Sobre el diálogo social

No voy a entrar en los posibles contenidos concretos de la reforma laboral sino en algunas consideraciones relativas al mismo Diálogo Social, con objeto de que el mismo pueda dar frutos saludables.

En 1973, en unos envidiables diálogos sobre la sociedad civil, que tan bien nos vendría tener aquí, decía Alain Touraine, con su habitual agudeza, que «la idea según la cual podría pasarse del gobierno de los hombres a la administración de las cosas, no se ha realizado, ya que el tránsito se ha producido del gobierno de los hombres a la administración de los hombres y, por consiguiente, el papel económico, social y cultural del Estado es cada vez más central». Es dolorosamente cierto, y por eso el diálogo entre las organizaciones sindicales y empresariales es una reafirmación de la pujanza de la sociedad civil como contrapeso del poder del Estado. La concertación social, ese aunar voluntades desde el ámbito de lo privado para proyectarse en lo público, es un modo de articular los intereses que merece toda clase de plácemes. Ojalá que esa concertación pudiera extenderse a otros ámbitos distintos del laboral.

La primera pregunta que debemos hacernos es la de quiénes deben ser los protagonistas de la concertación social. Evidentemente, que los sindicatos y las organizaciones empresariales, son y deben ser los genuinos representantes de la concertación por los intereses que defienden. Pero hay también un interés general que ha de representar el Gobierno, especial aunque no únicamente, si se tratan temas relativos a la Seguridad Social: financiación y prestaciones. He dicho en otras ocasiones que el Gobierno debería presentar a las partes negociadoras su proyecto de reforma y escuchar sus opiniones. Pero tampoco es heterodoxo el que las partes le lleven al Gobierno el «plato precocinado» para que éste lo haga suyo -con o sin retoques- y lo canalice por el procedimiento constitucionalmente diseñado al Boletín Oficial del Estado. Lo que no parece tan acertado es que el Gobierno tome, en plena negociación, partido por unas posiciones u otras y además de modo enérgico, puesto que ello hace más complicado el posible Acuerdo.

En las recientes conversaciones se han hecho, de modo insistente, afirmaciones relativas a que los derechos laborales conquistados por los trabajadores no pueden ser objeto de reformas «in peius», es decir, a peor. Este tema, que desde luego tiene en la doctrina sus defensores, nos lleva a uno de los puntos más sensibles de la política laboral. Los derechos conseguidos ¿son reversibles o irreversibles? La opinión mayoritaria es la que se apunta a la reversibilidad de los derechos pues lo contrario haría del ordenamiento laboral una pieza rígida e inamovible que acabaría perjudicando a los propios trabajadores. El quid del tema radica en lo que se consiga con esa reforma aunque sea «in peius». No hay que ser un lince para concluir que lo razonable es que si se sacrifica «una parte» se gane «en el todo».

El Tribunal Europeo de Justicia tuvo ocasión hace unos años de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial que planteó un juez español (Manuel Zorrilla) sobre una reforma puntual que se hizo de las prestaciones de la Seguridad Social, que entrañaba una pérdidas de derechos para los pensionistas. El juez defendía la inamovilidad del sistema y el Tribunal no le dio la razón. Y es lógico que así sea, puesto que si en la Seguridad Social solo hubiera avances en todos los campos (menos periodo de carencia, menor cotización, mayor base de cálculo, mayores prestaciones) se acabaría con el propio sistema. Por eso, en todos los países, las reformas de la Seguridad Social, son siempre de «poda». Se trata de salvar el sistema global aunque se sacrifiquen determinados puntos-derechos del mismo. Y en el plano estrictamente laboral el Estatuto de los Trabajadores rebajó en 1980 la indemnización por despido de 60 a 45 días por año trabajado, y la reforma del 94 estableció la polivalencia funcional, redujo los supuestos de despido nulo, aligeró los salarios de tramitación, etcétera. Y nada digamos de las reformas que se han hecho, debido a la situación crítica del empleo, admitiendo con mucha más generosidad la contratación temporal.

Y así debe ser, puesto que las leyes tratan de organizar la realidad del modo más justo y razonable posible y esa realidad es cambiante de modo continuo. Todo lo dicho no significa que también se hayan producido avances y mejoras muy notables en los derechos de los trabajadores a lo largo de los años y también, así debe ser. Toda Ley por definición es un instrumento de cambio de situaciones preexistentes, con mejoras o empeoramientos pero siempre con el faro de la justicia social. De ahí que para paliar posibles perjuicios a los que vienen disfrutando del statu quo cambiado, se hayan inventado las Disposiciones Transitorias.

Desde la crisis de 1973, los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, llegaron en los países de la OCDE a un macro pacto, no escrito, por el que cada uno cedió parcelas de poder con objeto de salvar lo que es primigenio en nuestra vida económica y social: el empleo. Y a partir de ahí el fenómeno de la concertación y del trueque de derechos, ha sido permanente. Pero hay unas líneas gruesas que no pueden traspasarse so pena de la ruina del Sistema. Esas líneas son, para los empresarios, la licitud de los beneficios y la seguridad jurídica. Y para los trabajadores la preservación del «núcleo duro» de los derechos conseguidos. Y para los Gobiernos, el empleo; como dice nuestra Constitución, su política central ha de ser la búsqueda del pleno empleo. ¿Y cuál es el suelo intangible para los trabajadores europeos? Sin ánimo exhaustivo sería la asistencia sanitaria, las pensiones, el salario mínimo, la jornada máxima, la protección frente a la extinción del contrato y la justicia laboral. Desde luego que también pertenece al núcleo duro el haz de derechos fundamentales (dignidad, intimidad, libertad de expresión, etcétera) ligados al contrato de trabajo. Y por lo que respecta al plano colectivo, los derechos de huelga, sindicación y negociación colectiva. A partir de ahí las partes son muy dueñas de negociar e intercambiar contenidos de derechos.

Y es que como bien ha dicho el profesor Palomeque «el Derecho del Trabajo clásico se configura como un ordenamiento de la «redistribución» de los recursos, mientras que el Derecho del Trabajo de la «recesión económica» se transforma a todas luces, en un derecho de «producción de riqueza», para redescubrir así su vocación originaria de instrumento de racionalización económica de las relaciones profesionales». Y ello es así, porque la «unidireccionalidad» de las normas laborales (principio pro operario) ha ido caminando hacia la «bidireccionalidad», de modo que lo que se intenta proteger no es tanto a uno de los sujetos del contrato, sino a la empresa en su conjunto. (Borrajo).

Con las anteriores premisas entiendo que el panorama negociador puede y debe adquirir la amplitud que precisa la nueva y crítica realidad económica y social. No se trata de entrar a saco en el terreno de lo conquistado por los trabajadores, sino de ver la forma de que, con las debidas compensaciones y trueques, se haga una reforma de las instituciones jurídicos-laborales que nos ayuden a crear más y mejor empleo. Y en esa tarea, como he dicho en alguna ocasión, habría que distinguir entre medidas de choque (plan de emergencia) tan necesarias en estos momentos, y medidas estructurales de más largo alcance.

Para lograr éxito sería muy saludable que los dos grandes Partidos se pusieran a la tarea de promover la reforma con el máximo consenso. Y como ocurrió en los Pactos de la Moncloa, no sería malo valerse de una Mesa de Expertos, de amplio espectro ideológico para ayudar, en lo posible, a buscar soluciones reformistas acordes con lo que España necesita.

Juan Antonio Sagardoy