicitar del Parlamento autorización para bombardear Siria junto con Washington, lo que fue rechazado. Ello forzó a Obama a meditar sobre las consecuencias de una probable similar negativa por parte del Congreso norteamericano.

En esas estaban cuando llegó Putin y mandó parar. Y demostró (para frustración de los Gobiernos estadounidense y británico, que no para sus respectivos pueblos) que sí hay alternativa practicable al uso de la fuerza, contrariamente a lo afirmado textualmente por el Gabinete del primer ministro inglés. El presidente ruso forzó la negociación y juntamente con el escaldado Obama promovió una iniciativa diplomática que ha llevado a Siria a iniciar el desmantelamiento de sus armas químicas y a firmar la Convención sobre la Armas Químicas. Si la inteligencia política de las dos grandes potencias es capaz de mantener la conjunción de esfuerzos, la posibilidad de obligar a las dos partes enfrentadas a negociar políticamente no es descabellada.

De todas maneras, la hostilidad entre el régimen de El Asad y la oposición siria parece irreconciliable y hay algunos Estados que no están interesados en poner fin ahora a la guerra civil. Es asimismo plausible resaltar la dificultad de que emerja una solución con El Asad en el poder. De ahí que una vía política habrá de ser impuesta desde el exterior mediante el entendimiento de Washington y Moscú, con el consentimiento tácito de Pekín. Empero, es primordial insistir en que —en interés del orden internacional— la situación siria ha de ser puesta bajo control del sistema onusiano y no a merced de una potencia o potencias dominantes.

No por ello, El Asad dejará de ser un tirano criminal y parte de quienes le combaten terroristas asesinos de Al Qaeda, pero el derecho internacional y de Naciones Unidas habrá prevalecido. Moscú, como Occidente, está seriamente preocupado por el peligro que supone el fundamentalismo islámico y, en mi opinión, comienza a reflexionar sobre el apoyo, hasta ahora incondicional, prestado a El Asad. China ha avanzado incluso más que Rusia en la reflexión.

Mientras se avanza en el proceso, es deber moral y pedagógico de los gobiernos —en especial de los de las grandes potencias— trasladar a la opinión pública la convicción de que el derecho internacional es salvaguardia de valores trascendentales en una sociedad civilizada que reniega de la ley de la selva y que la Carta de las Naciones Unidas es la columna vertebral del derecho internacional y el tratado central de la era moderna. Esos gobiernos nunca deberían olvidar que iniciar una acción militar unilateral, en flagrante y prepotente desprecio por esa Carta, pone en peligro el único régimen jurídico internacional que se esfuerza por mantener la paz y seguridad, evitando que retornemos a la selva.

Emilio Menéndez del Valle es embajador de España y eurodiputado socialista.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *