Sobre el futuro de Ceuta

El señor don Ignacio Sotelo en un artículo de opinión publicado en este periódico el pasado 14 de septiembre bajo el título Recomponer las relaciones con Marruecos, abogaba por iniciar un proceso de diálogo con Rabat con el fin de entregar Ceuta y Melilla al reino alauí. Dos eran sus argumentos principales para sostener esta postura: las dos ciudades autónomas son elementos de fricción en las relaciones de España con nuestro vecino del sur y, además, decía, nos cuestan dinero. Defendía, por tanto, el señor Sotelo una visión práctica de las relaciones internacionales e introducía una especie de teoría mercantilista de la territorialidad, invitándonos a tomar en consideración “únicamente los intereses de ambos países en el momento actual”.

Pero no creo que la historia y el derecho puedan obviarse a la hora de abordar una cuestión referente a la territorialidad o la soberanía, y mucho menos resolver un asunto de esta naturaleza arrojándonos en brazos de una visión práctico-mercantilista, a la que de paso confiamos la suerte de las relaciones entre España y Marruecos. Simplemente, y permítanme el símil, porque un padre no echa a su hijo de casa porque ponga en riesgo su tranquilidad o porque le dé más de lo que recibe de su parte. Y sí, efectivamente, del mismo modo que la sangre y los sentimientos hacen que ni tan siquiera un padre se planteé echar a su hijo de casa, la historia y el derecho son argumentos suficientes para justificar la soberanía de un territorio.

Las reclamaciones soberanistas no deben obtener, por tanto, carta de naturaleza por el mero hecho de que una de las partes las utilice como motivo de división. Ni las fronteras las marcan los violentos, ni los derechos de los ciudadanos vienen condicionados por la diferencia entre ingresos y gastos. O dicho de otro modo, acabar con las divisiones no nos puede llevar a enterrar el legado histórico, ni la Constitución Española, ni los derechos de los más de 150.000 españoles de Ceuta y Melilla.

Ceuta es una ciudad española porque así lo dice la historia, que, además, es compartida con el resto de España desde el mismo nacimiento del hecho hispánico, porque siempre lo ha sido, porque lo era mucho antes de que ningún reino o entidad territorial se constituyera en el norte de África, porque lo eligieron así los ceutíes por voto popular en 1640 (tras la dominación portuguesa iniciada en 1415). Ceuta es española porque así lo dice la Constitución y, discúlpeme señor Sotelo, porque así lo quieren los ceutíes sin distinción de raza, credo u origen étnico, y así lo gritaron masivamente en las calles el 5 de noviembre de 2007 con motivo de la visita de sus majestades los Reyes.

Soy consciente de que hay quienes pueden abordar esta cuestión desde la óptica que el diario EL PAÍS definió hace unos años en un editorial como “el efecto psicológico del mapa”, pero a quienes puedan tener esta visión les animo a despojarse de ella profundizando en la historia. Pero soy igualmente consciente de que la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario comparten mi visión y defienden la integridad territorial de la Nación española y por tanto la irrenunciable españolidad de Ceuta y de Melilla.

No comparto en absoluto que Ceuta y Melilla sean un problema. Ambas ciudades aportan al conjunto de España su rica diversidad cultural, su manera de afrontar el reto de la convivencia y su capacidad para el encuentro, para fomentar las buenas relaciones con el entorno y en particular con el vecino Marruecos.

La historia y el derecho no pueden ser obstáculos para el entendimiento. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y me niego a pensar que asuntos que interesan a España y a Marruecos como son el control de la inmigración ilegal o la lucha contra el terrorismo, o incluso el incremento de la ya notable presencia española en el país vecino a través de las iniciativas como la creación de universidades politécnicas o cualquier otra de similar índole, tal y como señalaba el señor Sotelo, dependan de la bandera que ondeé en las dos ciudades españolas en el norte de África. Y mucho menos cuando Marruecos es un Estado asociado a la Europa comunitaria de la que formamos parte. Ceuta, que es orgullosamente España en África, desde luego, desea y defiende -e incluso contribuye en la medida de sus posibilidades- unas buenas relaciones entre España y Marruecos, que considera, deben estar basadas en la sincera colaboración y en el respeto mutuo, y que deben servir para el progreso de ambos países. Ese es el camino que debemos seguir. Ese debe ser el futuro. Y así lo exigen nuestros pueblos.

Juan J. Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.