Resulta extremadamente complejo definir desde un punto de vista económico el escenario de independencia de Cataluña. Ello exige ofrecer respuestas a los principales interrogantes que se plantean. Los efectos sobre la balanza por cuenta corriente son difíciles de cuantificar porque la evidencia disponible se ha centrado en el intercambio de bienes y en los efectos del comercio internacional entre dos países y no entre dos regiones de un mismo país que tienen una relación mucho más amplia que la estrictamente comercial. Los efectos sobre las cuentas y la deuda públicas son también muy complejos. El reparto de la deuda pública y la asunción de competencias plenas en ingresos pero también en gastos, en particular las prestaciones sociales, podría tener efectos muy relevantes sobre Cataluña que se magnificarían en un escenario dominado por la incertidumbre respecto a la reacción de las instituciones europeas y las dificultades para obtener financiación en los mercados. No obstante, resulta más obvio definir los posibles efectos sobre el sistema financiero.
Tras la intensa recomposición del mapa bancario español asociada a la crisis, quedan tres entidades financieras que conservan el poder de decisión en Cataluña: Caixabank, Banco Sabadell y Catalunya Banc. Las dos primeras son grandes (3ª y 6ª del ranking español) y relativamente sólidas, mientras que Catalunya Banc es una de las que peores cifras relativas y ratios presenta en todo el sistema financiero nacional y depende del FROB. Además, las dos primeras tienen una fuerte presencia fuera de Cataluña, acentuada tras las recientes adquisiciones. Caixabank tiene más del 60% de su negocio fuera de Cataluña y cabe esperar que aumente tras la adquisición del Banco de Valencia. Banco Sabadell mantiene aproximadamente el 70% de su negocio fuera de Cataluña, como consecuencia de las adquisiciones de Herrero, Atlántico, Guipuzcoano y, recientemente, de la CAM.
Un hecho relevante del sistema financiero catalán, que incluye al resto de entidades financieras españolas allí presentes, es que el crédito excede significativamente a los depósitos, en una proporción mayor que en el resto de España. A finales del tercer trimestre de 2012, Cataluña cuenta con el 19,15% de los créditos y el 16,53% de los depósitos españoles, es decir 2,62 puntos más en el primer caso. Además, los depósitos sólo suponen el 56% de los créditos en Cataluña, situándose entre las seis comunidades autónomas con menor autofinanciación del crédito, sólo tras las que experimentaron explosiones del crédito inmobiliario en el reciente boom como Murcia, Canarias, Andalucía, Baleares y Valencia.
Además, la brecha absoluta entre créditos y depósitos en Cataluña es la más elevada entre todas las comunidades autónomas: 145.688 millones de euros, en torno al 75% del PIB de Cataluña, que toman de fuentes distintas a los depósitos catalanes: de los mercados de capitales, de la emisión de títulos colocados de forma mayorista o minorista, del recurso al Banco Central Europeo, y también de los depósitos del resto de España.
En esta situación, el sistema financiero de Cataluña podría experimentar efectos muy adversos en un escenario de independencia. En primer lugar, las entidades financieras catalanas podrían enfrentarse a un claro menoscabo de su negocio -incluyendo una fuga de depósitos- en el resto de España, que podría magnificarse en el caso de independencia unilateral. El impacto sería muy relevante en las dos primeras entidades catalanas por su presencia fuera de Cataluña. Y resulta improbable que fuera contrarrestado por el flujo contrario (desde el resto de entidades financieras en Cataluña a las entidades catalanas), en un escenario dominado por la incertidumbre en el que prevalecería la solidez de Santander y BBVA. En segundo lugar, y con independencia de lo anterior, la actual transferencia estructural de fondos hacia Cataluña, a partir de los depósitos del resto de España, dejaría de ser una fuente estable de financiación. Tanto las entidades financieras catalanas como las restantes españolas deberían reordenar su negocio separando el “catalán” del “resto” sin transferirse fondos entre ambos. Si no lo hicieran, serían forzadas a ello por la regulación y por la propia actitud de la clientela. En tercer lugar, las entidades catalanas deberían aumentar su recurso a los mercados para cubrir los nuevos desequilibrios, lo que, incluso en el caso de independencia pactada, resultaría difícil en un ambiente de incertidumbre y, en todo caso, presionaría al alza las primas de riesgo. Y, en el caso de independencia unilateral, podría suponer el cierre de los mercados y el colapso financiero para Cataluña. Adicionalmente, al salir Cataluña de la Unión Europea, finalizaría la financiación vía BCE que, en las tres entidades catalanas, suponía a 30 de septiembre 71.343 millones de euros, la quinta parte del crédito.
En definitiva, el escenario de independencia implicaría importantes desequilibrios para su sistema financiero y, en último término, para Cataluña. En el caso menos extremo, e improbable, de independencia acordada habría flujos negativos de fondos, aumentos en las primas de riesgo y restricciones en los mercados. Y se magnificarían los efectos, pudiendo suponer dificultades insalvables y el cierre de los mercados, en el caso de independencia unilateral.
David Taguas y Carmelo Tajadura, Instituto de Macroeconomía y Finanzas, Universidad CJC