Sobre el Impuesto de Sociedades

El Gobierno tendrá que afrontar antes o después una profunda reforma del sistema fiscal, la que corresponde a este nuevo siglo y a una economía globalizada y competitiva en la que los impuestos no mermen ni el potencial de crecimiento ni la igualdad de oportunidades. Una reforma necesaria, quizá inevitable, que aparece en los acuerdos con Ciudadanos, y que es una pieza clave para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los compromisos con el Eurogrupo.

El ministro de Hacienda es profesor de la materia, conoce el paño en la teoría y en la práctica, y protagonizó durante la pasada legislatura (la X, de 2011-15) un ansioso fervor dictando normas, decretos, leyes… que han alborotado todos los impuestos, incluso varias veces. Nadie ha abarcado tanto sin dejar huella en las figuras tributarias. La panoplia de subidas, bajadas, modificaciones… del sistema tributario en estos últimos años es impresionante, pero el resultado es un sistema fiscal averiado y agotado, que ni recauda con eficiencia (tipos altos y bases pobres) ni mejora la percepción de los ciudadanos sobre el mal necesario que son los impuestos.

Para los ajustes necesarios en el Presupuesto de 2016 y poder encajar el de 2017, el Gobierno se ha cebado con el Impuesto de Sociedades para recaudar con procedimientos atrabiliarios: anticipo de pagos a cuenta que es pan para hoy y hambre para mañana, y cambios de procedimiento sin otro fin que recaudar rápido y sin reparar en los efectos perversos que ello tiene. En resumen, más complicaciones que soluciones aunque se salva la recaudación por un rato.

La reforma fiscal tendrá que ir mucho más allá del recauchutado habitual. Los grandes impuestos (IRPF, tanto rentas del trabajo como del capital; IVA, con sus tipos reducidos y superreducidos; los especiales sobre productos, con creciente sesgo ecológico, y el que recae sobre los beneficios de las sociedades, que hoy es un colador sin mango) precisan una revisión a fondo que dé paso a otro modelo que sirva para una generación. Una reforma que no puede ser de partido (aunque cada uno tenga sus preferencias en cuanto a presión fiscal), sino por consenso para construir un sistema básico general, un nuevo chasis. Todo ello sin perder de vista la variable crítica de la financiación autonómica para que sea estable, previsible y responsable (que cada palo aguante su vela).

Respecto al Impuesto de Sociedades (IS), puede ser el momento de plantearse hasta su supresión o reducción a una tasa informativa o testimonial, algo que suena heterodoxo, pero que una buena evaluación de ventajas e inconvenientes puede llevar a la conclusión de que merece la pena. Una decisión que excede el marco nacional, que debería inscribirse en ámbito multinacional, bajo auspicios de la OCDE, del G-20 y, desde luego, de la Unión Europea, que trabaja, con su habitual lentitud, en una armonización fiscal, con referencias obligatorias para ese impuesto que eviten ventajismos nacionales y esos agujeros que estimulan el fraude y la evasión por los resquicios de leyes confusas y deficientes.

El famoso Informe Mirrlees «Diseño de un sistema tributario óptimo» (2010), en su capítulo 17, muestra serias reservas al Impuesto de Sociedades. «No tiene sentido pensar en los efectos de este impuesto separadamente de los impuestos que gravan a las personas asociadas a esas empresas, no solo sus propietarios, sino también sus proveedores, empleados y clientes». De hecho, es un impuesto, dice el Informe, «que reduce las rentas de los accionistas (dividendos), de los trabajadores (salarios), o la renta de los consumidores al aumentar los precios de productos y servicios». En resumen, que se trata de un impuesto que muerde la tarta de otros impuestos. Además es un impuesto que propicia el tráfico de influencias para captar desgravaciones, deducciones, exenciones… erosionando las bases imponibles y/o afeitando los tipos nominales. El reciente Informe de un grupo de expertos entregado al ministro Montoro (a petición del Gobierno), que, desgraciadamente, duerme en algún cajón del Ministerio, no llega a plantear la desaparición del Impuesto de Sociedades, pero sí propone una limpieza del mismo para eliminar la floresta de excepciones que desnaturaliza su eficiencia. El Informe asume que el IS sirve para que «el Gobierno influya en las decisiones empresariales y oriente las inversiones», tesis que sospecho que no comparten más de la mitad del grupo de expertos. El actual IS es demasiado litigioso y volátil, proporciona al Gobierno margen para manipularlo con el calendario de retenciones y anticipos (acaba de hacerlo el Gobierno en funciones, en una maniobra de dudosa legalidad) y con interpretaciones contables que tienen más que ver con la poesía y la libre interpretación que con la aritmética.

En economías globalizadas que producen en varios países, que venden en todo el planeta y que disponen de todos los recursos imaginables para aprovechar resquicios, lagunas y oportunidades de los sistemas fiscales nacionales, huir del IS se ha convertido en práctica habitual. Unas prácticas escandalosas que sirven de argumento contra la globalización y contra las multinacionales, y alertan sobre la inmoralidad del sistema.

Para los estados el IS tiene el aliciente de ser fuente adicional de ingresos aparentemente fácil para recaudar, dirigido a un número relativamente pequeño de sujetos tributarios. Esa visión esconde otra realidad: las bases gravadas por el IS podrían engrosar las de otros impuestos; además, aunque su liquidación es aparentemente sencilla, de hecho es el impuesto más digitalizado, su control es complejo; las interpretaciones contables, muy abiertas y opinables; y el esfuerzo que hacen tanto los contribuyentes como la agencia tributaria, cada cual a su favor, que dedicado a otros menesteres podría ser más rentable para todos.

De todos los impuestos, el de Sociedades es el más necesitado de armonización europea. A falta de pasar página y poner punto final a este impuesto, sería conveniente un marco general sencillo, que facilite la transparencia, que acerque la base fiscal a la real y la contable, que no aliente la evasión o el ocultamiento, que acabe con la ingeniería fiscal y que contribuya a cerrar el espacio a los paraísos fiscales.

Fernando González Urbaneja, periodista.

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