Resulta evidente que el acuerdo entre el PNV y el PSE para la formación del Gobierno en Euskadi responde a una actitud realista y constructiva por parte de los socialistas vascos. Quizá pueda destacarse el contraste entre esa actitud y la mantenida por un sector del socialismo español, y dentro de él se incluiría a la actual dirección del propio Partido Socialista de Euskadi, con respecto a la formación del Gobierno español. Pero dejando a un lado esta aparente incongruencia, pienso que el documento aprobado por el PNV y el PSE el 22 de noviembre del 2016 puede merecer una breve consideración.
Vaya por delante el reconocimiento de que el PSE ha adoptado en el pasado como línea general una actitud realista ante el contencioso nacional que contrasta con la actitud más compleja del Partido Socialista de Cataluña. El PSE inició en 1979 una actitud de revisión de su identificación inicial a lo largo de la Transición con los planteamientos del PNV, actitud que ha sostenido hasta el momento actual y que no le ha impedido, sin embargo, el entendimiento con el nacionalismo cuando las circunstancias dominantes en la política vasca así lo han aconsejado.
El documento que ha dado origen a la incorporación del PSE al actual Gobierno controlado por el PNV es un texto realista, razonable y pienso que encomiable en sus tres primeros bloques dedicados al empleo, la reactivación económica y la sostenibilidad (apartado primero), al desarrollo humano, la integración social, la igualdad y los servicios públicos de calidad (apartado segundo) y la convivencia y los derechos humanos (apartado tercero). Acaso pudiera señalarse alguna insistencia en el papel del euskera como “eje central” del sistema educativo que pudiera contradecir la defensa tradicional del bilingüismo por parte de los socialistas vascos. Se trata en todo caso de una cuestión de relativa menor importancia en contraste con algunas de las afirmaciones recogidas en el cuarto y último apartado del documento dedicado a “Más y mejor autogobierno”. En éste se señalan algunas de las cuestiones que se deberán abordar en la ponencia de autogobierno del Parlamento de Vitoria. Es verdad que en relación a las mismas el documento deja a salvo la posibilidad de que los partidos firmantes se reserven la posibilidad de defender sus propios criterios. Con todo, no puede infravalorarse el alcance de tres de las cuestiones sobre las que la ponencia habrá de pronunciarse.
La primera es el reconocimiento de Euskadi como nación. El interés de los nacionalistas por este reconocimiento tiene poco que ver con un planteamiento de carácter histórico o politológico. De entrada, este reconocimiento no es extensible de modo explícito a España, que, de acuerdo con los planteamientos del nacionalismo radical, quedaría reducida a la condición de Estado, más o menos opresor según las circunstancias. Más allá de la negación de un hecho histórico y sociológico, esta omisión del carácter nacional de España como conjunto supone una negación rotunda del orden constitucional vigente. Pero, en segundo lugar, hay que reconocer que la insistencia del nacionalismo vasco, como el catalán, en ese reconocimiento de Euskadi y Cataluña como naciones oculta una pretensión política de largo alcance. Se trataría de concluir del reconocimiento de la nación el derecho a la creación de un Estado, de conformidad con una equiparación entre ambas realidades instalada en la retórica política de un pasado que llega muy vivo al momento actual.
La segunda es el reconocimiento del derecho a decidir, eso sí, de acuerdo con un ejercicio pactado. El “derecho a decidir”, sin especificar el contenido de la supuesta decisión, por mucho que se insista no es sino un edulcorado eufemismo del derecho de autodeterminación, del derecho de secesión o una actualización del viejo principio de las nacionalidades. Cualquiera de estas opciones no solamente carece de encaje en la actual Constitución, sino que resultan difícilmente compatibles con la lógica de cualquier Estado liberal-democrático. Por último, se hace referencia a la proyección exterior de Euskadi, un tema no fácilmente reconciliable con la observancia del texto de 1978.
La posible imprudencia del PSE por recoger estas cuestiones en el documento podría doblarse con su carácter innecesario. El PNV sabe que tiene en el PSE un leal socio de coalición. En este sentido no parece que el cuarto apartado del documento haya podido ser una exigencia ineludible de los nacionalistas, los socios más beneficiados con el acuerdo final.
Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED.