El profesor Ángel de la Fuente publicó unas semanas atrás en estas páginas un artículo sobre las balanzas fiscales. En el mismo polemizaba sobre algunas declaraciones mías. Me siento, en consecuencia, estimulado para formular tres comentarios al hilo de su artículo y, de manera más general, de las discusiones y controversias sobre el significado y las implicaciones de las balanzas fiscales.
En primer lugar, me felicito porque por fin, y a raíz de la publicación del trabajo del profesor De la Fuente y sus colaboradores, el Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los datos de base sobre los cuales se pueden calcular las balanzas (y muchas otras cosas). Hacía mucho tiempo (por escrito, exactamente desde el 21 de febrero de 2013) que desde la Generalitat de Cataluña los reclamábamos infructuosamente. Más vale tarde que nunca.
Disponer de las bases de datos es realmente lo esencial. A partir de ellas la comunidad académica, incluida la internacional (hay muchos centros de investigación económica aplicada en el mundo de gran competencia en asuntos como este), llevará a cabo la tarea de elaboración, análisis, discusión y crítica que se espera de ella. Y no lo duden: de ahí saldrá luz. Por supuesto, también los servicios técnicos de la Generalitat podrán continuar la serie que confeccionaron sistemáticamente mientras dispusieron de datos (la última entrega corresponde al año 2010). Y, por supuesto, contamos con que el ministerio hará lo propio (como hizo una vez en el pasado, en concreto para el año 2005).
No hay una sino diversas balanzas fiscales entre la Administración central (inclusive de la Seguridad Social) y las comunidades autónomas. Depende de la pregunta que se pretenda responder. En líneas generales, las balanzas son de dos tipos: las que se ajustan al método carga-beneficio y las que se ajustan al método del flujo monetario. Sin ánimo de ser muy precisos podríamos decir que la diferencia principal entre ellas radica en el cómputo de gastos: por el método carga-beneficio se imputan a la comunidad autónoma los gastos que proveen servicios públicos a sus ciudadanos, se realicen donde se realicen; por el método del flujo monetario se imputan a la comunidad autónoma los gastos de todo tipo que se realizan en su territorio.
En principio, no está predeterminado cuál de las dos balanzas tiene una magnitud superior y quiero subrayar que ambas metodologías recogen todos los gastos (incluidos los de los ministerios y los de Defensa). Es habitual realizar y presentar ambos cálculos, y desde la Generalitat de Cataluña siempre lo hemos hecho así. Al profesor De la Fuente, sin embargo, no le gusta el cálculo de las balanzas por el método del flujo monetario y, un tanto dogmáticamente, anuncia que no lo llevará a cabo. Considera que es completamente indiferente si un servicio público, digamos la labor de un ministerio, se realiza desde un territorio u otro.
Es esta una posición extrema, sobre todo en tiempos de gran desempleo, en que donde se realiza el gasto público importa, y mucho, para la actividad económica de las distintas unidades territoriales. Si tan inmaterial fuera no habría mucha resistencia a, por ejemplo, situar el Tribunal Constitucional en Sevilla (en Alemania está en Karlsruhe). En todo caso me limito a un enunciado modesto: la localización del gasto importa lo suficiente como para que valga la pena calcular la balanza por el flujo monetario. No es muy difícil hacerlo una vez los datos están disponibles.
Finalmente, el profesor De la Fuente señala (con un espíritu de “ahí te he pillado”) unas manifestaciones mías favorables al principio de que quien tenga más pague más e implícitamente, por tanto, a aceptar, en el contexto político-fiscal del presente, un déficit fiscal catalán. No debería sorprenderse el profesor De la Fuente. En su raíz, el conflicto político entre los Gobiernos de Cataluña y de España, ambos plenamente democráticos, no es sobre déficits fiscales. Es sobre autogobierno. Los ciudadanos de Cataluña han sido fiscalmente solidarios, y no en menor cuantía, durante muchos años con los del resto de España, pero también han reclamado durante muchos años solidaridad recíproca en aspectos para nosotros medulares: en respeto a nuestra diferencia y en autogobierno. Y, sin embargo, nos hemos movido en la dirección opuesta. La enfermiza pasión por la uniformidad y el centralismo se ha intensificado con el actual Gobierno del Estado.
Termino con una sugerencia al profesor De la Fuente que va más allá de las balanzas fiscales. ¿Por qué no lleva a cabo, usted o sus colaboradores, un análisis coste-beneficio del proyecto de inversión “autogobierno de Cataluña”? Por supuesto, desde el punto de vista español. Ni esperaría de usted ni le pediría otra perspectiva, pero considere usted la posibilidad de que la negación del autogobierno catalán entorpezca seriamente el objetivo del progreso económico español, de que la pasión por la uniformidad sea una pasión destructiva también para España. Un ámbito para mí familiar y sobre el que tengo responsabilidades de gestión, el de las universidades y la investigación, puede ser ilustrativo.
En investigación Cataluña ha progresado enormemente en los últimos 20 años. Contamos en el mapa europeo de la ciencia. Y de ello, claro está y como es lógico, se ha beneficiado la realidad y la reputación científica española. No puedo hacer una afirmación tan rotunda de progreso por lo que respecta al mundo universitario. Ahí queda mucho recorrido pendiente. ¿Por qué la diferencia? Es muy simple. En investigación hemos tenido márgenes (frágiles) de autogobierno que han sido fundamentales para hacer posible la innovación institucional. Nos hemos podido alinear con Europa. En universidades no ha sido. Las universidades deben vivir con un corsé normativo atípico en Europa e inspirado por lo que estoy denominando como pasión por la uniformidad, que ha frenado su competitividad y sus impulsos renovadores.
Me parece evidente que, como en el caso de la investigación, el autogobierno de Cataluña favorecería las iniciativas universitarias de corte más europeo y mejorarían la competitividad de las universidades catalanas y, con ellas, las españolas. Si esta afirmación parece exagerada o pretenciosa basta con ponerla a prueba para confirmarla o desmentirla.
Andreu Mas-Colell es consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña.