Sobre el derecho de manifestación: el hoy y el ayer

LA Constitución, como es notorio, proclama entre los derechos fundamentales el que tiene por objeto la «reunión pacífica y sin armas», es decir, el de manifestarse, o sea, salir a la calle -que es de todos- para quejarse de algo, casi siempre tal o cual hazaña de los políticos que nos ha tocado sufrir. Pero hay que avisar con antelación de diez días al gestor de la calle -en casi toda España, las Delegaciones del Gobierno- para que vistas las circunstancias concurrentes -de qué se quieren quejar en concreto y quiénes-, ese gestor pueda evaluar las consecuencias para el orden público y al cabo prohibir o autorizar. Todo muy sutil, como es propio de un texto tan sofisticado y moderno como el de 1978.

Las feministas profesionales (o sea, el Gobierno) convocaron para el pasado día 8 manifestaciones en muchas ciudades de España para dolerse de la oposición (así es: las palomas señalando a las escopetas). Y llamaron a rebato. La amenaza del coronavirus estaba a las puertas y el interés general (el orden público sanitario, vamos a llamarle así) aconsejaba no dejar que se concentrase gente, pero ya se sabe que el propósito de la secta propende a ser distinto del interés general: contradictorio, en muchos casos. Y, puestos a tener que optar, sabemos también que prevalece siempre el primero. La manifestación se permitió y tuvo su eco, hasta el grado de que -en Madrid, donde tuvo lugar la más numerosa- los convocantes pudieron permitirse el lujo de echar a quienes no consideraban de su cuerda: debían entender que el derecho a manifestarse incluye la posibilidad de excluir la compañía de quien a uno, dicho sea soberanamente, no le gusta.

Pero el tal éxito estaba herido de muerte, porque se había montado sobre bases impropias, para decirlo con palabras suaves. La epidemia resultaba incontenible y pocos días más tarde, el jueves 12, se decretaba el confinamiento de toda la población. Los promotores de la iniciativa, y por supuesto los políticos de partido que dieron la autorización, podrían haber tenido más o menos información científica: nunca lo sabremos a ciencia cierta. Pero, analizando las cosas a posteriori -las procesiones se ven muy bien desde el balcón, sitio cómodo donde los haya-, el veredicto puede pronunciarse ya: aquello fue un disparate, se mire como se mire. Sin paliativos. Un veredicto que, como todos los que pronuncia la opinión pública, resulta inapelable. Cosa juzgada, que le llama la gente del derecho: «Roma locuta, causa finita». En México le dicen materia dispuesta, que resulta más expresivo.

Y que conste que no es la primera ocasión en que una reunión multitudinaria termina volviéndose en contra, hasta mostrarse una verdadera pifia. Hace poco más de un año, en febrero de 2019, y ahora con Sánchez en el papel de malo (ya se sabe: la rendición ante Cataluña), varios grupos convocaron en la plaza de Colón de Madrid y dieron lugar a una foto -el «trifachito»- que ha servido a los otros como espantajo para el cartel de la campaña electoral permanente -con dos estaciones transitorias, el 28 de abril y el 10 de noviembre- en la que llevamos fatalmente instalados tantos años, a modo de una maldición bíblica. Diríase que el derecho de manifestación está gafado: mejor no intentarlo. Todo son goles en propia puerta.

Los españoles son -somos- proclives al motín. Un pueblo curtido por el infortunio en lo que hace a sus gobernantes y que no cree en sus instituciones, de suerte que, cuando algo no le gusta, considera que tirarse a la calle es no ya el último recurso, sino el único: Esquilache en 1766, El Escorial en 1807, Aranjuez el 19 de marzo de 1808, Madrid el 2 de mayo, La Granja en 1836…

Quizás sea por influencia árabe (o, más exactamente, bereber), pero lo cierto es que la imagen que uno obtiene de los Episodios Nacionales de Galdós es la de un país permanentemente en las calles para mostrar su indignación ante la incompetencia y la duplicidad y (peor que nada) el sectarismo de los políticos de turno. Nuestro relato es, en esencia, el de una sucesión de cóleras populares -no sólo en Madrid: la semana trágica de Barcelona en julio de 1909 también se las trajo-, con el resultado de acabarse llevando por delante a los gobernantes del momento, aunque a veces el desenlace se demore un poco. Los molinos de la historia tienen sus propios ritmos, que no suelen mostrarse rápidos.

En todas esas ocasiones no estaba en vigor la Constitución de 1978 con sus exquisiteces, pero a los efectos es igual. La novedad con la marcha del feminismo el pasado día 8 -una verdadera novedad, sí, llamada a aparecer en los libros- es que quienes salieron a la calle eran los mismos que, a poco que se miren las cosas con objetividad, van a terminar llevándose por delante el que era su propio tinglado. ¿Cuándo? Igual no con carácter inmediato. Los zombis pueden durar un tiempo, según nos enseñan los conocedores del culto vudú, sobre todo cuando el recambio está en agraz o sencillamente no existe. Pero esos gobernantes están ya en pleno estado de combustión, aunque hasta llegar a la calcinación aún falte.

Y no será porque las cóleras populares auspiciadas por los gobernantes nos deban sorprender. Tenemos las Diadas del 11 de septiembre en Cataluña o, más arriba, las concentraciones franquistas de la Plaza de Oriente. Verdaderos baños de masas para los que están en el machito y los pobres, pese a sus desvelos, se sienten incomprendidos. Eso sí, como Perón (y Evita), nadie.

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz es jurista.

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