¿Sirve de algo todavía la ética en la política?

Pedro Sánchez habla en el Congreso de los Diputados con Santos Cerdán y Patxi López. Europa Press
Pedro Sánchez habla en el Congreso de los Diputados con Santos Cerdán y Patxi López. Europa Press

Tras la apertura de la XV Legislatura, van quedando atrás los distópicos días vividos en torno a la investidura. Medio país se encomendó al comisario Reynders mientras entre los españoles se abría el debate, furioso y controvertido, sobre grandes conceptos: democracia, Constitución, igualdad ante la ley y Estado de derecho. También sobre moral y ética política.

Hoy, en España, se ha consolidado la opinión de que la condición pragmática de la política, su máxima de alcanzar o mantener el poder como fin absoluto, legitima cualquier medio. Y eso escinde la política de su dimensión ética. Hay quien parece capaz de justificar al mismo Nixon del Watergate o al Frank Underwood de la serie House of Cards con tal de evitar una alternancia política indeseada.

Esto no es nuevo. Maquiavelo, como Hobbes después, impulsaron un pensamiento político realista. Realismo que derivó en el relativismo ético que sustentó los peores capítulos de nuestra historia.

De este relativismo emanan, además del propio maquiavelismo, las teorías de la razón de Estado, el utilitarismo, las teorías del mal menor, el cinismo político, el oportunismo, el consecuencialismo y el tacticismo (que es un cálculo entre la estrategia y la moral).

La historia demuestra que prescindir de la ética en política daña gravemente la convivencia. También daña la democracia y el Estado de derecho. Y esto es así porque la ética guarda una relación inescindible y nuclear con ambos.

En Kant desembocan el contrato social y las teorías jurídicas de Rousseau, Locke y Thomas Hobbes para fraguar la fundamentación del orden jurídico como un orden de convivencia en el que se entrelazan la ley, la moral y la libertad.

El componente moderno esencial del Estado de derecho es la política sometida y limitada por el Derecho como piedra angular que protege los derechos individuales y limita la actuación del gobierno a través del contrato social originario, que es la Constitución.

En España, como en Francia, Alemania y Estados Unidos, el concepto de Estado de derecho es análogo al principio de supremacía de la Constitución, que puede reformarse siempre y cuando se haga con las mayorías cualificadas establecidas. Nunca por la puerta de atrás ni con subterfugios para lograr lo que el espíritu de la ley repudiaría.

La democracia se entiende así como el sistema de organización política de ciudadanos libres e iguales que otorga el poder a la ciudadanía a partir del pluralismo y el sufragio universal, en el marco del imperio de la ley, con garantía de los derechos fundamentales, y a partir de los principios de responsabilidad y control del Gobierno, y de separación de poderes.

La ley marco, o Constitución, se nutre por tanto de valores éticos y cívicos que conforman la base axiológica de las leyes y de los derechos.

España, aunque considerada como una "democracia plena", ha empeorado su posición en los principales índices democráticos (el Democratic Index de The Economist y Freedown House), desde 2018. Hoy ocupa la posición 23 en el índice de Estado de derecho de World Justice Project, por debajo de la mayoría de países europeos, Canadá y Japón, penalizada por los indicadores de Restricciones a los poderes del Gobierno y Justicia civil y penal.

El primero, el popular checks and balances, es el pilar clave del Estado de derecho. Se configura como el conjunto de contrapoderes democráticos, como el sometimiento a la rendición de cuentas y como la accountability del gobierno.

Por desgracia, en España, el Gobierno cada vez cuenta con menor número de contrapoderes e instituciones independientes.

Es extremadamente preocupante la situación del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General, puesta de manifiesto en el último Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea de julio de este año, así como la politización de varios organismos, de los que el CIS es sólo un ejemplo.

En el siglo XXI, las democracias mueren de muerte lenta, desde dentro del sistema, y de forma acompasada a un paulatino vaciamiento ético.

Así, en el tan citado libro Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt, politólogos de la Universidad de Harvard, exponen como idea central que "la democracia funciona siempre que se apoya en dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional".

Los autores reflexionan sobre cómo el debilitamiento de las democracias comienza tras las urnas con la descalificación de los oponentes. Y alcanza su punto culminante con la politización y la ocupación de las instituciones y organismos con personas leales al nuevo régimen, que protegerán y salvaguardarán los intereses del gobierno en vez de ser el equilibrio y contrapeso del poder. Las democracias certifican su declive con la pérdida de fuerza de las instituciones independientes.

"¿Qué sucedería", se preguntan los autores, "con un presidente sin autocontrol? ¿Con un presidente que cuestiona la función de los medios de comunicación? ¿Uno que minimiza a la oposición llamándola 'rivales o adversarios políticos'?".

Hoy, las democracias liberales occidentales parecen inermes ante amenazas más lentas, pero más efectivas que los golpes de Estado. Estas amenazas pueden agruparse en cuatro categorías, que podríamos entender también como indicadores de salud democrática:

1. Amenazas a los controles, en forma de ataques a la separación de poderes. Escasa rendición de cuentas, acompasada con una crítica constante a la oposición. Marginación de órganos consultivos, politización de instituciones, colonización de organismos, control de la Fiscalía General del Estado, polarización intencionada para denostar a la opinión pública disidente, además de cesarismo en los partidos políticos y eliminación de las corrientes o miembros críticos.

2. Otras amenazas a la democracia liberal serían las que tienen lugar en el plano de la comunicación. Argumentarios populistas y autopropaganda del gobierno, favorecimiento y subvenciones a la prensa afín y descalificación de la no progubernamental, ausencia de verdadera transparencia parlamentaria en las sesiones de control, en las negociaciones con partidos radicales o en las ruedas de prensa sin preguntas.

Podríamos incluir en este último grupo, y también en el siguiente, anomalías tales como los organismos paralelos sin representatividad o reconocimiento legal, como es el caso de las llamadas Mesas de Diálogo, o los verificadores internacionales anónimos.

3. Un tercer grupo lo compondrían las amenazas económicas. Políticas segmentadas a colectivos favorables, utilización de la deuda pública como cheque en blanco, ausencia de pedagogía económica en la que se premia el gasto público insostenible. O, en última instancia redes clientelares.

4. Por último, están las amenazas de índole ética y jurídica, como la sobreutilización del aparato tecnocrático del Estado para dar apariencia de legalidad a lo que no lo es, violando así el espíritu de la ley. Decretos leyes, proposiciones de ley o posibles mutaciones constitucionales a partir de contorsionismos legales. Lo que equivale al soslayamiento de las mayorías cualificadas para acometer reformas legales.

Un sencillo test para detectar si nuestro país está en riesgo es valorar en qué medida cumplimos, o no, estas amenazas.

La política no debe ser una religión. Tenemos la obligación cívica y ética de ser exigentes y críticos siempre con los gobiernos, de todo color político, y evaluar en qué medida utilizan estos medios expuestos para sus fines de poder.

En palabras de la eminente jurista Teresa Freixes, democracia no es sólo un número de votos para alcanzar el poder a toda costa, como si esta fuese cuestión de un penalti en el último minuto.

No es una simple aritmética parlamentaria, sino que tiene un componente sustantivo.

Es deliberación y conexión con la sociedad.

Es informar de un programa electoral y actuar coherentemente con él.

Son los consensos amplios de mayorías.

Es gobernar desde el centro.

Son los acuerdos de integración, y no sólo a un lado del espectro político.

Es el respeto a las minorías.

Es no estigmatizar a la oposición política y no azuzar el enfrentamiento.

Es no polarizar.

Es no mentir.

Es la democracia de Hesse, es el patriotismo constitucional de Habermas, es el Estado de derecho de Kant.

Democracia es también respeto parlamentario y es pudor. Democracia es ética política.

Ana Morilla Carabantes es experta en Gobernanza e Integridad Pública.

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